Foto: Getty Images
Luego de que un Tribunal de la Corte Suprema de Honduras dictó sentencias de entre 30 y 50 años de prisión para siete de los nueve involucrados en el asesinato de la defensora de los ríos y el territorio Berta Cáceres, sus hijas e hijo y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) aseguraron que "la impunidad no termina con la sentencia" y el proceso de justicia debe seguir.
Berta Cáceres fue una luchadora indígena, dirigente ambientalista del COPINH, asesinada con un arma de fuego el 2 de marzo de 2016 en su casa, en La Esperanza, Honduras. Berta recibió constantes amenazas por oponerse a la construcción de una represa por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque, en territorio indígena lenca, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su existencia.
De acuerdo con la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, en la resolución se estableció que cuatro de los imputados deberán pagar una condena de 50 años de cárcel, 34 años tras ser declarados culpables de asesinato en perjuicio de la activista Berta Cáceres y 16 años por el asesinato en grado de tentativa en contra de un testigo protegido que la acompañaba el día que se cometió el delito. Sus nombres son Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres.
Mientras que a otros dos procesados se les sentenció a 30 años de cárcel: uno encontrado culpable por coautoría del delito de asesinato consumado y el otro por el delito de autor por omisión en un caso de asesinato. Asimismo, otro de los sujetos fue sentenciado también a 30 años de reclusión por el delito de asesinato en su grado de tentativa. Los tres culpables son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez Orellana y Mariano Díaz Chávez.
El abogado de Sergio Rodríguez, quien fungía como gerente ambiental de la empresa Desa, indicó que apelará a la sentencia de su defendido.
Entre tanto, Roberto David Castillo, presidente de Desa al que la Fiscalía del Estado acusó de autor intelectual del crimen, es el octavo imputado y sigue detenido a la espera de sentencia. Fue detenido el 2 de marzo de 2018, por lo que su proceso está pendiente de llegar a juicio oral y público, según autoridades del poder judicial. El noveno implicado en el caso fue dejado en libertad por falta de pruebas durante el juicio. De estas nueve personas procesadas por el asesinato de Cáceres, tres son exmilitares, quienes en su momento se declararon inocentes.
Sin embargo, la familia de Berta Cáceres ha dicho que falta responsabilizar a los autores intelectuales del homicidio, entre ellos ejecutivos de la empresa Desa, empresarios del sector eléctrico, así como funcionarios del gobierno hondureño y militares.
A 3 años y 9 meses del asesinato, las hijas e hijo de Berta Cáceres y el COPINH emitieron un comunicado respecto a la sentencia del primer juicio contra los autores materiales del asesinato, declarada el pasado 2 de diciembre, en el que afirmaron que "la impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales. Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros por el asesinato de Berta Cáceres". En este sentido, enfatizaron que el Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla "debe dejar de poner excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, entre otros".
Foto: COPINH
En octubre de 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe) afirmó que el asesinato de la activista ambiental fue planeado y organizado al menos con cuatro meses de anticipación, al tiempo que señaló a otros posibles responsables del caso, entre ellos agentes estatales, directivos y empleados de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA). Frente a esto, en el comunicado publicado en la página del COPINH, reiteraron que el Estado de Honduras enfrenta procesos internacionales por la participación de funcionarios públicos y la omisión de investigar adecuadamente el crimen.
Además, exigen la instalación de una misión independiente que lleve el procesamiento y sometimiento a juicio de los responsables del asesinato de Cáceres ante la falta de justicia en su país. En tanto, recordaron que Berta "seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de la vida y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura" y agregaron que la sentencia "es el inicio de un camino implacable de justicia para los pueblos y para Honduras".
En abril de 2015, Cáceres fue reconocida a nivel internacional al recibir el Premio Goldman, conocido como "el Nobel del medio ambiente". Y sobre todo, era reconocida y querida por el pueblo indígena lenca, con el que se organizó contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Debido a la lucha impulsada por Cáceres con su pueblo, se logró que la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, una de las constructoras de represas más grandes a nivel mundial, ya no participara en el proyecto de Desa; éste también fue abandonado por la Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado.
Foto: COPINH
