En su conferencia de prensa del viernes 25 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en esta semana se dará la información pormenorizada sobre los acontecimientos en Culiacán del pasado jueves 17 de octubre. Lo dijo en los siguientes términos: “Ya hicimos el compromiso de hacer toda la relatoría del caso Culiacán, minuto a minuto, toda la verdad. Y se va a presentar aquí, al pueblo de México, a nuestro amo... la semana que viene, en los primeros días. Ya se está trabajando en la investigación, en el relato, pero queremos que sea exhaustivo porque es nuestra responsabilidad, transparencia completa, no ocultar absolutamente nada, decir toda la verdad” (https://www.eluniversalvideo.com.mx/video/nacion/amlo-proxima-semana-se-dara-a-conocer-la-relatoria-minuto-a-minuto-del-operativo-de-culiacan). Sin lugar a dudas, esta apertura a la verdad marca una radical diferencia con sexenios anteriores, caracterizados por el encubrimiento, la simulación, las “verdades históricas” plagadas de mentiras y los “daños colaterales” llenos de sangre y miedo. No se espera menos de la 4T, ese es el compromiso, esa es la magnitud de la transformación en curso.
El reto no es menor porque lo sucedido en Culiacán el 17 de octubre puso al gobierno de AMLO en una situación crítica, al punto de cuestionar la efectividad de la cadena de mando en los operativos contra delincuentes de alta peligrosidad. El de Culiacán no es un caso más ni debe menospreciarse, por el contrario, toda vez que se trató de detener (¿con fines de extradición?) al hijo del líder de uno de los cárteles más poderosos del mundo, el gobierno está en la obligación de explicar no sólo porqué Ovidio Guzmán López sigue en libertad, sino también porqué se puso en riesgo (si es que fue así) la vida de (¿decenas?) de personas y quienes fueron los responsables del fracaso. Enhorabuena que el presidente informe, de cara a la nación, sin mentiras, medias tintas ni simulaciones sobre un ¿operativo? que culminó en un estruendoso fracaso. Confío en que la información que el presidente ofrezca al pueblo de México despeje todas las dudas, deslinde responsabilidades y abra las vías legales para sancionar a los responsables del ¿patrullaje de rutina?, o del ¿operativo “precipitado y sin planear”?, como lo calificó el General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
Hay muchas preguntas en el aire, versiones encontradas y hasta abiertas mentiras que han generado incertidumbre y no pocas especulaciones, por lo que solamente una investigación a fondo, profesional y transparente podrá esclarecer lo que sucedió ese día en la capital de Sinaloa. Si los eventos se derivaron de un “patrullaje de rutina” o de un “operativo precipitado y sin planear” es unas de las primeras interrogantes que deben despejarse. Porque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana -Alfonso Durazo Montaño-, en sus primeras declaraciones el jueves 17 a las 20:30 horas aproximadamente, dijo ante la prensa nacional e internacional que en un “patrullaje de rutina” elementos de la Guardia Nacional y del Ejército fueron atacados por civiles armados desde una casa en la que se encontraba Ovidio Guzmán López. De acuerdo con la versión de Durazo Montaño, los treinta elementos que hacían un patrullaje “de rutina” tomaron el control de la vivienda desde donde fueron atacados, por lo que el hijo del Chapo Guzmán quedó ¿detenido? ¿acorralado? No lo sabemos. Pregunta en el aire.
Al día siguiente, el viernes 18, la versión del gobierno federal cambió. Ya no se trató de un “patrullaje de rutina” sino de un operativo “precipitado y sin planear”. La investigación deberá aclarar por qué el secretario Durazo mintió de cara a la nación y confió en alguien (¿quién?) que le proporcionó información falsa; asimismo, la investigación debe dejar en claro si Ovidio Guzmán estuvo detenido, si su hermano Iván Archivaldo también (o no) y quién fue el responsable de la dilación en la entrega de la orden de cateo o de detención con fines de extradición (si es que hubo tal demora). ¿Un juez ordenó la detención de Ovidio? ¿Había instrucciones de deportación? El informe que presentará el presidente debe esclarecer estas preguntas (y muchas otras) que nos hacemos los y las ciudadanas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que “yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica, le tengo mucha confianza al Secretario de la Defensa” (https://www.proceso.com.mx/604116/lopez-obrador-reconoce-que-no-estaba-informado-del-operativo-en-culiacan). Es perfectamente comprensible que en las reuniones cotidianas del gabinete de seguridad a las 06:00 de la madrugada al presidente no se le informe de los patrullajes “de rutina”, pero resulta increíble, y alarmante, que no esté enterado de un operativo para detener, y acaso extraditar, al hijo de uno de los principales narcotraficantes del mundo. Si AMLO no estaba enterado del operativo, ¡mucho peor! ¿Cómo es posible que el presidente no supiera de un operativo, en el corazón del cártel de Sinaloa, para detener al hijo de “El Chapo” Guzmán? ¿Tan frágil y mal informado es el gobierno de AMLO?
