Abel Barrera, director del
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
La algarabía y el cúmulo de promesas de las candidatas a la presidencia de la República, contrastó con el silencio y la cerrazón del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no atiende la solicitud de diálogo de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Tampoco les dio un espacio a los familiares y sobrevivientes de la violencia de estado implantada por el ejército con sus planes de contrainsurgencia que aplicó en Atoyac de Álvarez, en la visita que realizó el pasado 17 de febrero.
Todo giró en torno a los Programas de Bienestar. La gobernadora Evelyn Salgado remarcó que Atoyac tiene un gran potencial productivo. Celebró que el programa Sembrando Vida beneficie a muchos campesinos. Anunció que en la Costa Grande se invertirán en este año 247 millones 800 mil pesos. Concluyó diciendo: “Eso es tener amor al pueblo. Continuar con la transformación hasta que la justicia llegue y que la paz sea una constante.” En la intervención del director del Banco Bienestar, el doctor Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, expresó que en Guerrero se construyeron 118 sucursales de Bienestar. También señaló que Atoyac cuenta con dos nuevas sucursales en San Juan de las Flores y en la cabecera municipal. Para la consecución de este logro expresó sin tapujos “siempre me da gusto referirme a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los ingenieros militares que han hecho posible la construcción de 2 mil 750 sucursales del Banco Bienestar. Muchas gracias a los ingenieros militares.” Esta alocución no agradó a la mayoría de asistentes que tienen algún familiar desaparecido o asesinado por parte del ejército, cuando irrumpieron en las comunidades y domicilios para detener, torturar, desaparecer y ejecutar a las personas que catalogaban como miembros de la guerrilla.
En su intervención, el presidente Andrés Manuel, hizo referencia a la lucha histórica que se dio en este municipio: “Aquí en Atoyac desde hace mucho tiempo se lucha por la justicia. Hubo un movimiento importante en favor de la gente humilde que encabezó Lucio Cabañas. En aquel entonces tuvieron que tomar las armas porque no había atención al pueblo. Si últimamente estamos hablando que tampoco había atención al pueblo, en ese entonces mucho menos se atendía a la gente. Era más el autoritarismo. Se cerraron todos los caminos y por eso muchos tuvieron que tomar las armas para alcanzar la justicia.
Con esta referencia histórica habló de las tres transformaciones que se lograron con las armas. Recordó que Hidalgo es el padre de la patria, el cura que abolió la esclavitud y luchó por la justicia. “Ahora se está logrando la cuarta transformación sin violencia. Eso es muy importante. Hay un cambio de mentalidad y una revolución de las conciencias. Si se sigue politizando al pueblo se pueden lograr grandes cambios, para que el pueblo sea feliz. Estar bien consigo mismo y con el prójimo, esa es la verdadera felicidad. Aquí en Atoyac siempre se ha luchado para que en el país haya justicia y democracia.”
A pesar del reconocimiento al movimiento armado del comandante Lucio Cabañas, no hubo una referencia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército. Tampoco hubo alguna mención a las comunidades que fueron agredidas, a las familias que sufrieron desplazamientos forzosos. Son centenas de hombres y mujeres que viven en la pobreza extrema, con casas semiderruidas, padeciendo muchas enfermedades, como consecuencia del terror implantado a sangre y fuego por los militares. A estas personas mayores no ha llegado la cuarta transformación. Siguen esperando la indemnización que también por derecho les corresponde, sin embargo, los funcionarios y funcionarias encargadas de esta responsabilidad no aparecen en las giras presidenciales.
Como parte del compromiso que asumimos como comisionados y comisionada del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos, cometidas de 1965-1990, el pasado 28 de febrero organizamos un foro sobre los Diálogos por la Verdad con familiares y sobrevivientes de estos hechos atroces, en Atoyac de Álvarez. Asistieron 174 personas que llegaron de varias comunidades de la sierra. Varias de ellas por primera vez se animaron a dar su testimonio en público. Hubo otras que prefirieron hacerlo en privado. Escuchamos 29 testimonios, la mayoría fueron de hijas o hermanas de personas que fueron sacadas de sus casas y que nunca más volvieron a ver.
