Dinero público para hablar de dios

Introducción

Por: Verónica Espinosa

El gobierno del estado de Guanajuato, controlado por el PAN desde 1991, ha cedido la protección y defensa de poblaciones vulnerables -niñas, niños y adolescentes, mujeres en situación de riesgo y personas con trastornos de adicción- a grupos católicos manejados por sacerdotes, monjas, congregaciones religiosas y laicos comprometidos con organizaciones religiosas.

A cambio, el gobierno guanajuatense les ha entregado más de 80 millones de pesos de recursos públicos en los últimos cinco años para que diseñen programas y atiendan a estas poblaciones, que reciben a cambio cursos sobre “crianza familiar” como opción para frenar los feminicidios en el estado o para atender a personas con adicciones en centros de rehabilitación.

Esos fondos salen lo mismo de la secretaría de Desarrollo Social y Humano que del Fidesseg, creado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Solo en los registros oficiales de este fideicomiso, hay más de seis grupos u órdenes católicas que reciben recursos públicos. Están, por ejemplo, Los Legionarios de Cristo, el Opus Dei y el Sagrado Corazón de Jesús.

Sin embargo, poco se conoce de los resultados de este trabajo. Y esto pasa porque las organizaciones no reportan resultados de su labor social y no son claros los criterios que usa el gobierno para entregar estos fondos. Tampoco justifican el uso de la religión en temas en los que la ley ordena que se mantengan criterios laicos.

Peor aun, organizaciones dirigidas también por católicos han sido las que presentan patrones frecuentes de violencia, abuso sexual, esterilización forzada, aborto forzado y trata con fines laborales o sexuales de niñas, niños y adolescentes en casas hogar.

En este trabajo de investigación, POPLab presenta los hallazgos, los casos y las historias que comprueban una relación financiera y un lazo ideológico y religioso que en el ejercicio de gobierno el PAN ha alimentado en Guanajuato, poniendo en manos de esas asociaciones y los grupos religiosos que las representan u orientan a población a la que especialmente debería garantizar todos sus derechos.

 

Capítulo I:

Dinero público para hablar de dios

Por Yajaira Gasca y Melissa Esquivias, POPLab

Rosa María, tallerista de un programa del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), contó en una de sus conferencias sobre “crianza positiva” que escuchó sobre una niña de 13 años asesinada en la colonia Santa Clara, en León, Guanajuato.

No mencionó detalles y el caso no está registrado en los partes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de León.

Sin embargo, Rosa María aprovechó el caso para decirle a una decena de padres de familia que el origen de esa muerte era la falta de valores.

“¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué las niñas sufren esa agresión? Nosotros papás tenemos que educarlas, tenemos que formarlas e invitarlas a que se sientan bien siendo niñas, siendo finas, educadas, con valores”, dijo.

La mujer -que se presentó como maestra en Ciencias de la Familia- fue seleccionada para distribuir contenidos relacionados con “crianza respetuosa”, así definida en el programa de Crianza Positiva, que se echó a andar en 2022.

Rosa María es una de las voluntarias que participa en la difusión del programa. El DIF capacitó primero a personal de los sistemas municipales. Éstos a su vez orientaron a padres y madres de familia voluntarios que después se convirtieron en “replicadores del conocimiento” en escuelas, talleres o centros comunitarios.

Durante la plática, a la que Poplab tuvo acceso, la facilitadora se expresó con comentarios incriminatorios sobre la niña víctima de feminicidio y además hizo otras expresiones de tipo misóginas y homofóbicas.

 

Habla la facilitadora Rosa María

“Hay niños que les gusta verse encuerados en el espejo, ya se vieron, ahora a lo que sigue, porque si no, les vamos dando pauta a que cojan costumbres que no les van… me tocó atender a un joven que estaba terminado la prepa. Él asistia con un psicólogo porque se decía homosexual, y él no se sentía a gusto, regularmente entre las personas que creen tener homosexualidad no viven en paz, regularmente, en todos los casos que yo me he dado cuenta”, sostuvo la mujer.