Por más confianza que el presidente le tenga al general Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, es de suponer que una operación de tal envergadura debería estar en la agenda matutina del gabinete de seguridad a efecto de analizar en detalle los pormenores; de esa forma quizás se hubiera evitado que el operativo fuera “precipitado y sin planear”. Si no es para coordinarse y planear acciones, ¿para qué se reúne el gabinete de seguridad diariamente a las 06:00 am?, ¿para tomar café y galletitas?
Es de esperar que en el informe se deslinden las responsabilidades de quién, o quiénes fueron los responsables del fallido operativo (si es que eso fue), por qué no se informó puntualmente al presidente y especialmente si, como se dice en algunas columnas, el operativo falló no por falta de planeación sino por fuga de información, en particular, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Si la hipótesis es cierta y la información que puso en alerta al cártel de Sinaloa se filtró desde las oficinas de la secretaría al cargo de Alfonso Durazo, estamos ante un muy peligroso nivel de infiltración en áreas estratégicas de la seguridad del país. Y un hecho de tal relevancia no puede dejar de informarse a la nación y no puede quedar sin castigo.
La investigación comprometida a “no ocultar absolutamente nada y decir toda la verdad” que se presentará los primeros días de la semana, según dijo AMLO, es crucial para las carpetas de investigación que obligadamente deben iniciar ya (si es que no lo han hecho) las autoridades judiciales. Si bien la decisión de dejar libre a Ovidio Guzmán evitó ¿decenas de muertes? (¿de quiénes, en que circunstancias?), sobre todo de familiares de militares, el ¿fallido operativo? no dejó saldo blanco: de acuerdo con información de prensa que cita a la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, hubo 14 muertos, 21 heridos y 55 presos fugados (https://vanguardia.com.mx/articulo/aumenta-14-el-numero-de-muertos-por-balaceras-en-culiacan). Otras informaciones señalan que fueron 13 las personas asesinadas, aunque las primeras cifras oficiales indicaron que ocho. La investigación deberá establecer, con toda precisión, tanto el número como la identidad de cada persona muerta y las circunstancias en que fue asesinada. Esta información es imprescindible para deslindar responsabilidades e iniciar (o dar continuidad a) las carpetas de investigación por homicidio, tanto culposo como doloso. El presidente ha dicho: “yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana”. Bien, lo que piense en lo personal es muy respetable, pero como servidor público está en la obligación de sujetarse a las leyes del país que gobierna. Se entiende que para evitar una “masacre” (hasta que haya evidencias sigue siendo una hipótesis) avaló una decisión política que, según sus propias palabras, tomó el gabinete de seguridad; sin duda, fue una decisión acertada (aunque no suficientemente explicada). Ahora lo que procede es que las autoridades judiciales castiguen conforme a derecho a los culpables de los homicidios de 14 personas (o las que hayan sido), y para eso el informe será un documento de enorme importancia. Para el presidente la vida humana está por encima incluso de las leyes (opinión válida, pero discutible), por lo que no hay muertos de primera, de segunda o de tercera categoría. Si la mayoría de los 14 asesinados fueron integrantes de la delincuencia organizada, para efectos legales no hay absolutamente ninguna diferencia: se deberá esclarecer quién o quiénes son los responsables de su asesinato.
De igual forma, deben ser castigados los responsables de las 21 personas heridas y los mandos que permitieron la fuga de 55 reclusos, de los que siguen libres 47, de los cuales 30 son considerados de alta peligrosidad. Se trata de homicidas, secuestradores, delincuentes acusados de feminicidio, de delitos contra la salud, entre otros delitos. El director del penal de Aguaruto fue destituido para “no entorpecer las investigaciones”; bien, es de celebrar la decisión, pero ¿él es el culpable de la fuga de 55 reos?
