Érase que se era… un consejero jurídico

5 febrero, 2024

Federico Anaya Gallardo

Ha corrido de voz en voz una conseja acerca de la nacionalización de la banca privada de 1982. Según me contó mi amigo Pablo Yanes Rizo, en los últimos días antes de la decisión final, el presidente López Portillo reunió a todos los funcionarios involucrados en su biblioteca privada. Luego de un debate que no llegó a consenso, el mandatario les dijo algo como esto: “—De este lado están los teóricos del Derecho que dicen que no se puede, mientras señalaba a un gran librero, y de este otro los teóricos del Derecho que dicen que sí se puede, señalando a otro gran librero, ubicado enfrente. Les instruyo que usen el librero que dice que sí se puede”.

Yo entré a la facultad de Derecho dos años después, a principios de 1984. De ese tiempo recuerdo que mi profesor de Civil y Administrativo, Ernesto Gutiérrez y González, un día sugirió a los redactores de un nuevo código civil en Oaxaca que recuperasen las costumbres poligámicas (y poliandréicas) de alguno de los pueblos originarios. Causó gran escándalo entre los funcionarios oaxaqueños, según nos contó. El profesor concluyó su exposición como buen abogado litigante: “—Aprueben la reforma y, quien no esté de acuerdo, que lo demande en los tribunales”. ¡Atención, lectora! Don Ernesto nos decía esto en una época primitiva en la que la Suprema Corte no era tribunal constitucional y la Carta Magna no reconocía los derechos indígenas –pero él era un liberal duro y puro que sabía que, bien argumentada, una reforma como la que él sugería podría sostenerse pese al litigio en contra.

Hoy descubro que mi paso por esa antigua (pero no venerable) escuela de Derecho ocurrió justo en un momento de transición en la cultura jurídica-constitucional de nuestra sociedad. Bajo el Ancien Régime priísta, el presidencialismo imperial (JLP) podía cerrar autoritariamente un debate complejo “instruyendo” a usar unos autores y no usar a otros. Por cierto que Gutiérrez y González tronaba siempre contra la nacionalización lopezportillista de la banca porque se hizo mediante expropiación y no mediante el simple retiro de la concesión de dar ese servicio público. Si simplemente hubieran retirado la concesión –nos decía mi buen profesor– no había que pagar nada porque todos los títulos de concesión indicaban que el Estado se quedaría con los medios necesarios para seguir prestando el servicio público de banca (instalaciones, sistemas, comunicaciones, etc.). En cambio, al expropiar, hubo que pagar indemnizaciones. Y estas se pagaron puntualmente, claro… ¡Antes de devolver la banca a la iniciativa privada! (Y luego se extrañan priístas y panistas que el Pueblo los considere unos mentirosos.)

Por cosas como la que cuentan las anécdotas que te he compartido, lectora, es que el papel de la Consejería Jurídica de la Presidencia es esencial en nuestro sistema constitucional. Pero antes de avanzar, te aclaro que la función de abogado-consejero del gobierno (tanto a nivel federal como en los entidades federativas) recaía originalmente en las Procuradurías Generales de Justicia (Estados) y de la República (Federación). Cuando, en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) se utilizó la PGR federal como una pieza de cambio para endulzar la alianza entre PRI y PAN, mediante el nombramiento del panista Antonio Lozano Gracia por el presidente Zedillo como procurador general de la República de 1994 a 1996 –la Presidencia se vió obligada a fortalecer su equipo de asesores jurídicos. La final separación de las fiscalías autónomas de los poderes ejecutivos (2012-2018) creó el espacio para que las y los consejeros jurídicos se volviesen los nuevos “abogados de la Nación” ó “abogados del Gobierno del Estado”.

Esto último, en general, es un buen resultado sistémico de una evolución caótica. (Y el caos trajo cosas terribles, como a la PGR del panista Lozano desenterrando cráneos con ayuda de videntes… ó la intencionada ceguera institucional para no ver los crímenes de la contrainsurgencia en Chiapas.) Las fiscalías deben dedicarse a perseguir delitos penales ante los tribunales. Este trabajo es inmenso y deja poco espacio para ser Abogado del Gobierno.

Con todo, en las tres décadas que ha durado la separación institucional entre la PGR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), pocos nos habíamos percatado del cambio colosal que esto significaba –y del poder inmenso que se le entregaba a la persona que fuese titular de la CJEF.

El primer sexenio en que la separación ya fue evidente fue el de Peña Nieto (2012-2018). Durante cinco de los seis años de esa Administración, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal fue Humberto Castillejos Cervantes (n.1976).

Antes de ser nombrado consejero jurídico Castillejos Cervantes jugó papeles muy relevantes en el campo de policía y procuración de Justicia durante los dos sexenios panistas (2000-2012). Se trata de un abogado egresado de la Universidad Iberoamericana (probablemente de la sede Ciudad de México, adonde habría estudiado entre 1994 y 1999). Castillejos inició su carrera como litigante a fines del siglo XX y desde 2005 (Administración Fox) se incorporó a la administración pública como coordinador de asesores del procurador general de la República, quien era el general Rafael Macedo de la Concha. Algunas fuentes periodísticas lo ubican no como asesor, sino como secretario particular del general Macedo (Cambio, 10 de Julio de 2008, Liga 1).

