Federico Anaya Gallardo
La semana pasada, lectora, te conté de cómo Humberto Castillejos Cervantes (n.1976), consejero jurídico del Ejecutivo Federal del presidente Peña Nieto sembró en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en Octubre de 2017, una serie de trampas que hicieron más difícil atender los problemas que esa ley pretendía resolver. En alguna de las entregas previas, te sugerí también que el equipo de negociadores parlamentarios de Castillejos hizo lo mismo en otras áreas.
Por supuesto, quien haya leído mis afirmaciones previas podrá desestimarlas (ó “darles el descontón” ó “ningunearlas”) señalando que son elucubraciones de un obradorista radical –¡de las “guardias rojas”!– como dirían gentes como Raymundo Riva Palacio (n.1954). Por lo mismo, hoy quisiera iniciar este comentario recordando una opinión de un abogado que es muy querido de aquél otro lado del espectro político, entre los anticomunistas y “guardias blancos” de nuestra sociedad política, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz (n.1960).
En 2019, ya va para un largo lustro, el ministro en retiro Cossío escribió para El Universal Querétaro una columna bajo el título “Los así llamados sistemas nacionales” (Liga 1). En ella, advierte en contra de la expresión “‘sistema nacional’, seguida de un sustantivo”. Hace una rápida lista: “Salud, Archivos, Seguridad Nacional, Seguridad Pública, Búsqueda de Personas Desaparecidas [sic], Educativo, Presupuesto, Protección Civil, Anticorrupción, Contabilidad, Abasto, Transparencia o Planeación”. Los anteriores, nos dice, ejemplifican “sistemas nacionales” sobre un tema en concreto. Pero agrega que también existen los “que incorporan varias actividades, como el de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, o el de Información Estadística y Geográfica”.
Algunos sistemas nacen en la Constitución, otros en leyes generales, y aún algunos en normativas menores. Cossío Díaz no entra en detalle, pero te propongo, lectora, que nos fiemos de su conocimiento técnico. Al teórico del Derecho, le molesta que en tan variado bosque jurídico “en algunos casos se [prevean] estructuras orgánicas, en otros simplemente competencias y en algunos más trabajos específicos y procedimientos a desarrollar”… En otras palabras, el ministro en retiro se queja de que no hay un sistema uniforme en los “sistema nacionales”.
Cossío Díaz lanza un rayo olímpico (de esos que gustan tanto a los juzgadores constitucionales) y nos dice que las normas sobre “sistemas nacionales” forman “un muy desordenado cuerpo de instituciones, supuestos, técnicas y relaciones. Ello ha estado provocando un problema en la conducción de las administraciones públicas federal y locales. A partir de la evocación que se logra mediante la idea de que hay un algo operativo e integral en cualquiera de las materias señaladas, se ha dejado de actuar en las labores que debieran estar encaminadas a la solución de las específicas cuestiones que buscan erradicarse”.
Me interesa mucho lo que acabo de citar. Cossío Díaz afirma que esas leyes hacen una “evocación” al dar a entender que existe “un algo operativo e integral” (es decir, el “sistema nacional”) pero que, en la realidad fáctica “se ha dejado de actuar”. ¡Perverso! Por eso he llamado diablo que siembra trampas al licenciado Castillejos.
Por supuesto que el ex-consejero jurídico del Ejecutivo Federal peñista no es el único que ha creado “sistemas nacionales” que en realidad ocultan la no-atención a los problemas que dicen que van a solucionar. Pero el ciudadano Castillejos sí es responsable de algunos “sistemas nacionales” que nos causan graves dolores de cabeza hoy en día. Ya dije por qué el “sistema nacional” para personas desaparecidas está tramposamente diseñado. Hoy quiero compartirte dos opiniones acerca de otro de los “sistemas nacionales” que mencionó el ministro en retiro Cossío Díaz.
La primera de esas opiniones proviene –otra vez– de una persona quien libremente ha decidido ubicarse en el extremo Derecho de nuestro espectro político, la ciudadana Mariclaire Acosta Urquidi (n.1947). Si quieres ver una imagen reciente de ella, lectora, ubica alguno de los muchos vídeos de Lorenzo Córdova Vianello hablando a la manifestación rosa (“Marcha por la Democracia”) del pasado 18 de Febrero de 2024. Mariclaire está detrás de él –junto con los ciudadanos Cossío Díaz y Fernando Belaunzarán.
Mariclaire, a quien sus amigos en la Izquierda siempre recordaremos como la valiente presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos en la década de los 1990s, fue parte del primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, nacido de una de las leyes que nos mencionaba el ministro en retiro Cossío en su artículo de 2019.
En 2018-2019, uno de los pendientes parlamentarios en el Senado de la República era la designación de magistrados federales especializados en temas de corrupción dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo trabajaba entonces como Consejero Jurídico Legislativo del Senado y debí analizar el caso. La designación de esas personas juzgadoras se había empantanado al final del sexenio de Peña Nieto porque PRI y PAN no e pusieron de acuerdo en cuántos le tocaban a cada quien. Aparte, desde la sociedad civil se impugnó que Peña hubiese mandado personas sin las calificaciones necesarias. Mediante amparos, las y los litigantes lograron detener la designación de las personas magistradas.