El presidente deslindó al gobierno del estado de Sinaloa del operativo del 17 de octubre. Lo dijo así: “En el caso del gobernador, no tiene él responsabilidad, esto fue una decisión y un operativo de la federación, del gobierno federal particular de la Secretaría de la Defensa, no tiene ninguna responsabilidad” (https://zetatijuana.com/2019/10/amlo-deslinda-al-gobernador-de-sinaloa-de-falla-en-operativo-de-culiacan/). Bien, sin embargo, es deseable que la investigación puntualice el papel del gobierno de Sinaloa (y del municipal de Culiacán) en el operativo, aunque su labor no haya sido central, incluso aunque no les hayan informado.
El informe sobre los acontecimientos en Culiacán la tarde-noche del 17 de octubre deberá también, es la expectativa, dejar en claro el papel de la DEA (Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés). El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, admitió haberse reunido el 16 de septiembre con funcionarios de la DEA, pero dijo que el tema de la posible extradición de Ovidio Guzmán López no fue tratado. Según Ordaz Coppel abordaron otros asuntos, en particular la cooperación y el retiro de la alerta (warning) para que los ciudadanos estadunidenses viajen a Sinaloa. El semanario Ríodoce documentó “la insólita reunión de la DEA con el gobierno de Sinaloa” (https://riodoce.mx/2019/10/01/la-insolita-reunion-de-la-dea-con-el-gobierno-de-sinaloa/) en la que Uttam Dhillon, director interino de la DEA, acompañado por el Consejero de la Embajada de EU en México, John S. Creamer, escucharon los datos sobre la disminución de la violencia en Sinaloa y sobre la destrucción de laboratorios de metanfetaminas. ¿Estuvo enterado el gobierno federal de tal reunión? Si lo estuvo (quiero creer que sí) y a la luz de los acontecimientos del jueves 17, está obligado a informar al menos la agenda de la reunión y los acuerdos (si los hubo), pero si no supo de la reunión, es muy grave, realmente muy grave, que funcionarios de alto nivel de la DEA se hayan reunido con el gobierno de Sinaloa y el gobierno de López Obrador no estuviera al tanto.
Con todo respeto, amable lector, estimada lectora, me resulta imposible creer que en esa reunión no se haya hablado de la estructura del cártel de Sinaloa, sus rutas, sus estrategias, sus mandos, ni sobre la orden de extradición de Ovidio Guzmán López a los Estados Unidos. Y menos verosímil me parece que un mes después de la reunión del gobierno de Sinaloa con la DEA, ocurra un operativo “precipitado y sin planear” para detener precisamente al hijo del Chapo Guzmán, uno de los jefes de la organización responsable de la violencia y de los laboratorios de metanfetaminas en la entidad (y en el país), y que el gobierno de Sinaloa no supiera absolutamente nada. Lo siento, pero no lo creo.
En síntesis: acorde con los compromisos de la 4T, el informe de AMLO deberá dejar en claro la cadena de mando responsable del fallido operativo, con nombres, nivel de responsabilidad y sanciones. Asimismo, deberá establecer con toda precisión el saldo rojo, de muertos y heridos (y fugados) del fallido operativo (si eso fue) y el curso de las carpetas de investigación para castigar a los homicidas (culposos y dolosos) de al menos 14 personas. De igual forma, el informe que esperamos -y al que tenemos derecho- debe establecer con toda claridad el papel de la DEA, tanto en los acontecimientos del día 17 como las razones de su visita a Sinaloa unas semanas antes del intento por detener a Ovidio Guzmán López. El tema no es menor, si bien el gobierno federal se ha deslindado de la DEA, aún no ha explicado qué hacían agentes de esa institución en territorio mexicano y, sobre todo, si su presencia tuvo algo que ver con los sucesos del 17 de octubre. No es creíble, en lo absoluto, que la DEA haya estado en Sinaloa un mes antes del fallido operativo del gobierno federal, sin que éste estuviera enterado de esa reunión. El informe que dará el presidente deberá aclarar estas evidentes contradicciones.
Y muy importante: el informe deberá explicar por qué el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana le mintió a México y cuál es la sanción que se le ha aplicado. Y si no se le ha sancionado, explicar por qué. Menospreciar el alcance y las repercusiones del informe o minusvalorar a quienes lo exigimos, sería el peor escenario para el compromiso con la verdad de la 4T, sería repetir lo mismo de otros gobiernos: pese a todo, no ha pasado nada. No, inaceptable. Con Antonio Gramsci, quien recogió una frase muy profunda de Ferdinand Lasalle, afirmamos: “decir la verdad es revolucionario”.