La cercanía de Castillejos Cervantes con Macedo no era tan sólo oficial. El general fue padrino de boda de su hermana, Minerva Castillejos Cervantes. El novio también es relevante: se trataba de Luis Cárdenas Palomino (n.1969) el “superpolicía” que era segundo de abordo de Genaro García Luna (n.1968). Se trata, en resumen, del mismo grupo político en el mismo nicho de poder, la PGR foxista –pues García Luna era titular de la Agencia Federal de investigación (AFI) adonde Cárdenas Palomino es un oficial operativo. La prensa señaló en su momento los despropósitos y “vergüenzas” que Cárdenas Palomino hizo pasar al general-procurador general. (La Opinión de México, 17 de Octubre de 2020, Liga 2.) Pero los varios incidentes nunca disminuyeron ni la influencia ni el poder del “superpolicía” (hoy preso, 2024). Los reportes del cuarto poder señalaron que la presencia de Castillejos Cervantes en el entorno del titular de la PGR fue importante para salvar el pellejo de su cuñado.

Castillejos Cervantes sobrevivió en la PGR a la salida del general Macedo. La prensa reportó que era coordinador de asesores con Eduardo Medina-Mora Icaza (n.1957), titular de la procuraduría federal entre 2006 y 2009, bajo la Administración Calderón (2006-2012). Esto significa que Castillejos probablemente se quedó en su lugar en el periodo que va de la salida de Macedo a la llegada de Medina Mora (Abril de 2005 a Noviembre de 2006), cuando el procurador general era Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández (n.1959).

Lo último es relevante, porque Cabeza de Vaca Hernández ya había sido consejero jurídico del Ejecutivo Federal (CJEF) entre 2004 y 2005 y regresaría a ese puesto entre 2006 y 2008. (La primera ocasión, con el presidente Fox y la segunda con el presidente Calderón.) Esto nos indica la ligazón estrecha entre cuadros jurídicos entre PRI y PAN a lo largo de los primeros veinte años del siglo XXI. Cabeza de Vaca Hernández sería subsecretario de Gobernación en 2008 –probablemente bajo el mando de Juan Camilo Mouriño Terrazo (n.1971).

Aquí habría que revisar el modo en que este intercambio de mandos entre PGR y CJEF facilitó ó enredó la desaparición de la PGR como “representante legal del gobierno federal”, función que finalmente terminó en la CJEF luego de la reforma que hizo autónomo al Ministerio Público federal y creó la FGR.

Las ligas señaladas explican por qué el presidente Peña Nieto habría llamado a Castillejos Cervantes como titular de la CJEF desde el principio de su sexenio (2012). También nos muestran una continuidad clara en los altos mandos del sistema de seguridad entre las Administraciones federales del PAN y el PRI en las primeras dos décadas del siglo XX.

Regresemos a Castillejos Cervantes. Estuvo en PGR hasta 2009. En los tres años que median entre la salida del procurador general Medina Mora y el nombramiento de Castillejos como titular de la CJEF, Castillejos sirvió al grupo hegemónico priísta en el Estado de México (gobernado entonces por Peña Nieto). En 2011 fue coordinador del área jurídica de la campaña de Eruviel Ávila Villegas (n.1969) que buscó (y ganó) la gubernatura del Estado de México por el PRI. Al año siguiente, 2012, Castillejos mismo fue electo diputado estadual en el Estado de México, pasando a formar parte de la LVIII (58) Legislatura del Congreso mexiquense en la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Castillejos asumió su curul el 5 de septiembre de 2012, pero para el 1 de Diciembre de ese mismo año ya había abandonado Toluca y regresado a la ciudad de México. (Ficha biográfica oficial, Liga 3.)

La prensa ubica a Castillejos Cervantes como parte de la segunda generación de abogados metidos en política. Su padre, Marcos Castillejos Escobar (ca.1950-2008), era un abogado penalista reconocido por colegas en las escuelas de Derecho de la capital federal. Castillejos Escobar trabajó joven en el área de reclusorios del DDF y en algún momento fue Subprocurador General de la República (este último dato lo parece haber subrayado su hijo Humberto en su propio CV). En la última etapa de su vida (1997-2008) Castillejos Escobar se dedicó a la defensa de casos célebres y de escándalo. Defendió a Mario Bezares en el Caso Stanley así como a los hijos de Martha Sahagún contra las imputaciones de corrupción luego de terminado el sexenio de Fox. En 2008 estaba por tomar la defensa de cinco agentes de investigación implicados en el Caso News Divine del DF. Fue asesinado por un sicario a la puerta de su despacho en la Avenida Mazatlán de la Colonia Roma-Condesa. La PGR atrajo de inmediato el caso –impidiendo que la PGJDF realizara ninguna prueba pericial en el lugar de los hechos. No se ha sabido mucho más de la investigación realizada. (Liga 4.)

Me he detenido en la biografía del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en la Administración Peña Nieto porque este funcionario se hizo omnipresente en las cámaras legislativas cuando se debatieron una serie de reformas constitucionales y legales que hoy en día causan problemas a nuestro entramado legal y constitucional. Bajo su ojo vigilante se discutieron y aprobaron los complejos textos de la Ley Federal de Competencia Económica (Abril de 2014); la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Julio de 2016); la Ley de la Industria Eléctrica (Agosto de 2014); la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Octubre de 2017). Y, por supuesto, la reforma constitucional que dio autonomía a las fiscalías (2014).

En alguna de las mesas de abogados de Momentum le decía yo a los contertulios que cuando uno negocia con un diablo, debe estar muy claro de que qué tipo de chamuco tiene enfrente. En la vida real –en la política práctica– es imposible no negociar con el lado oscuro. Lo que no debemos hacer es negociar a ciegas. Sun Tzu decía: “Si eres ignorante de tu enemigo pero te conoces a tí mismo, tus oportunidades de ganar o perder son las mismas”… Aprendamos para ganar cien batallas.

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:

https://www.diariocambio.com.mx/2008/julio/reforma/100708_ref_ref_ejecutan_a.htm

Liga 2: