Integrantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, quienes se oponen a la construcción de la carretera Toluca- Naucalpan, denunciaron que fueron hostigados y golpeados por elementos de la policía estatal, trabajadores de la Constructora Autovan-Teya del Grupo Higa y un grupo de choque conocido como "los golpeadores".
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre de 2019, cuando comunidades Hñathö se preparaban para un recorrido con medios de comunicación con la finalidad de evidenciar las afectaciones ambientales y físicas que han sufrido a causa de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
A través de un comunicado, informaron que vieron maquinaria laborando en el paraje la Jushida, en Xochicuautla, pese a la existencia de amparos de suspensión definitiva. Frente a esto, varios pobladores fueron a decirle al operador que no podía continuar con esos trabajos y juntos bajaron la maquina a la carretera. Sin embargo, un grupo de hombres los alcanzó y golpeó.
"El operador de dicha maquinaria bajó la máquina por la calle arboleda, acompañado por nuestros compañeros, pero al llegar a la carretera un grupo de golpeadores los alcanzó en un carro y comenzaron a golpearlos. A otra compañera que iba documentando, le arrebataron su celular y continuaron golpeando con palos en la cabeza y pateando al resto nuestros compañeros. Después de esto los golpeadores, aproximadamente 20 hombres drogados y armados con machetes y palos, se subieron a su carro para huir del lugar", se lee en el comunicado.
Después de estos hechos regresaron aproximadamente 30 "golpeadores" 100 ejunto conlementos de la policía estatal, y minutos más tarde llegaron militares para resguardar la maquinaria.
Los defensores del territorio denunciaron que "los golpeadores" continúan con el hostigamiento y rondan las calles en automóvil, bicicleta y caminando. "Hacemos responsables a la empresa Autovan y a la policía estatal de las amenazas y lesiones causadas por los golpeadores", señalaron.
Las comunidades otomíes han defendido su territorio y bienes naturales desde hace al menos 12 años ante la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, un proyecto carretero que pretende atravesar el gran bosque Otomí-Mexica, así como viviendas de diferentes comunidades.
Al menos 12 años de resistencia
El conflicto inició en 2007 cuando se asignó la obra a la empresa Autovan, filial del consorcio Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto en ese entonces gobernador. Sin embargo, la resistencia de los pueblos impidió su construcción.
Desde entonces, las comunidades han denunciado que el proyecto viola sus derechos y causa afectaciones ambientales, pero también sociales, pues autoridades han copatdo a pobladores y representantes de bienes comunales lo que ha generado conflictos internos entre vecinos.
En 2015, Peña Nieto ya como presidente emitió un decreto expropiatorio para poder hacer uso de las tierras, lo que desató enfrentamientos entre los pobladores que estaban en contra de la construcción y policías. Luego intervino Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debido a las múltiples violaciones a las garantías de los pueblos indígenas otomíes y nahuas que viven ahí, y lograron que se instalaran mesas de diálogo.
Durante meses, autoridades, la empresa y los pobladores, junto con el Consejo Supremo Indígena, negociaron hasta que supuestamente en abril de este año se llegó a un acuerdo para permitir terminar la obra. Sin embargo, una fracción de pobladores no estuvo de acuerdo, por lo que ahora mantiene la resistencia contra el proyecto.
El 29 de mayo de 2019, venció el decreto expropiatorio en la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan y a partir de esto las comunidades de Lorenzo Huitzizilapan, Santa Cruz Ayotuxco, San Francisco Xochicuautla, La Concepción Xochicuautla se unieron en un frente y conformaron una organización en defensa del territorio llamada: Comunidades Hñathö en Defensa del Bosque Sagrado del Agua, para evitar la construcción, ya que aseguran es una imposición que viola sus usos y costumbres.
Además de la privatización del bosque, las comunidades han denunciado que el trazo carretero que afecta al territorio otomí, ha bloqueado los cauces naturales de los ríos, lo que ha alterado el ciclo Hidrológico comunitario y provocado deslaves, así como disminución de los mantos freáticos. En la Concepción Xochicuautla el río seco está contaminado de arena, piedra y rezaga. En Santa Cruz Ayotuxco, la constructora colocó tubos de diámetro pequeño, para el paso de la corriente del río del pozote, que se fueron tapando con arena y piedras. A través de un comunicado señalarón que "el 16 de agosto del presente año la constructura desazolvó la tubería sin avisar a la comunidad, el agua que se había acumulado del otro lado del río salió con presión, causando desbordamiento del puente y un accidente a 2 pequeños que se encontraban jugando".
Actualmente, las comunidades Hñathö continúan su lucha legal contra la empresa del Grupo Higa, pero también sigue la violencia, las amenazas y la violación a los suspensiones legales de la obra por parte de la empresa y de la policía estatal. Todo esto frente a un gobierno que se ha mantenido en silencio y al margen de esta problemática.
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