Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV. 9 de marzo de 2021
La colocación de las vallas en el centro histórico previendo las manifestaciones del 8 de marzo, no está exenta de simbolismos. El vocero presidencial le llamó el “muro de paz”, pero resultó ser una provocación. Me viene a la mente cuando este mismo gobierno hace poco más de dos años las quitó, como quitándose una herencia de un pasado opresor, como para recordarnos que tenemos el derecho de ir y venir en libertad. Me pregunto si será más caro despintar las paredes que poner muros, si lo que se busca es proteger los inmuebles o fijar una posición. Me pregunto en qué más se ha gastado cuando se trata de las mujeres. Al escribir estas líneas estamos a la espera del saldo de las personas heridas por proteger las paredes del Palacio Nacional y otros edificios. Las cosas se reparan, lo difícil es transitar con herramientas de paz a la paz.
Me sorprende en verdad que el presidente no considere que tiene una responsabilidad para enfrentar la violencia que sufren las mujeres a diario. Las cifras terroríficas de la violencia feminicida las dio Verónica Villalvazo (@FridaGuerrera) en este espacio, el 5 de marzo pasado. Me parece muy contraintuitiva la reacción para un gobierno que prometió, y que cree firmemente, ser diferente. Intento encontrar una respuesta lógica y la que encuentro es que esa diferencia que subrayan se encuentra -sólo- en el plano moral y a eso apelan. Me explico:
No robar, no mentir, no traicionar (y pues sobre todo no violar, agrega sugerente Yasnaya en un tweet) son los tres principios del presidente Andrés Manuel; señala él mismo con respecto a la exigencia de romper el pacto patriarcal hace unos días: Siempre hemos respetado a las mujeres (...) Yo soy humanista y respeto por eso al feminismo; no somos iguales, no tengo ningún problema de conciencia. El presidente parece mirar su responsabilidad sólo en el plano de la conciencia, en el plano moral, él no es igual a los que agreden, respeta a las mujeres y le molesta que se insinúe que tiene algo que ver en las agresiones de las que acusan a Salgado Macedonio, que de paso, en esa misma línea de pensamiento, serían también un asunto personal que la oposición quiere llevar al terreno de lo político.
La Guía Ética del presidente subraya: La Cuarta Transformación de la Vida Pública Nacional se ha propuesto erradicar la corrupción, construir un Estado de bienestar y de derecho y heredar un país libre, democrático y soberano, en el que la política se oriente por el principio del servicio a los demás y en el que el desarrollo no deje fuera a nadie. Para cumplir tales propósitos es obligado impulsar una revolución de las conciencias, esto es, construir una nueva ética humanista y solidaria que conduzca a la recuperación de valores tradicionales mexicanos y universales, para luego desarrollar 20 puntos que en su mayor parte son preceptos morales. Todo esto es correcto, pero no es suficiente.
La Guía señala en su punto 11 (De la Igualdad) que: se tiene que erradicar el machismo y la violencia contra las mujeres (y que éstas) tengan circunstancias favorables para su desarrollo, su integridad física y emocional y su seguridad, pero no he podido encontrar -me encantaría- la contraparte que encauza la ética pública por medio de políticas públicas que prescriben diagnósticos, promueven estrategias, señalan indicadores y establecen metas cuantitativas y cualitativas. Aquí tendría todo el sentido un Programa Nacional de Derechos Humanos bien planificado que empujase la ética humanista y solidaria de la que habla la Guía.
Es cierto, existe un imperativo moral (el plano de la conciencia) en cada hombre que decide no violentar a las mujeres (o cualquier otra conducta frente a sus semejantes y al mundo), más aún, de descubrir y desactivar los detonadores aprendidos que nos empujan a ejercer la violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus formas y cambiar esas creencias. Pero cuando se trata del ejercicio del poder público, existe además un imperativo ético que lo obliga a crear las condiciones de justicia y de política pública, incluida la creación de leyes, para que se evite la violencia hacia las mujeres, más aún, para generar equidad. En el plano de lo público no podemos apelar a la moral del agresor para terminar con la violencia. Qué bueno tener servidores públicos con alto sentido moral (por eso no queremos a Salgado Macedonio como gobernador), pero si el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que respeta a las mujeres, es porque en uso de sus funciones ha generado todas las acciones posibles de política pública para que nadie las agreda, para que a los hombres nos salga más caro agredir que respetar y así revolucionar las conciencias.
La política pública, bien enfocada, tiene un efecto pedagógico en el encauzamiento de la conducta ética de la ciudadanía (donde el castigo es el último recurso). Por eso se espera que el presidente solicite a Salgado la renuncia a su candidatura, como lo ha hecho una buena parte de la militancia femenina de Morena, no porque afecte la presunción de inocencia de Salgado Macedonio, sino porque beneficia la salud de lo público desvinculándolo de cualquier idea permisiva de violencia o discriminación hacia las mujeres. Más todavía, por las mismas razones, los institutos políticos (o cualquier institución pública o privada, y aquí estoy pensando en los casos del -ex- magistrado Manuel Cavazos en la ciudad de México o las denuncias en contra del conductor de TV Azteca Andrés Roemer) deben evitar por regla, decisiones que ponen en riesgo la salud de la ética pública, postulando o promoviendo a personas con dudosa reputación a puestos de poder (este es el sentido del “3 de 3 contra la violencia de género”). Insistiré que en el plano de lo individual, el derecho a participar en política no puede estar por encima de la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía cuando se corre un riesgo, o dicho de otro modo, no puede estar por encima de la salud de la ética pública.
Para el plano de las conductas individuales punibles están los juzgados. A Salgado, (y a los demás señalados) en el plano de lo público, le conviene que se le desvincule de conductas contrarias a la ética, si fuese el caso, por medio de una sentencia (si quiere seguir siendo político), y lo vincule, por el contrario, al plano de la ética pública, a riesgo de ejercer un gobierno denostado.
Recordará aquella frase del presidente: 90% honestidad, 10% experiencia para entender que la dimensión de la moral es lo único que cuenta en su visión. Si la dimensión de la ética pública no se ve, no asombra que la respuesta a los movimientos que la exigen sea poner vallas, más aún, reprimirlos, y que la exigencia sea vista como una ofensa personal; no asombra que no haya propuestas de política pública para erradicar la violencia contra las mujeres -o erradicar cualquier otra violencia-. Sólo así puedo entender por qué no hay cuestionamientos serios a la efectividad de las procuradurías y al papel que juega el alto índice de impunidad en la perpetuación de las violencias y la inseguridad. En esta gran omisión no es distinto de cualquier otro gobierno en México del que tenga memoria (el último que habló de “renovación moral” fue el presidente Miguel de La Madrid y la corrupción creció), pero no por ello debemos dejar la exigencia, se nos sigue yendo el país en ello.
Creo que la perplejidad del presidente es honesta cuando lo acusan de sostener un pacto patriarcal porque no entiende que “erradicar la corrupción, construir un Estado de bienestar y de derecho y heredar un país libre, democrático y soberano (…)”, necesita más que sólo funcionarios honestos, necesita además política pública deliberada, estrategia, pedagogía y gobierno.
Mientras, la revolución de las conciencias y la solidaridad, la sororidad para ser precisos, seguirán estando del otro lado de las vallas del pacto patriarcal, hoy representado por el Palacio Nacional. Pero quizá me equivoco.