Informe evidencia crímenes de lesa humanidad en México
Por Matías Ortega Kurlat
“Los asesinatos, desapariciones y torturas perpetradas por las fuerzas federales persisten”, señala el informe Atrocidades Innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México realizado por la organización Open Society Justice Iniciative junto con cinco organizaciones mexicanas independientes que presentaron el resultado de tres años de investigación en un conferencia de prensa la mañana de hoy.
Aclaran que los crímenes de lesa humanidad se definen como un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, perpetrado a través de una serie de actos como asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, entre otros. Así lo establece el artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI).
James A. Gordon, director ejecutivo de Open Society Justice Iniciative, señaló que los altos niveles de violencia “no son una casualidad”, que son actos y políticas enteras los responsables de esta situación en que las desapariciones y la tortura son prácticas generalizadas. Además, señaló que la investigación observó un “patrón común en los crímenes” que son perpetrados por las fuerzas del Estado.
El director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, hizo énfasis en la importancia de calificar la violencia generalizada que se vive en el país como crímenes de lesa humanidad, pues bajo esta tipología del Derecho Penal Internacional los delitos no prescriben ni pueden ser objeto de amnistía, además de que responsabilizan a los autores intelectuales y no solo a los perpetradores directos de estas atrocidades.
Por otra parte, Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de la organización I(dh)eas, subrayó que una conclusión importante del informe es que “no existe voluntad política por parte de las autoridades mexicanas para investigar las violaciones a derechos humanos”, por lo que “si no se ataca el binomio impunidad-corrupción será imposible avanzar con las investigaciones”.
Blanca Martínez, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en el estado de Coahuila, condenó la práctica del “terror como estrategia de control de estado” y el “juego perverso del manejo de cifras” que mediante el subregistro de los crímenes “busca invisibilizar a las víctimas de desapariciones”.
El representante de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Carlos Treviño Vives, reprobó la criminalización sistemática de las víctimas de violaciones a derechos humanos y la indebida participación en labores policiacas de elementos militares sin el entrenamiento previo necesario.
Finalmente hizo su intervención Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quien comentó que “se requiere adoptar medidas extraordinarias” para resolver la situación de violencia e impunidad que vive México, y que para ello será importante el apoyo y la presión internacional.
Los investigadores esperan una respuesta del gobierno mexicano ante este completo informe en el que se concluye que en México existen “fundamentos razonables” para considerar que “existen actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad”, ante lo que extiende una serie de recomendaciones.
- La creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, con el poder de investigar y perseguir crímenes atroces y casos de gran corrupción, de manera independiente. Además, este organismo proporcionará asistencia técnica a las fiscalías y policías de investigación, además de presentar propuestas de reformas judiciales y entregar informes sobre el sistema de justicia y el estado de derecho en México.
- La creación urgente de equipos integrados para investigar las desapariciones. Unidades de naturaleza multidisciplinaria y en constante contacto con las familias de los desaparecidos.
- Los servicios forenses y de protección de testigos deben ser autónomos y estar fuera del ámbito de control de la fiscalía.
- Las fuerzas armadas deben retirarse de las operaciones de seguridad pública y se debe aprobar legislación que regule el uso de la fuerza con base en parámetros internacionales.
Puedes consultar el informe completo en:
