Héctor Javier Sánchez Pérez.
Investigador Titular de El Colegio de la Frontera Sur.
Según un informe sobre defunciones y desapariciones del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM de la ONU), en el pasado 2022, 1,433 migrantes de Centroamérica, el Caribe y México murieron o desaparecieron en el tránsito de su país de origen hacia EUA. De ellos, casi la mitad falleció o fue visto por última vez en la frontera de México y ese país.
El informe señala que las principales causas directas de estos decesos en las ciudades fronterizas de México han sido por ahogamiento, en especial en el río Bravo y los canales circundantes, y las muertes provocadas por las duras condiciones ambientales y la falta de refugio, alimentos y agua. Pero, también detalla que los migrantes pueden ser víctimas de accidentes vehiculares, violencia y de caídas desde el muro fronterizo debido a la irregularidad del terreno, a lo que habría que añadir enfáticamente, las condiciones de salud y de falta de acceso a este tipo de servicios en los países de origen, tránsito y destino.
En el caso de los fallecidos, más lamentable resulta que del total de migrantes que mueren en la línea limítrofe de México y EUA, en más de un tercio se desconoce la causa, debido a la escasa presencia humana a lo largo de las fronteras y los terrenos inhóspitos, pues en muchos casos los restos de los muertos son encontrados mucho después de ocurridos los fallecimientos, cuando ya no es más posible establecer la causa de muerte.
De los 1,433 casos que fallecieron o desaparecieron el año pasado, 668 (46.6%) fueron reportados en la frontera de México y Estados Unidos y, peor aún, los restos de muchas personas nunca son recuperados, y sus muertes siguen siendo invisibilizadas. Los mayores números de decesos o desapariciones, después de la frontera entre México y EUA, se dan en las rutas migratorias entre Cuba y EUA, el Darién, República Dominicana y Puerto Rico, del Caribe a Centroamérica y de Haití a República Dominicana.
Según el informe citado, en las últimas dos décadas, el cruce fronterizo entre México y EUA se ha convertido en el escenario de una grave crisis en materia de DH, en la que miles de personas han desaparecido y han perdido la vida durante la migración. En la frontera entre México y EUA es donde más muertes se han registrado desde 2014, cuando la OIM comenzó sus investigaciones.
Recientemente en México tuvimos la muerte de 40 migrantes y 25 heridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, hecho por el cual la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación en contra de varios funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), entre ellos su director general (Francisco Garduño Yañez), Antonio Molina Díaz, director del Control y Verificación Migratoria y el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado en Chihuahua (es decir, responsable de los asuntos migratorios de ese estado). Este contraalmirante fue quien, por teléfono, ordenó que quienes se encontraban alojados donde inició el fuego, no se les abriera la puerta por ningún motivo. Y amenazó con cesar a quien lo hiciera.
Sin embargo, no son los únicos hechos que lamentar, tres años antes, en un incendio en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, murió un detenido y otros 14 resultaron heridos.
Pero también deben recordarse accidentes de tránsito en el tráfico de migrantes, como el ocurrido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde el 9 de diciembre de 2021 murieron 55 migrantes y 105 quedaron heridos cuando un camión en el que los trasportaban volcó antes de entrar a dicha ciudad.
Otros riesgos que corren los migrantes lo han sido los grupos de la delincuencia organizada. Por citar solo algunos ejemplos: en San Fernando, Tamaulipas, los días 22 y 23 de agosto de 2010 los Zetas asesinaron a 72 migrantes de diversos orígenes, durante su tránsito por México con rumbo a los EUA; En Cadereyta, Nuevo León, el 13 de mayo de 2012, en la carretera Monterrey-Reynosa, en Cadereyta, Nuevo León, el Ejército Mexicano reportó el hallazgo de 49 personas decapitadas y desmembradas (entre las víctimas había al menos, 13 migrantes centroamericanos y, solo se habían reconocido la identidad de 16 personas); en Güemez, Sonora (16 migrantes guatemaltecos y 3 hondureños: en febrero de 2015, en el ejido Plan de Ayala, municipio de Güémez, fueron encontrados en una fosa clandestina los cuerpos de los 16 migrantes, quienes por un año estuvieron desaparecidos; y, en Camargo, Sonora, el 22 de enero en 2021, policías de Tamaulipas asesinaron presuntamente a 19 personas, 17 de ellas migrantes, en una zona rural fronteriza de Tamaulipas con Texas (la mayoría de migrantes viajaba desde Guatemala).
En términos laborales, el panorama tampoco es alentador: el 22 de abril pasado, Peniley Ramírez, en su columna Linotipia (periódico Reforma), dio datos a partir de una investigación, en la que se documenta que 6.5 mdd de salarios de trabajadores mexicanos fueron robados por empresas de EUA.
“… la reportera Tina Vasquez llevaba casi dos años siguiendo la ruta de esos millones. En 2021, ella recibió un tip de una fuente. Le dijeron que empleadores estadounidenses habían robado. El Departamento del Trabajo recuperó el dinero, y el gobierno lo estaba guardando. El gobierno no sabía, y aún no sabe, dónde están casi 13 mil víctimas de esa estafa (…) los migrantes, en su mayoría mexicanos, viajan a EU con las visas de trabajo temporal H-2A”
Ramírez y su equipo de trabajo documentaron algunos de los abusos que sufren los migrantes que laboran bajo el amparo de la visa H-2A:
“Descubrimos que en este programa hay una consigna implícita: los trabajadores viajan a EU, bajan la cabeza, no protestan y reciben lo que el empleador decida darles (…) Mike Ríos, un funcionario del Departamento del Trabajo de EUA. Ríos dijo que las visas H-2A son "la compra de humanos para realizar trabajos difíciles, a veces incluyendo condiciones de vida infrahumanas”.
