Federico Anaya Gallardo
La semana pasada repasamos, querida lectora, los resultados electorales en las Legislatura LXI (61), LXII (62) y LXIII (63) del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. (Tres trienios que van de 2017 a 2026.) Allí vimos que el convenio secreto entre PRI y PAN que nos reveló el dirigente nacional panista a principios de este año (el Pacto de Marko descubierto vía Twitter/X el 9 de Febrero de 2024) fue cumplido cabalmente en su parte legislativa. En 2023, el PAN recuperó dos de sus cuatro distritos torreonenses y el de Monclova (ganados en 2017 y que había perdido ante el PRI en 2020). Aparte, ganó los distritos de Frontera y Acuña gracias a una re-distritación previa a 2023 que debilitó a la Unión Democrática de Coahuila (UDC) –el partido de Izquierda local en el norte del Estado. El arreglo, sumado a la división en las Izquierdas, aseguró que ni la UDC, ni MORENA ni el PT ganasen ningún distrito y debiesen conformarse con diputaciones plurinominales. En 2023, el PRI se quedó con la mayor bancada (diez de los 25 curules de mayoría más una pluri) y puede contar con los tres del PRD (dos de mayoría y un pluri) que es improbable que se indiscipline, pese al berrinche panista que hoy estamos presenciando. (Y por lo que diré hoy, probablemente tampoco se indisciplinen todos los panistas coahuilenses.)
Concluía mi análisis previo diciendo que la revelación de Marko Cortés Mendoza era una estupidez, entre otras cosas, porque permitía al PRI coahuilense incumplir en 2024 con sus compromisos para las elecciones legislativas federales y en las de ayuntamientos coahuilenses. (Recuerda, lectora, que Coahuila tiene un calendario electoral muy propio, “de ella misma”.) Hay que recordar que el PAN se desvaneció en ese Estado en las legislativas estaduales de 2017 –cuando MORENA le arrebató su tradicional segundo lugar) y que, en una elección federal con una candidata fuerte de MORENA a la Presidencia, el PAN local bien podría tener problema para sostenerse por sí mismo.
Analicemos ahora los elementos ejecutivos del Pacto de Marko. Ya comenté que es muy razonable y hasta legítimo que en una coalición electoral los partidos se repartan carteras en el gobierno. Por su predominio previo era lógico que el PRI llevara la mano en nominar (“conducir y siglar”, como dice el Pacto de Marko) al candidato a gobernador en 2023. Pero igualmente el PAN podía pedir que el priísta triunfante diese al blanquiazul secretarías en su gabinete. Este tipo de convenios es propio de las democracias pluripartidistas. No hay nada de qué avergonzarse. De hecho, el modo en que se reparten las carteras le indica a la sociedad qué parte de la agenda política le interesa a cada una de las partes en la coalición.
Pero –ya lo dije– el electorado tenía derecho a saber lo negociado desde un principio ¡y no un año después! En toda Coahuila la militancia blanquiazul y la tricolor habían venido disputándose el poder político por tres cuartos de siglo. Para hacer razonable la inesperada alianza de los contrarios, ¿no era razonable que supiesen qué ganaba su partido con el pacto?
En el documento trinado de Cortés, ó Pacto de Marko, el PAN se quedaría con tres secretarías de Estado. Dos bien definidas: (1) infraestructura y obras públicas; y (2) fiscalización. Una indefinida: “Medio Ambiente Turismo o Economía o Cultura” (sic que muestra la pésima ortografía del secretario que tecleó el acuerdo y la dejadez de los firmantes).
En la Administración Pública de Coahuila de Zaragoza existen las secretarías de “Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad” y de “Fiscalización y Rendición de Cuentas”. Podemos suponer que las primeras dos carteras prometidas al PAN eran estas dos. El problema es que la tercera cartera podría referirse a cuatro secretarías: (a) la de “Medio Ambiente”, (b) la de “Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos”, (c) la de “Economía”, ó (d) la de “Cultura”.
El PAN pidió una secretaría que gasta muchísimo dinero estadual y federal (infraestructura) así como la secretaría que vigila internamente a todas las otras (contraloría-fiscalización). Estas requisitorias no tienen “sentido lógico”, pero “suenan metálico”. Son espacios para gastar dinero y para vigilar el gasto que haga el gobernador aliado-pero-no-hermano.