 

Sobre la orientación sexual del adolescente, la instructora expresó que se trataba de una “confusión corregible” a la que, ella “le puso fin”.

 

Habla la facilitadora Rosa María.

“Lo que le pasó es que en el baño de su casa había un vibrador para dar masaje y se lo puso y despertó esa necesidad de satisfacción. Las psicólogas de la prepa donde estaban lo mandaron conmigo y se dio cuenta de que estaba confundido, que con esas actitudes que él tenía se motivó a estarse masturbando continuamente; es necesario no pensar en un castigo, sino en las consecuencias de las cosas que se hagan indebidamente”.

 

Estos talleres se replican dentro y fuera de espacios educativos en Guanajuato a través de distintas asociaciones civiles a las que el gobierno estatal ha transferido esta política pública. Pero también ha puesto en sus manos la atención a grupos de población vulnerable, y a cambio ha otorgado a esas organizaciones más de 81 millones de pesos entre 2017 y 2023.

Bajo este esquema, la administración estatal a cargo del panista Diego Sinhue Rodríguez ha delegado su responsabilidad en la ejecución de distintas políticas públicas para dar atención a niños, niñas y adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas con trastornos de adicción. Esto ha quedado evidenciado en los contratos y el registro de apoyos del propio estado, consultados para este reportaje.

No solo eso. El gobierno ha multiplicado las puertas o instancias de la administración pública para otorgar fondos: la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) y el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (Fidesseg).

El Fidesseg fue creado en 2019, por decreto del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez.

La asignación de recursos públicos al mismo tiempo desde distintas áreas del propio gobierno del estado a las mismas organizaciones civiles viola las reglas de operación de los programas sociales, como se explicará en este reportaje.

Centros de rehabilitación, sitios de asistencia para niños, niñas y adolescentes -conocidos como casas hogar- organizaciones de trabajo comunitario, escuelas, incluso instituciones donde se disuade a mujeres de ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo, se encuentran en las listas de las asociaciones que reciben recursos del gobierno a través de Sedeshu.

Un ejemplo es la Fundación Comunitaria del Bajío, una de las organizaciones que trabaja proyectos del programa de Crianza Positiva en comunidades de cuatro municipios: Silao, Irapuato, Salamanca y Abasolo, y que solo el año pasado recibió del gobierno 20 millones de pesos.

 

 

Esta cifra aumenta a 31.6 millones si tomamos en cuenta los recursos entregados entre 2017 a 2022, a través de la Sedeshu, la Secretaría del Migrante y el Fidesseg.

Estos grupos católicos también cobran cada programa o plan de estudios. Para la elaboración de los manuales de Crianza Positiva, el DIF pagó 268 mil pesos a instituciones como la Universidad Católica de Uruguay, Reaching U, Fe y Alegría, la Fundación América por la Infancia y la Universidad de Montevideo.

La Universidad de Montevideo es una institución privada que tiene vinculación directa con el Opus Dei. Se inspira en las enseñanzas del fundador de esta orden cristiana, San Josemaría Escrivá de Balaguer, según reconocen en los postulados que difunde en su página oficial. Su misión la definen así: realizar la Obra de Dios en todos los aspectos de su vida.

Otras asociaciones reciben recursos del estado para rehabilitar a mujeres en situación de adicciones, actividades a las que infunden criterios de la moral católica. Así ocurre en la Casa de Jesús para la Rehabilitación Femenil, donde se labora bajo la misión de “la preservación de niñas, adolescentes y jovencitas en peligro moral”, según se enuncia en un aviso que cuelga de una pared.

Este centro se localiza en la región occidente del estado de Guanajuato, sobre la carretera que conecta el municipio de Purísima del Rincón con el estado de Jalisco. La sede es una finca de altos muros rosas, con una malla ciclónica que podría rebasar los cinco metros de alto. La muralla oculta este centro de atención a las adicciones dirigido por religiosas católicas de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús.

