Federico Anaya Gallardo
El ciudadano ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara-Carrancá, es un columnista invitado en la edición electrónica de El Heraldo de México. En su columna del pasado 30 de Mayo de 2023, titulada “Resistencia y justicia constitucional” (Liga 1) hace una defensa de juezas y jueces, de quienes nos dice que sus vidas “quedarán en el olvido” a menos de que cumplan “con su labor para equilibrar el poder del rico lo mismo que [el] ímpetu del gobernante”. Muy bello y muy cierto. Escribe un hombre honorable.
Para ilustrar su punto, el ministro González Alcántara-Carrancá cita al filósofo contemporáneo Ermanno Vitale y al teólogo calvinista alemán Johannes Althusius (1557-1638) para afirmar que las juezas y los jueces constitucionales son como los éforos griegos y que por lo mismo “representan algo más que un bando más en el caos perpetuo de la política ordinaria”. Nos dice que “representan la estructura institucional concebida para encauzar y contener el movimiento caótico que provoca la vitalidad social, con sus intereses contrapuestos y su interminable diversidad”. Muy docto y muy cierto. Escribe un hombre honorable.
Tal vez el ministro González debería haber eliminado la mención de los éforos. (No habría quitado nada a su bello y docto argumento.) El problema de traer a cuento a esos magistrados de la antigua Esparta en el México de aquí y ahora (es decir, hic et nunc in Mexico, para no quedarnos atrás en clasicismo)… es que esos jueces eran electos por la asamblea de todos los espartanos libres y duraban en su encargo sólo un año. Así que aquí podríamos decir a voz en cuello en la plaza pública: “—¡Como sugiere el ministro González, elijamos a los ministros de la Suprema Corte!”
Por otra parte, la referencia del ministro González a los éforos puede chocarle a la pequeña sección de nuestra intelligentsia que aún estudia cultura clásica mediterránea… ó a una joven lectora que inserte “éforos” en el buscador de la Wikipedia. Porque Platón (en Las Leyes, libro IV) sugiere en voz de Megilo que “cuando fijo mis miradas en el gobierno de Lacedemonia [Esparta], no sé qué nombre debo darle. Se me figura participa de la tiranía en razón del poder de los éforos que es verdaderamente tiránico”. (El libro IV en la Liga 2, tomado de la versión del español Patricio de Azcárate, en Obras completas de Platón, tomo 9, Madrid 1872, p. 207.) Ciertamente, los cinco éforos espartanos controlaban a sus dos reyes, pero lo hacían de modo despótico. Así que compararse con los éforos no le es conveniente al ministro González, ni beneficia la posición de nuestras juezas y jueces constitucionales –quienes hic et nunc están bajo la gravísima acusación política de oponerse a los dos poderes electos democráticamente en nuestra República. Así que aquí podríamos salir a la plaza pública gritando: “—¡El ministro González propone la tiranía de la Suprema Corte!”
Por supuesto que don Juan Luis, jurista serio y responsable, no puede desear la tiranía judicial. Recordemos lo que cantó Shakespeare en su Julio César, allá por 1599: For Brutus is an honourable man; so are they all, all honourable men. (Pues Bruto es un hombre honorable y todos quienes le acompañan son honorables personas.) Tranquila toda la ciudadanía por esta honorabilidad, regresemos a la columna del ciudadano ministro.
Nos dice González que “derrumbadas las barreras de la civilidad y la convivencia cotidiana, las fuerzas caóticas se precipitan sin control”. Así es. Las vimos atacar a las y los ciudadanos que se habían plantado ante la entrada principal de la Suprema Corte. Las vimos destrozar el memorial por los niños y niñas calcinados en la Guardería ABC. Afirma el ministro que, ante esa realidad “los jueces constitucionales representan algo más que un bando más en el caos perpetuo de la política ordinaria; representan la estructura institucional concebida para encauzar y contener el movimiento caótico que provoca la vitalidad social, con sus intereses contrapuestos y su interminable diversidad”. Y debemos creerle, porque González es un hombre honorable y todos quienes le acompañan son honorables personas.
Ahora bien, ciudadana lectora, ciudadano lector, compatriotas: lend me your ears, I come to bury Caesar, not to praise him (préstenme atención, que vengo a enterrar a César y no a hacer su elogio). Hablemos de la honorabilidad de las personas que se sientan en nuestra Suprema Corte.
Juan Luis González Alcántara-Carrancá, cuya designación como ministro me entusiasmó en 2018, se sentó en su sillón después de que —¡en 2009!— el Artículo 127 de nuestra muy liberal Constitución fuese reformado para decir que “ningún servidor público podrá recibir remuneración … por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente” (segundo párrafo, fracción II). Pese a lo anterior, don Juan Luis recibe, cada mes, un sueldo tabular de $297,403.77 (bruto) ó $205,598.58 (neto). (Liga 3.) En cambio, el presidente López Obrador recibe $175,241.00 (bruto) ó $121,148.00 (neto). (Liga 4.)
Aclaro, lectora, que el Artículo 94 párrafo trece de la Constitución ordena que “la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”. Es decir, que los ingresos de todas las ministras y los ministros designados por el Senado antes del 1 de Diciembre de 2018, y que ganaban más que el presidente López Obrador, no deben disminuirse. Esta es una excepción razonable al Artículo 127 Constitucional, que impide que los poderes ejecutivo y legislativo “castiguen” económicamente a juzgadoras y juzgadores. Pero la excepción no cubre al ministro González, ni a las ministras Yazmín Esquivel Mossa (designada en 2019), Ana Margarita Ríos Farjat (2019) y Loretta Ortiz Ahlf (2021) –quienes NO deberían ganar más que el actual presidente de la República. Por tanto, el ministro González, pese a ser un hombre honorable y representar la estructura institucional concebida para encauzar y contener el movimiento caótico de nuestra sociedad… no cumple a cabalidad con las reglas constitucionales.
En fin: el mundo está lleno de contradicciones y a través de ellas, avanza.
Termino mi comentario de hoy, lectora, imitando al ministro González, quien es un hombre honorable. Y te comparto un ejemplo histórico relevante que acaso nos ayude en el futuro a elegir mejor a nuestros jueces y juezas.
Yamaguchi Yoshitada (山口良忠) era un juez penal japonés que, en 1947, tenía 33 años. Su tribunal era parte del sistema de justicia local en Tokio. Conocía de delitos económicos, relacionados con transacciones en el mercado negro. El historiador John D. Dower nos dice que, en ese Tokio de la dantesca posguerra, “casi nunca comparecían ante la Justicia los especuladores serios. La masa de acusados estaba formada por hombres y mujeres desesperados en llevar algún alimento a sus familias. La mujer de Yamaguchi era hija de un juez. Más tarde, ella recordaría un caso que su marido le contó: Una mujer de 72 años cuyo hijo no regresó de la guerra y cuya nuera murió en un bombardeo. Cuando la arrestaron, la ancianita declaró que estaba tratando de alimentar a sus dos nietos vendiendo sus pertenencias personales y kimonos para comprar comida en el mercado negro. Como era reincidente, el juez [Yamaguchi] no tuvo alternativa: la condenó a prisión.” (Embracing Defeat: Japan in the wake of World War II, Nueva York: Norton/New Press, 2000, pp. 99-101. Liga 5.)
Aquélla ancianita fue una de las 1.22 millones de personas procesadas por transacciones en el mercado negro en 1946. En 1947 fueron 1.36 millones. En 1949 1.5 millones. Mientras, las élites hacían fortunas gracias al mercado negro. Si las leyes contra el mercado negro se hubiesen aplicado aún más duramente, nos dice Dower, todo mundo habría terminado en prisión. De hecho, la familia del juez Yoshitada también recurría al mercado negro para alimentarse. Dower concluye: “La respuesta del joven juez a su dilema moral no fue contradecir la letra de la ley, sino aplicársela a sí mismo. Le explicó a su mujer que él no consumiría comida que viniese del mercado negro, para tener una conciencia tranquila al imponer la ley a los demás y para compartir el sufrimiento del Pueblo.” (Mi subrayado.) El arroz de sus raciones oficiales se usó para sus hijos. Hubo días que el juez sólo consumió agua con sal. Murió de hambre el 11 de Octubre de 1947.
En el debate público que siguió a su sacrificio se comparó al juez Yamaguchi con Sócrates (también hay clasicistas en Zipango) pero un ciudadano reclamó: ¿no habría sido mejor cambiar las leyes injustas que morir aplicándolas? Tadahiko Mibushi (三淵 忠彦, 1880-1950), ministro presidente de la nueva Suprema Corte japonesa entre 1947 y hasta su muerte, señaló que las duras leyes que el juez Yamaguchi debió aplicar a sus conciudadanos, pese a su ineficiencia, finalmente permitieron controlar el mercado negro y asegurar el suministro de alimentos para todas y todos. Sin embargo, el ministro presidente Tadahiko también reconoció que “preservar la propia vida era más importante que no violar las leyes sobre alimentos”.
Ciudadanas, ciudadanos, compatriotas: ¿Qué ejemplo hemos de seguir? ¿El del ministro González que escribe bella y doctamente acerca del caos? Él nos dice cómo él y los demás éforos contienen ese caos, pese a que a veces sí y a veces no aplican la Constitución. ¿Ó hemos de imitar al humilde juez Yamaguchi, quien murió de hambre junto con miles de sus compatriotas? Por supuesto, González es un hombre honorable.
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