Aparte, de acuerdo con otro renglón del Pacto de Marko, el PAN se quedaría con “Infraestructura educativa o Agua o Junta de Caminos”. Es decir, otras tres agencias ejecutivas adonde se ejercen grandes cantidades de dineros públicos. Hay que reconocer que el PAN no pretendía quedarse con los tres rubros, sino sólo con uno de ellos –a menos de que los firmantes panistas tampoco hayan comprendido bien a bien que signifcaba la “o” en la mala redacción del pacto. La construcción-reparación de escuelas, obras de agua y saneamiento así como los caminos “suenan igual de metálico” que la secretaría de infraestructura. Los panistas requieren espacios a través de los cuales beneficiar a los negocios de los empresarios que les apoyan.
Pero, ¿y la tercera secretaría? … ¿El PAN escogería entre ecología, turismo, cultura, ó economía a contentillo de qué? En otras palabras, el pacto trinado nos deja ver que el PAN no tiene proyecto de sociedad. Su lógica es sólo metálica, no ideológica. No es realmente política. Diría José Alfredo: sólo buscan el dinero maldito que nada vale.
Notemos, lectora, que la geopolítica –la preservación de espacios territoriales– podría haber sido otra guía al forjar coaliciones electorales. Recordemos la fortaleza del PAN en los cuatro distritos legislativos de Torreón. Se trata de un fenómeno de larga data. Si había alguna lógica territorial en el pacto prianista, ¿por qué no pactaron los blanquiazules quedarse con la secretaría de Estado especializada en la mitad coahuilense de La Comarca Lagunera?
Esta dependencia existe y demuestra la factibilidad de una La Laguna libre y soberana (pero esa es otra historia que argumentaré en otra ocasión.) Se llama “Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna”. El nuevo gobernador priísta, Manolo Jiménez Salinas, puso en este puesto a un priísta de cepa vieja en La Perla lagunera (así le dicen a la bella Torreón). Se trata de Eduardo Olmos Castro (n.1965). Olmos fué secretario general de la CNOP en Torreón (1997-1999) y dos veces presidente del comité municipal tricolor local (2000-2003 y 2019-2022).
Pero los panistas no pidieron esa dependencia. Mi lectura: las élites blanquiazules no buscan fortalecer su control regional lagunero hasta el punto de enemistarse con el poder fáctico de Saltillo. (Los soberanistas laguneros no deberíamos confiar en ellos.)
¿Qué hizo el nuevo gobernador priísta con las promesas hechas al PAN en el Pacto de Marko?
En la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Manolo Jiménez Salinas nombró a Miguel Ángel Algara Acosta. Algara es originario de Torreón (n.1966) y es un abogado por la Universidad Iberoamericana-Torreón (jesuita). Se trata de un constructor privado en La Laguna que hizo carrera política en el Municipio de Torreón bajo alcaldes priístas. De hecho, ya era titular de esta dependencia en el poder ejecutivo estadual durante la Administración Riquelme (2017-2023). En Columnas de México del Martes 5 de Diciembre de 2023, el comentarista “Tribunal-Justiciero” comentó que las cinco regiones del Estado estaban muy bien representadas en el gabinete del nuevo gobernador. (Liga 1.)
En la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Manolo Jiménez Salinas nombró a Elma Marisol Martínez González, nacida en Saltillo, cuya carrera la hizo en el área de vigilancia del Ayuntamiento de Saltillo cuando el actual gobernador fue Alcalde allí. Gente cercana del nuevo mandatario. (Nadie está tan loco como para poner al vigilante interno en manos del enemigo secular.)
En otras palabras, respecto de las dos dependencias fuertes que el PAN había “apartado” para sí, el nuevo gobernador priísta prefirió gente de la confianza del gobierno previo (infraestructura) y de él mismo (fiscalización). Se entiende el enojo de la dirigencia nacional panista, aunque los blanquiazules no tengan mucho con qué reclamar lo acordado más allá del papel mojado que contiene el Pacto de Marko.
Veamos qué hizo el nuevo gobernador.respecto de la tercera dependencia prometida en lo oscurito hace un año.
En la Secretaría de Medio Ambiente, Manolo Jiménez Salinas nombró a Diana Susana Estens de la Garza, nacida en Torreón (n.1958). Estens es una química-bióloga-farmacéutica de la Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) que muy al principio de su vida profesional trabajó en el IMSS-Torreón y en el Hospital Infantil. Luego se dedicó al hogar y fue profesora en planteles privados de educación media. (Su “tipo social” sería panista.) Su participación pública ocurre tardíamente, como directora de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Torreón (2006-2009) bajo el panista José Ángel Pérez Hernández. (Una señal de panismo práctico, pero Pérez Hrnández es hoy en día petista.) Más tarde, Estens trabajó en esa misma área bajo dos alcaldes priístas. El primero fue Miguel Ángel Riquelme Solís (2013-2016). Riquelme fue luego gobernador. El otro alcalde era Román Alberto Cepeda González (2021-2024), hermano de otro alcalde (Carlos Román, 1991-1993) y nieto de otro (Román Cepeda Flores, 1948-1951) quien aparte fue gobernador del Estado (1951-1957). Los Cepeda son dinastas priístas de vieja cepa lagunera coahuilense.
En la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Manolo Jiménez Salinas nombró a Cristina Amezcua González, de Monclova (n.1977). Amezcua fue presidenta del PRI en esa localidad y luego alcaldesa. Aparte, era la diputada federal (por el PRI) representando Monclova (distrito electoral federal 3) en este trienio 2021-2024. Como PRI y PAN fueron aliados en 2021 podemos suponer que se trata de una priísta “aceptable” a los blanquiazules. Pero no es panista.
En la Secretaría de Economía, Manolo Jimenez Salinas nombró a Claudio Mario Bres Garza, administrador de empresas originario de Piedras Negras (n.1957). Se trata de otro secretario de la Administración Riquelme ratificado en el nuevo gobierno. Es un cuadro priísta con robusta carrera electoral. Ha sido tres veces alcalde de Piedras Negras (1996-1999, 2003-2005 y 2019-2021) y fue diputado federal entre 2000 y 2003. Es propietario de una estación de radio (XEMU La Rancherita del Aire).
Finalmente, en la Secretaría de Cultura, Manolo Jiménez Salinas nombró a Esther Quintana Salinas, abogada por la UNAM nacida en Acapulco (n.1951) y saltillense de arraigo. Es la única panista de todos los que acabo de mencionar. Ingresó al PAN desde 1993 y fue presidenta del blanquiazul coahuilense entre 2004 y 2007. Su carrera incluye haber sido delegada de la federal Procuraduría Agraria en San Luis Potosí en 2008 (en la Administración Calderón). Fue diputada coahuilense (2009-2011) y federal (distrito electoral federal 7, Saltillo, 2013-2015). En 2018 fue candidata perdedora al Senado (tercer lugar, luego de MORENA y el PRI). En 2021 fue otra vez candidata perdedora a diputada federal en distrito 4 (Saltillo). Allí no hubo coalición: le ganó el PRI.
Así las cosas, el nuevo gobernador priísta nombró a dos cuadros administrativos leales al PRI y a quienes ya conocía su grupo político en las secretarías que sonaban metálico (infraestructura y fiscalización). Igual hizo en tres de las cuatro opciones que se podrían haber barajado para el PAN como tercera cartera (ecología, turismo y economía) y concedió la secretaría de cultura a una panista notable por haber perdido sus últimas dos elecciones.
Habrá que ver qué ocurrió en las áreas encargadas de construcción de escuelas, agua-saneamiento y caminos; pero es de suponer que el nuevo gobernador priísta incumplió igual. De otra manera, no se entiende la furia ciega del dirigente nacional del PAN que lo llevó a confesar ante la República el pésimo Pacto de Marko.
Es evidente que la mirada de los priístas coahuilenses está en 2024, pero no en la elección federal (adonde supuestamente tienen compromisos con Xóchitl Gálvez, quien ya denunció el Pacto de Marko). Su interés son las elecciones municipales. Y luego, les interesa la elección estadual intermedia de 2026 y la de gobernador de 2029. Y a nivel estadual, el primer competidor del PRI seguiría siendo el PAN, como demostró el mal desempeño de las Izquierdas en 2023. Toda política es política local.
Liga usada en este texto:
Liga 1:
