Tras una larga lucha de los pobladores, un juez federal otorgó una suspensión a favor del ejido de Amilcingo, Morelos, y ordenó detener la construcción del gasoducto que abastecerá a la termoeléctrica Huexca, que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).
El amparo fue impulsado por el activista y férreo opositor al PIM Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado el 20 de febrero de 2019, sólo cinco días antes de la consulta que realizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para definir si continuaba en operaciones o no.
De acuerdo con la Jornada del Oriente, el expediente número 642/2019 determina que al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto tampoco podrá operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca
A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire (FPDTAA) aseguró que esta decisión protege a a sesenta comunidades de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos. “Con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el Gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca”, se lee en el comunicado.
La suspensión de la obra del gasoducto durará en lo que se resuelva en el juicio de amparo respectivo, a lo que se podrían sumar los recursos que impulsen cualquiera de las 740 mil personas afectadas por su construcción.
La notificacion judicial se realizó el pasado fin de semana, antes de que el presidente López Obrador se manifestará en favor de concluir el PIM y la termoeléctrica, durante su informe en el zócalo capitalino, bajo el argumento de que “faltan cien, 200 metros para conectarla” y existe una inversión de 20 mil millones de pesos que se perderían ante su cancelación.
Los afectados señalaron que no existía una suspensión de la operación del Gasoducto Morelos, pese a que en enero de 2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Puebla confirmó el amparo para cuatro comunidades de Atlixco para el efecto de que sean consultadas, y pese a la Recomendación 003/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del PIM en torno al volcán Popocatépetl.
Los costos sociales de 20 mil millones de inversión
Las comunidades afectadas se han organizado desde el inicio de la construcción de la planta en el 2011, pues lo consideran “una imposición”. La termoeléctrica en la comunidad de la Huexca, municipio de Yecapixtla, en el oriente de Morelos, forma parte del Proyecto Integral Morelos que generará energía eléctrica para el centro del país. Éste consta de dos termoeléctricas en Morelos, un acueducto en el mismo estado y un gasoducto que cruzará Tlaxcala, Puebla y Morelos para llevar el gas que requieren las termoeléctricas para funcionar.
Desde el inicio de la megaobra, se interpusieron diez amparos promovidos por 11 comunidades indígenas que reclamaron la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos, debido a que no se les consultó ni se les informó sobre los riesgos del proyecto. Algunos de los cuales destacan:
La obra atraviesa una zona volcánica. La termoeléctrica requiere la operación de un gasoducto de 160 km, que está ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl y que atraviesa los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, lo que representaría un riesgo de explosión, primero por erupción, y segundo, por el robo de gas en Puebla, así lo advirtió el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Naturales, de la BUAP, el pasado 12 de febrero. El Popocatépetl es uno de los cinco volcanes con más actividad explosiva en el mundo y el que más habitantes tiene a su alrededor.
Contaminación y desabasto de agua. La termoeléctrica necesita agua para poder funcionar y su operación requeriría aproximadamente 500 litros de agua por segundo, los cuales sólo pueden obtenerse de la planta de tratamiento de Apatlaco, en el municipio de Ayala, o del río Cuautla. La alta tecnología para tratar las aguas de la termoeléctrica sólo permitirá limpiar el agua que entrará en las torres de enfriamiento, no el agua que saldrá de ésta, así las aguas con metales pesados desechadas por la planta contaminarán el río de Cuautla.El líquido que se usará para el enfriamiento de las turbinas contaminará los cultivos, además de que se reducirá la cantidad de agua disponible para uso agrícola en más de 20 ejidos.
Además, el aire se contaminará con la emisión de gases de óxido de nitrógeno, que causa lluvia ácida y afecta la tierra, lo que podría provocar enfermedades respiratorias. De acuerdo con testimonios de los pobladores, el agua ha presentado un color rojizo.
Ruido insoportable. Según Teresa Castellanos, habitante de la comunidad indígena de Huexca, durante los tres meses de prueba de esta instalación, el ruido de las turbinas era ensordecedor, lo que provocó estrés, vómitos e incluso pérdida auditiva en los niños.
Daños sociales. La resistencia de muchos afectados por la construcción de la termoeléctrica ha generado una ruptura del tejido social de las comunidades. Y el conflicto por la termoeléctrica ha dejado presos políticos, detenciones arbitrarias, agresiones y amenazas.
Frente a estos riesgos, las comunidades dicen tener la esperanza que con este recurso no sean despojados de sus bienes naturales, salud y seguridad.