La mayoría de casos se registraron en 1974. Hace 50 años que no han dejado de buscar a sus padres, esposos o hermanos. Perdieron lo poquito que tenían para dedicarse a indagar el paradero de sus seres queridos. En todos los casos participó el ejército, que instalaba retenes para detener a quienes consideraba sospechosos. También interceptaba a la gente en los caminos, cuando se dirigía a su parcela o a su huerta. Muchas detenciones fueron en sus domicilios. Entraban a las casas para llevarse a los esposos, causando graves daños a las esposas y a los hijos. Varios testigos que eran niños, recuerdan cómo los militares se llevaron a su papá. Con todo y estos agravios exigían a las esposas que les dieran de comer.
Sus vidas quedaron desechas y truncas porque tenían a los malhechores dentro de sus comunidades, patrullando los caminos, causando terror a toda la población, matando y desapareciendo impunemente. Era el gobierno que atacaba de manera cobarde a la gente del pueblo, a mujeres, niñas, niños y gente de la tercera edad. Les impedían comprar alimentos y estaba prohibido llevar su itacate al campo. Fueron cercados sus caminos y nadie podía salir al campo, mucho menos a otra comunidad. Los mismos militares llegaban a decirle a los familiares que iban a los cuarteles a buscar a sus hijos o esposos, que no dieran más vueltas porque ya los habían matado y tirado al mar. Por eso, todos exigen que el gobierno les diga dónde están sus familiares desaparecidos, vivos o muertos. Que investiguen al ejército porque ellos se los llevaron y saben dónde los dejaron. No pueden continuar con este sufrimiento que se ha prolongado por 5 décadas y todo sigue como cuando empezaron la lucha: ninguna autoridad los atiende, no los buscan, nadie vela por sus derechos.
Han esperado muchos años para ser indemnizados, pero están viendo que el gobierno de López Obrador tampoco va a cumplir. Han constatado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) los ignora y engaña. Cuando han protestado en la ciudad de México les interponen denuncias, como si pedir justicia fuera un delito. Las familias reclaman lo básico: despensas y medicamentos. A la mayoría solo le entregaron una o dos veces despensa y en contadas ocasiones reciben paracetamol cuando se enferman. La cuarta transformación no ha llegado a las víctimas porque no hay verdad, tampoco justicia y sistemáticamente han postergado la reparación que tanto necesitan las familias, para enfrentar las deplorables condiciones económicas que padecen. A las víctimas las han dejado en el olvido y como varias de ellas y ellos comentaron “ya estamos viejos y nos vamos a morir sin tener justicia”.
En la explanada de Palacio Nacional se encuentran plantados los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Llevan 114 meses en pie de lucha, enfrentando mentiras, vituperios, golpes bajos, acciones turbias para dividirlos, ataques a sus representantes legales, negativas para acceder a los 800 folios que oculta el ejército, respaldo total del Jefe del Ejecutivo al Ejército mexicano para dar la espalda a las madres y padres de los normalistas.
Cargando con su dolor, con sus precariedades económicas, sus enfermedades crónicas y desgastes emocionales se mantienen incólumes para exigir la presentación de sus hijos. Desde el lunes 26 iniciaron su jornada de lucha “Contra el muro de la impunidad” para exigir diálogo con el presidente, como reza la manta que cuelga en los ventanales del palacio nacional.
Llevan 7 días en una espera paciente, ardua y combativa
Los estudiantes de Ayotzinapa apoyan su movimiento y están prestos para visibilizar su protesta ante las autoridades federales que han sido omisas para investigar y castigar a los responsables. Los jóvenes también están pendientes para atender las necesidades básicas de las madres y padres, que están acostumbrados a dormir sobre los pisos de tierra, a vivir sobre techos de cartón y en viviendas de adobe y carrizo. Acostumbradas a cocinar con leña y a comer en el piso. Son autosuficientes para preparar sus alimentos y para resistir en medio de las adversidades.
El amor por sus hijos ha trascendido las fronteras del país y la solidaridad se esparce por todos los continentes. La bandera de su lucha es más grande que la que izan los militares cada mañana en el Zócalo capitalino. Abrazan su causa miles de ciudadanos y ciudadanas libres, que han comprendido la esencia de su lucha, que está más allá de posturas partidistas y de cálculos políticos. Su causa no tiene precio ni se circunscribe a negociaciones políticas. Su lucha es para dar con el paradero de sus hijos, su meta es conocer la verdad y alcanzar la justicia. Esta exigencia implica resquebrajar el muro de la impunidad, implica desenmascarar la trama de la macrocriminalidad, por tanto, conlleva a desmadejar la red de complicidades que urdieron las autoridades civiles, militares y el crimen organizado. Por eso es importante conocer los 800 folios que están en manos del Ejército mexicano, y dialogar con el presidente.