María Teresa Velasco López es la monja que figura en el acta constitutiva como representante legal de este centro de rehabilitación exclusivo para mujeres, y que al mismo tiempo dirige la Casa de Protección Social y Cultural para la Niña, una casa hogar femenil en el municipio de San Francisco del Rincón, en donde es identificada como la madre superiora.

En los últimos seis años, el gobierno de Guanajuato ha otorgado 4.5 millones de pesos a esta congregación a través de distintas dependencias, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. Sin embargo, no existe información pública acerca del impacto de su labor social.

 

Casa de Jesús para Rehabilitación Femenil.
Fotos: Juan José L. Plascencia.

 

Otra organización, La Casa de Jesús, tiene 28 sedes a nivel nacional que atienden a personas en estado de vulnerabilidad, entre las cuales practican la evangelización católica, de acuerdo con la información que presenta en su sitio web.

 

Libertad de creencias vulnerada

El enfoque evangelizador de estas asociaciones, sin embargo, vulnera derechos fundamentales como la libertad religiosa y el libre desarrollo de la personalidad, el primero de ellos establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el segundo en la Constitución.

En entrevista para esta investigación, Tania Ramírez, directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), aseguró que, aunque en los centros de asistencia se diga que la práctica religiosa es opcional, la rutina del día a día para las infancias no permite que esto sea una realidad; es decir, se ven obligados a participar.

La directora de Redim detalló que esta coacción hacia la práctica religiosa infringe el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que refiere: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

La Constitución también protege este derecho.

Ramírez aseguró que en términos generales las infancias no son vistas como personas sujetas de derechos y mucho menos aquellas que permanecen aisladas en centros de asistencia social. Por eso, de alguna manera se ven forzadas a profesar las doctrinas, mayormente católicas.

“¿Cuál libre desarrollo de la personalidad? Las organizaciones religiosas podrían decir que no es obligatorio pero por supuesto que sí. Si todo mundo va, no es obligatorio, pero la estructura de sus vidas y su días ahí adentro no permite la no adherencia, es fomentada, es premiada y eso incluso podría estar vulnerando artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, eso entra en jaque cuando son este tipo de organizaciones”.

Habla Tania Ramírez.

"Sí es muy rentable porque siempre los pesos y las economías para mantener a estos niños y niñas no serán pocos, tampoco serán transparentados, como si fuera el Estado el que se está haciendo cargo de ellas y de ellos, y bueno lo que sabes en los casos más terribles no solamente se utilizaba a niñas y niños para mantener estos hogares, sino que se les utilizaba y se les violentaba y se les explotaba en los peores de estos casos”, sostuvo.

Agregó además que hay un componente de rentabilidad para las organizaciones civiles que asumen estas tareas de protección especial: dependiendo de las niñas, niños y adolescentes que tengan a su resguardo, reciben más o menos dinero.

 

En León, cada 24 de mayo se realiza la celebración de la Virgen de la Luz, una tradición arraigada en el municipio desde hace 291 años.
Fotos: Juan José L. Plascencia.

En la información obtenida vía transparencia y registros públicos de la Sedeshu no se muestran los criterios para la definición de montos y tampoco se da a conocer el impacto -efectivo o negativo- de la labor de decenas de asociaciones civiles.

En la investigación, se encontraron 18 organizaciones a las que el estado otorga recursos desde partidas para apoyo a organizaciones del DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Social y el Fidesseg, que están dirigidas por congregaciones católicas y realizan labores de evangelización en la atención a la población que se le encomienda.

Desde su creación en 2019, y su ejecución en 2021, el Fidesseg se ha convertido en la puerta de recursos más generosa para organizaciones de la sociedad civil de corte religioso. Este fideicomiso se instauró por decreto gubernamental, luego de un acuerdo entre el gobernador Diego Sinhue y líderes de distintas cámaras empresariales del estado.

