Entre las iniciativas que aprobó el Senado de la República, se encuentra la reforma constitucional a los artículos 108 y 111 sobre el fuero presidencial, lo que significa que el presidente de México podrá ser juzgado como cualquier otro ciudadano, y la ampliación del catálogo de delitos por los que podrían ser juzgados los legisladores y las legisladoras.
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