En el primer minuto de este 2020 entró en vigor el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que tendrá por objetivo atender gratuitamente a casi 70 millones de personas que carecen actualmente de acceso a la seguridad social en México.
El organismo que en los hechos sustituye al Seguro Popular, una entidad que funcionó durante las administraciones pasadas y no logró constituirse como respuesta eficaz para la gran demanda de salud en el país, es la apuesta gubernamental para alcanzar la universalidad, la igualdad y la gratuidad en el otorgamiento de servicio médico para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Sin restricciones y sin afiliaciones, cualquier mexicano que esté en territorio nacional podrá ser atendido en alguna clínica del sistema INSABI y recibir medicamentos totalmente gratis, sólo con presentar una credencial, su CURP o el acta de nacimiento.
Esto, sin duda, es una noticia muy importante, pero si la observamos como parte de un conjunto de decisiones de Estado, que se han ejecutado en los últimos meses, lo que vamos a observar es algo más significativo.
A lo largo de los últimos 40 años, los mexicanos atestiguamos el lento desmantelamiento del aparato de seguridad social del Estado, que poco a poco fue entregado a los sectores privados, según las reglas del neoliberalismo.
Eso implicó perder también muchas conquistas sociales importantes: salud y educación gratuitas y de calidad, empleo bien pagado, calidad de vida, desarrollo armónico de los distintos sectores de nuestra sociedad: los pocos ricos se hicieron más ricos, y los muchos pobres se hicieron más pobres.
La llegada del gobierno de López Obrador planteó como eje principal revertir esa tendencia. Recuperar el equilibrio roto y atender a los sectores más afectados: “por el bien de todos, primero los pobres”.
Y así está procediendo. Con el aumento del salario mínimo a 102 pesos, en 2019 casi dos millones de trabajadores superaron el umbral de pobreza, según reportó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
Pero el incremento de 20 por ciento establecido para este año, que colocará el salario mínimo en 123 pesos diarios en todo el país y 186 pesos en la frontera norte, va a impactar directamente en los sectores de trabajadores que cargaron sobre los hombros el peso de la política neoliberal y les va a otorgar el aumento más significativo de las últimas décadas.
A esto hay que añadir la derrama presupuestal sobre los sectores educativos y sociales con un amplio abanico de programas: las Becas Benito Juárez para el Bienestar de jóvenes estudiantes en pobreza extrema; el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para quienes terminaron de estudiar y se incorporarán al sector laboral; el programa para Adultos Mayores, el de apoyo a personas con discapacidad, a madres solteras, el programa Sembrando Vida para los sectores agrarios y el programa de mejoramiento urbano y construcción de caminos para los poblados más pobres del país.
Vistos uno a uno, son programas que en primera instancia pueden ser efectivos, si el gobierno identifica sus vulnerabilidades, errores, desajustes, propios de cualquier programa social emergente.
Pero vistos de conjunto, con ánimo de entender, permiten comprender que estamos atestiguando una verdadera revolución social: la lenta pero irrefrenable conformación de un nuevo Estado de Bienestar, que se propone este gobierno llevar a cabo para la reconstitución el tejido social y el equilibrio, afectados, devastados por cuatro décadas de neoliberalismo.
No es un asunto menor: es de la mayor revelancia social, económica, política y cultural. Y debemos observarlo con mucho detenimiento, con datos, con lupa, porque nos involucra a todos y si tiene éxito, si logra sus ambiciosos objetivos, nos impactará profundamente a todos.