Hasta febrero de 2022, Fidesseg tenía un saldo en sus cuentas de 266 millones 764 mil 985 pesos, pero se estima que en lo que va de 2023 recibió 902 millones de pesos más. Esta información fue presentada por la oposición morenista del congreso local, y se obtuvo de la cuenta pública que presenta trimestralmente el Ejecutivo al legislativo.

El gobierno estatal decidió clasificar la información sobre las cuentas del fideicomiso.

 

Este fondo tiene origen en el Impuesto sobre Nómina (ISN) que se recauda de los pagos de sueldos y prestaciones laborales a los patrones. En 2019, el gravamen se incrementó de 2.0% a 2.3% y se estableció que la diferencia de 0.3% se aplicaría para proyectos de desarrollo social y seguridad pública, por medio de organizaciones civiles, pero asignados mediante proyectos por el Fidesseg.

 

“Se constituyó el Fidesseg con el objeto de constituir y administrar un patrimonio autónomo, destinado a financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública para el Estado de Guanajuato”, es el propósito establecido en las reglas de operación del fideicomiso.

 

Actualmente, el ISN es de 3%, pues en 2021 el Congreso local volvió a aprobar un aumento mediante modificaciones legales.

Desde 2021, el fideicomiso ha otorgado más de 621 millones de pesos a 155 proyectos de los que sólo se conoce el listado publicado en el portal web de Sedeshu, aunque no se detalla en qué consisten.

Del fondo del Fidesseg se han distribuido, desde 2021 hasta la fecha, 57 millones 700 mil pesos a casas hogar en las que se atiende a niños, niñas y adolescentes (NNA) y centros de rehabilitación contra adicciones, donde se realizan labores de evangelización.

 

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La Sedeshu cuenta con el programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil (2017 y 2018), que desde 2019 se llama Sumamos al Desarrollo de la Sociedad. Por medio de este programa ha destinado desde 2017 más de 16.7 millones de pesos a organizaciones de corte religioso que aparecen en el padrón de asociaciones beneficiadas por ejercicio fiscal obtenido vía transparencia.

Las otras bolsas desde las que se han distribuido más de cuatro millones de pesos han salido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto de Salud Pública del Estado. La primera dependencia ha entregado 2 millones 725 mil 382 pesos y la segunda un millón 281 mil pesos, todo a una sola organización que administra un centro para rehabilitación de mujeres con trastorno de adicciones.

En una visita realizada al lugar, se corroboró que este es dirigido por religiosas de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús.

Además, cinco organizaciones localizadas en León que han recibido una subvención del gobierno municipal que rebasa los 1.4 millones de pesos, son administradas o dirigidas por mujeres religiosas o sacerdotes de diversas congregaciones católicas, como los Legionarios de Cristo.

Una de ellas es la Fundación O’Connell, dirigida por el padre Patrick O’Connell, miembro de los Legionarios en León.

 

 

Este medio solicitó en reiteradas ocasiones a través de mensajes una postura acerca de la distribución de los recursos a Libia García Muñoz Ledo, titular de la Sedeshu, a través de su enlace de comunicación, Miguel Ángel Mendiola. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación el funcionario no respondió.

 

Ciudad de los Niños, historia de abusos

La Ciudad de los Niños, un albergue infantil y juvenil fundado en el municipio de Salamanca en 1978 por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, operó durante 39 años hasta que fue obligado a cerrar después de que un juzgado federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos corroboraron un cúmulo de violaciones a derechos humanos de más de 300 niños, niñas y adolescentes, que tiempo atrás habían sido denunciadas al DIF y a la Fiscalía del estado.