Los trabajadores pagan miles de dólares ilegalmente en México a unos “reclutadores", el 1er filtro para conseguir el empleo. Luego, muchos se financian su viaje a EU. Una vez en las fincas donde deben trabajar, se supone que sus empleadores deben darles comida, albergue y sueldo. En realidad, generalmente los hospedan en sitios hacinados, con colchones inmundos, sin comida. A otros, sus empleadores los estafaron. Los que se atreven a protestar pagan las consecuencias. Las reglas de las visas H-2A señalan que los trabajadores solo pueden laborar para el empleador que les reclutó cuando estaban en su país, así que no pueden renunciar, ni cambiar de empleador, porque pierden su estatus legal. A quienes protestan los despiden, los envían a migración y los ponen en listas negras, para que no vuelvan a EU. Por eso muchos callan y aguantan.
Como corolario, el gobernador de Texas Gregg Abbott desplegó recientemente una fuerza fronteriza especial (Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, una nueva unidad de la Guardia Nacional especialmente entrenada -con acceso a aviones, barcos, equipos de visión nocturna y material antidisturbios) para atacar los "puntos calientes" a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y rechazar a los inmigrantes que intentan entrar ilegalmente en Texas.
Si bien se puso fin a las deportaciones vía el Título 42, ahora está en marcha el Título 8, bajo el cual los migrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México pueden ser detenidos e interrogados sobre los motivos de admisión al país.
De igual manera, el Gobierno de Biden envió 1,500 soldados adicionales para ayudar a asegurar la frontera sur estadounidense y estableció nuevas normas por la que se denegará el asilo a muchos inmigrantes sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera entre EUA y México. Estas medidas se suman a las del gobernador de Texas, quien afirmó que impondrá una pena mínima de 10 años de cárcel a cualquier persona condenada por introducir ilegalmente personas en Texas.
Si bien el gobierno actual anunció en su inicio una política de puertas abiertas, el chantaje de Donald Trump de subir aranceles (hasta en un 30% de los productos importados de México -medida que sería un severo golpe a la economía de México que depende en más de un 70% de la de estados Unidos) a cambio de que en México se detenga a las y los migrantes (del muro de ladrillos al muro físico de la Guardia Nacional (GN), el INM y otras corporaciones oficiales) en la frontera sur de México. En este sentido, el INM no tiene una buena reputación desde tiempo atrás: desde hace varios sexenios tiene múltiples acusaciones de corrupción, salvajismo y de colaborar con grupos de la delincuencia organizada.
México está, en los hechos, actuando como un “país seguro”, al que regresan/envían personas y más personas indocumentadas desde EUA, en lo que supuestamente en aquel país les resuelven su calidad migratoria. Entre el INM y la GN se ha establecido un férreo control fronterizo, tanto en el norte como en el sur.
Es más que deseable que en México, al menos, se lleven acciones en las siguientes tres direcciones: 1. Rediseñar y recuperar la histórica tradición de la política migratoria mexicana, para lo cual, desafortunadamente no se ha tenido apoyo por parte de EUA y de los países de origen de las y los migrantes. EUA se ha desatendido de las condiciones que su política creó: grupos oligárquicos que concentran el poder y los recursos, con grandes núcleos de población en condiciones de pobreza, marginación y exclusión social prácticamente en todos los sentidos. EUA ha visto con desprecio u omisión la situación de ALC.
2. Impulsar programas de protección social que garanticen, al menos, el respeto y la dignidad de las personas en tránsito, incluyendo de manera primordial el acceso a los servicios de salud y al tratamiento de enfermedades, tal como es el caso de la Tuberculosis.
3. Reestructurar en su totalidad al INM, castigar a los responsables de las muertes de migrantes en los “albergues” de este instituto y, quitarle el papel policial y represivo que sigue teniendo.
4. Apoyar a los deudos de las personas que murieron, así como a los sobrevivientes y, hacer efectiva la garantía de no repetición de este tipo de incidentes.
La migración, mientras no haya cambios estructurales que corrijan las desigualdades dentro y entre los países, no se va a detener. Al contrario, a las principales causas de migración (económicas, sociales, políticas, de represión y de inseguridad por violencia), habrá que sumar las que vayan saliendo por cuestiones socio-ambientales y el cambio climático (inundaciones, terremotos, sequías y erosión de suelos, calor, etc.). A lo anterior, también deben considerarse medidas para detener el muy lucrativo negocio que significa la trata de personas.
Hay que remarcar que las y los migrantes no son delincuentes. México también es un país exportador de migrantes. Las autoridades tienen el deber de salvaguardar su integridad. Nada justifica que se les maltrate, se les mate o se les deje morir: Artículo 2 de la Ley de Migración: “son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, los siguientes: Respeto irrestricto de los DH de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.
“En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada”. Mientras los migrantes no cometan algún delito no se les puede estigmatizar, sino más bien, darles oportunidades y protección social, incluyendo el derecho a la salud.
