Los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya ocurrida en 2014 deberán ser reaprehendidos, así lo determinó un tribunal federal.
El Sexto Tribunal Unitario del Estado de México resolvió un recurso de apelación en el que estableció que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que volver a detener a siete de los ochos elementos del Ejército mexicano involucrados en este crimen a fin de ser enjuiciados por el ejercicio indebido del servicio público; tres de ellos también son acusados de homicidio y encubrimiento.
Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández tienen causas penales pendientes por homicidio calificado, según el fallo del magistrado.
Tres de los soldados vinculados a la masacre ocurrida el 30 de junio de 2014, acusados de homicidio y alterar el lugar de los hechos, salieron de prisión en mayo de 2016 debido a que el Sexto Tribunal con sede en Toluca, Edomex, consideró que no había elementos para procesarlos. Asimismo, los otros elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fueron liberados antes también "por falta de elementos".
En 2014 se dio a conocer que hubo un presunto “enfrentamiento” entre 55 militares del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar junto con 22 elementos de la Marina contra un supuesto grupo de delincuentes vinculados al narcotráfico. El saldo fue de 22 personas fallecidas en una bodega de la comunidad Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya. Frente a esto, la Sedena aseveró que los civiles murieron porque elementos del Ejército respondieron a las agresiones de los delincuentes.
Sin embargo, Clara Gómez, quien sobrevivió a los hechos, denunció meses después que se trató de una ejecución. Su declaración fue reforzada con otros testimonios y ahí comenzó la solicitud de organizaciones en defensa de los derechos humanos para investigar el caso.
En agosto de 2018, el titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, resolvió un amparo interpuesto por una de las sobrevivientes de la masacre y ordenó que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reencauzara el expediente del caso por la ineficacia y las omisiones cometidas durante la investigación.
El juez Érik Zabalgoitia Novales indicó que la dependencia debía averiguar de manera profunda la cadena de mando para saber quién dio la orden de "abatir delincuentes en horas de oscuridad". Ya un año antes, en agosto de 2017, el juzgado había ordenado a la PGR que reestableciera si “existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada y que con el fin de unificar la investigación de los hechos pueda ser acumulada a la que se encuentra bajo su cargo integrando”.
De acuerdo con un informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en julio de 2015 se reveló que el Ejército mexicano recibió la orden de atacar civiles como parte de la “Operación Dragón”, lo que dejó 22 personas asesinadas en Tlatlaya. En su momento, el Centro también enfatizó que no había personas detenidas por el crimen pese que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente.
Pese a las decisiones del tribunal mexiquense en ocasiones anteriores y las constantes omisiones de las autoridades en el caso Tlatlaya, a más de cinco años la exigencia de acceso a la verdad y la justicia sigue vigente. Organismos como Amnistía Internacional y el Centro Prodh han calificado la matanza de Tlatlaya como una muestra de las recurrentes violaciones a los derechos humanos y el uso arbitrario de la fuerza letal que cometen miembros de la SEDENA en el país.