 

 

En los últimos 13 años en que permaneció activo, entre 2004 y 2017, el centro de asistencia en Salamanca y sus filiales ubicados en Irapuato y Moroleón -también creados y dirigidos por Pedro Gutiérrez y supervisados por el DIF estatal- recibieron del gobierno panista de Guanajuato y de administraciones municipales más de 45 millones de pesos a través de las organizaciones dirigidas por el sacerdote. Así lo reveló el reportaje de la periodista Kennia Velázquez, publicado en 2017 con auspicio del International Center for Journalist en alianza con Connectas.

El sacerdote murió en noviembre de 2020, mientras preparaba la reapertura del centro para el cual, según anunció, ya había obtenido nuevos permisos.

Disability Rights International, una organización internacional de derechos humanos dedicada a fomentar la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, realizó un informe sobre la violencia en instituciones de todo el país para niñas, niños y adolescentes y adultos con discapacidad en 2020, e incluyó este caso ocurrido en Guanajuato.

 

 

En la revisión de casos particulares, encontró como patrones frecuentes de violencia, abuso sexual, esterilización forzada, aborto forzado y trata con fines laborales o sexuales de niñas, niños y adolescentes en casas hogar.

Lisbet Brizuela, la directora para México de DRI, expuso lo dañino que resulta para las infancias el modelo de institucionalización, pese a que socialmente es bien aceptado el rol de las casas hogar, y más si están dirigidas por personas religiosas, por suponer garantía de buen trato.

No obstante, a niñas, niños y adolescentes se les niega el derecho a vivir en familia y en comunidad, y además se les expone a tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta tortura.

 

Habla Lisbet Brizuela.

“Son casos que se repiten una y otra vez; tuvimos Casitas del Sur, Mamá Rosa, Casa Esperanza, Ciudad de los Niños de Salamanca, Fabriles en Nuevo León recientemente. O sea, es una y otra y otra vez, que encontramos que son niñas, niños y adolescentes que son víctimas de abusos físicos, de abusos sexuales, que son víctimas de trata con fines sexuales, con fines laborales, adopciones ilegales, embarazos no deseados, abortos forzados en adolescentes, golpizas terribles, castigos corporales, el uso de cuartos de aislamiento y cuando hablamos de niños con discapacidad es peor aún, porque muchos de estos niños no pueden verbalizar lo que les está pasando”, subrayó.

Lisbet Brizuela agregó el componente de trauma que sufren las infancias al ser separadas de sus familias y forzadas a vivir segregadas, considerando que su aislamiento es una forma de ayudarlas. Asimismo, se les forza a tener una religión.

“Están evangelizados bajo ciertos estándares religiosos, que tú no sabes si lo eligieron, si no lo eligieron o solo es porque están ahí y entonces todos tienen que rezar lo mismo, hacer lo mismo, ir a misa. ¿Cuál es su posibilidad de elegir sobre su religión? es nula también”, resaltó.

Insistió en la falta de transparencia con la que se manejan estas instituciones que albergan, según cifras del INEGI, a más de 24 mil niños sin hogar a nivel nacional, esto sin considerar la alta cifra negra que podría haber por la irregularidad en la que se encuentran algunas de estas casas hogar.

De forma pública, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha exhibido su alianza con distintos grupos religiosos para que participen activamente en el diseño y aplicación de políticas públicas de carácter social.

 

Octavo Congreso Nacional de Libertad Religiosa.
Fotos: Juan José L. Plascencia

Durante el octavo Congreso de Libertad Religiosa, celebrado en el municipio de León el 28 de junio pasado, el mandatario describió a una multitud de congregaciones -principalmente católicas, cristianas y evangélicas- como pilares fundamentales en el diseño y ejecución de políticas públicas sociales.

“Como gobierno del estado reconocemos la libertad religiosa, como parte de los derechos fundamentales de la persona, pero además la vemos como uno de los pilares sobre los que descansan las estrategias para la regeneración del tejido social”, mencionó.

El evento fue transmitido por la televisora pública del gobierno del estado -TV4- mediante una producción especial. Este medio transmite semanalmente las misas dominicales desde la pandemia por el COVID-19.