Busqué entonces a Mariclaire para saber cómo se veía el problema desde el Comité de Participación Ciudadana. En aquél momento, ella era la presidenta de ese órgano del sistema. En 2019 me gustó reencontrarme con la Mariclaire crítica de la impunidad y cansada de la hipocresía del Ancien Régime. Entonces, ella me dijo que lo más desesperante del arreglo institucional del Sistema Nacional Anticorrupción era que al comité ciudadano se le trataba como un invitado de piedra que poco ó nada podía hacer. Las instituciones que debían operar el sistema (recuerda lo que cité de Cossío Díaz, lectora) no aportaban sus datos ni hacían mucho caso a lo que las y los ciudadanos decían. Era como tener a los ciudadanos encerrados en una caja, ó en un corralito en el que nada ó casi nada podían hacer.
Te comento otro testimonio, pero ahora del otro lado del espectro político, lectora. Adriana Paola Linares Capitanachi fue diputada por MORENA en la Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave entre 2018 y 2021 –representando al Distrito V (Tuxpan). Le tocó presidir la Mesa Directiva de ese congreso estadual y representar a su legislatura en varias crisis importantes. Luego de sus tareas legislativas, en 2021, fue nombrada por el congreso el Estado como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz.
El SEA nació en 2017, como parte de la “fiebre” de organismos similares en todas las entidades federativas y como parte del “sistema nacional” creado por una Ley General de Julio de 2016. La secretaría ejecutiva apoya y opera las decisiones de dos órganos colegiados. El primero y más importante de ellos se llama “Comité Coordinador” y esta integrado por siete personas: (1) el ó la presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; (2) el ó la comisionada presidenta del instituto de acceso a la información del Estado; (3) un ó una representante del Consejo de la Judicatura: (4) el ó la titular de la Contraloría General del gobierno del Estado; (5) el ó la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; (6) el ó la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y (7) el ó la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del propio SEA.
En otras palabras, en ese primer órgano colegiado están todas las autoridades con capacidad de decisión en materia de corrupción. Y ese órgano lo preside la persona que encabeza el órgano ciudadano (CPC). No se ve mal, ¿verdad?
Las y los miembros del CPC veracruzano son cinco personas nombradas por el Congreso del Estado para un periodo de cinco años. El nombramiento lo hace la Legislatura a través de una comisión de selección que consulta a las instituciones de educación superior y a las organizaciones de la sociedad civil. Tampoco se ve mal, ¿verdad?
Para mantener la independencia de las cinco personas que forman el CPC se establece que no se les considerará servidores públicos (no están en la nómina del SEA) ni habrá relación de trabajo entre ellas/ellos y el SEA. Sin embargo, sí reciben un estipendio, que se determina vía contratos de honorarios que deben establecer “entregables” muy claros. Las y los miembros del CPC son una especie de especialistas en el tema que investigan para coadyuvar al SEA. Tampoco se ve mal, ¿verdad?
El problema es que, cuando Linares Capitanachi entró al SEA encontró que las y los ciudadanos del CPC habían tenido escasa ó nula participación en los trabajos del sistema y que, en varios casos, no habían presentado los “entregables” que habían comprometido en sus contratos de honorarios.
Eso sí, se había establecido una cultura cortesana de reuniones en restaurantes elegantes ó con servicios de comida caros. En otras palabras, a la representación ciudadana del SEA se le “entretenía” y halagaba sin exigirles mucho esfuerzo.
Linares Capitanachi ha diagnosticado lo anterior y ha ido poniendo límites a esa cultura cortesana, procurando que el CPC aporte como está previsto en la Ley.
Este último testimonio, querida lectora, debemos eslabonarlo con el de Mariclaire Acosta y el corralito en que ella sentía se había encerrado a la representación ciudadana en el “sistema nacional”. ¿Era el corralito nacional tan “cómodo” como el veracruzano? Ojalá Mariclaire pudiese contarnos más de eso.
Liguemos también el testimonio de Linares Capitanachi con la docta opinión del ministro en retiro Cossío. Las y los ciudadanos que se reclutan para los comités de participación ciudadana entran al sistema vía las legislaturas, es decir, a través de los líderes de los partidos políticos en los parlamentos estaduales y federal. Si esos “corralitos” son tan “cómodos” como era el veracruzano, lo que tenemos enfrente es un mecanismo de cooptación vía estatus (ser miembro) y vía financiera (estipendios no merecidos, captura de renta). Corrupción al centro de los mecanismos Anticorrupción.
Otra obra maestra del diablo Castillejos.
¿Qué hacen Mariclaire y Cossío en la plataforma que apoya el proyecto nacional del PRI-PAN-PRD? Su presencia es incongruente con lo que escribieron y dijeron. Apoyan a quienes pervirtieron la buena idea (evocación, escribió Cossío) de la Anticorrupción.
Ambos se han convertido en parte de la obra maestra del diablo Castillejos.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.eluniversalqueretaro.mx/opinion/los-asi-llamados-sistemas-nacionales/
