Los arteros, deleznables y totalmente condenables asesinatos de las mujeres, niñas, niños y bebés de las familias Langford y LeBarón en el estado de Chihuahua se suman a las alarmantes cifras de homicidios y feminicidios de la entidad y del país. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de ese estado, señalan que durante la administración de Javier Corral Jurado, de 2016 hasta agosto de 2019, se contabilizó un total de 792 mujeres asesinadas, de ellas, 375 por causa del crimen organizado, en otras palabras, el 47.3 por ciento relacionado delincuencia organizada.
Del caso muchas preguntas quedan por resolver, entre ellas una que me ha rondado desde que leí sobre los atentados previos a hombres de la familia LeBaron, quienes cuentan con el apoyo de elementos de seguridad del Estado para su protección y la de su rancho, ¿acaso ellas, las mujeres y los niños, no gozaban de ese privilegio? Este, como muchos otros casos deberán ser investigados y analizados con perspectiva de género y a la luz de los derechos humanos de las mujeres y del interés superior de la infancia. El motivo de este artículo es el de reflexionar sobre la polémica desatada a raíz de este caso y los ya conocidos intentos y políticas intervencionistas del vecino país del norte.
La confusión entre los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública ha llevado a más de uno a demandar (ingenuamente o con claros motivos políticos o con información sesgada o limitada) la ayuda del gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico, luego del polémico y retador tuit del presidente Donald Trump dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya respuesta no pudo ser la más adecuada: el gobierno de México es el único encargado de resolver el problema de seguridad pública cuyo errado planteamiento dentro de los márgenes de la seguridad nacional, por parte de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ha dejado decenas de miles de desaparecidos, miles de civiles y elementos de las fuerzas policíacas y militares asesinados, miles de niños y niñas huérfanos, y una acelerada descomposición social que pareciera no tener freno.
Al presidente y al congreso estadounidenses les corresponde hacer lo propio con la implementación de fuertes y serias política públicas de prevención de las adicciones, contra del tráfico de armas hacia México y otros delitos de delincuencia organizada como la trata de personas y el lavado de dinero, así como el desmantelamiento de las células del crimen organizado con residencia en su país. Tengamos en cuenta que la delincuencia organizada es transnacional y no opera desde una sola localidad, región o nación.
La campaña emprendida por la prensa, congreso y presidente estadounidenses para (con supuesto respaldo de tratados internacionales) “invadir” el territorio mexicano tiene un trasfondo político que va más allá de cortar cabezas de la delincuencia. La imposición de una política de seguridad estato-céntrica y militarizada por parte de Estados Unidos en la región –luego de los atentados, sí terroristas en su país, del 11 de septiembre de 2001– no es la respuesta para la diversidad y diferencias en materia de seguridad pública de los países latinoamericanos, incluido México.
Los intentos externos e internos por parte de políticos, opinólogos o individuos que hacen uso de su perfil de especialistas, así como de medios de comunicación para apoyar la intervención estadounidense en nuestro país podrían convertir un problema de seguridad pública en un problema muy serio de seguridad nacional. La seguridad pública es una de las más grandes exigencias de la ciudadanía y debe ser atendida con el fin sobre todo de prevenir posibles violaciones de sus derechos y libertades, y de sancionar los delitos.
Con base en lo que se señala en el artículo 21 de nuestra Constitución: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios”, los grandes medios de comunicación, con relativa protección por estar establecidos en la Ciudad de México, bien harían en exigir información –además del presidente y al gobierno federal–, a alcaldes, a autoridades policiacas municipales y estatales, y a gobernadores sobre sus funciones y responsabilidades en la materia.
Por último, la actual administración de López Obrador tiene la enorme tarea de eliminar los vacíos en materia de seguridad pública, mediante el diseño e implementación de políticas públicas que respondan a las necesidades y a lo que la seguridad significa para la población mexicana, para ello es indispensable un debate nacional que reúna las voces de especialistas y de la ciudadanía.
