Por Aída Hernández Castillo
La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación cerró el 2020 reportando que durante este año 6, 925 personas desaparecieron en México, de estas un 25.68% son mujeres (1,778), un 73.96% son hombres (5,122) y .36% (25 ) de género indeterminado (sin que se aclare si se trata de población no binaria o si simplemente no se reportó el género) (Versión Pública RNPDNO - Dashboard CNB). Es decir, que lo que la directora de Ciencias Forenses de la UNAM, Zoraida García Castillo, ha denominado la “pandemia de la desaparición” continuó durante todo el 2020, paralelamente a la pandemia del COVID19[1]. Estos números se suman a los 8,345 desaparecidos reportados en el 2019 (el número anual más alto de desapariciones de las últimas cuatro décadas). Es decir que, durante los dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 15, 270 personas han sido reportadas como desaparecidas, llevando la “numeralia del terror” a un total de casi 78 mil personas desaparecidas en el país. Paralelamente, 38 mil cuerpos siguen bajo custodia del Estado, esperando ser identificados.
El balance del 2020 nos habla de que algo no esta funcionando como se esperaba en la nueva estrategia de seguridad del gobierno actual. Los discursos y las buenas intenciones no han sido suficientes para desmantelar el “aparato desaparecedor” que se puso en marcha en la última década en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Si bien el discurso oficial ha señalado al crimen organizado como el principal responsable de estas desapariciones y como el principal perpetrador de los miles de asesinatos que han dejado al país convertido en una gran fosa común, la participación directa o la aquiescencia de las fuerzas de seguridad en estos hechos, ha sido ampliamente documentada por los organismos de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas. En muchas regiones del país, el crimen organizado sigue actuando desde las estructuras estatales de poder, muchas veces a partir de nuevos acuerdos, como es el caso de Morelos en donde funcionarios que habían sido denunciados por sus vínculos con el narcotráfico en Veracruz en la administración anterior, ahora dirigen las cárceles morelenses y ocupan altos cargos en la estructura de seguridad.
Ante esta pandemia, han sido los colectivos de familiares de personas desaparecidas, mayoritariamente integrados por mujeres, los que han encabezado las búsquedas, aún en el contexto de la crisis sanitaria, muchas de ellas contagiándose y poniendo en peligro sus vidas. Reproduciendo la ética del cuidado que ha caracterizado el trabajo reproductivo de las mujeres, las madres, hermanas, esposas de personas desaparecidas, siguen siendo la conciencia de nuestra sociedad, recordándonos que esta crisis sanitaria ha venido a profundizar las condiciones de vulnerabilidad de las familias precarizadas, ya de por sí afectadas económica, social y psicológicamente por la desaparición de sus seres queridos.
Retomando el concepto de los grupos nativo-americanos de Canadá y Estados Unidos, se trata de Mujeres-Medicina, que, con su trabajo de búsqueda, de re-construcción del tejido social y de lucha por la justicia, han venido a sanar a sus comunidades. Desde la formación de los primeros colectivos de familiares de desaparecidos durante la “Guerra Sucia” a finales de los años setentas, fueron las mujeres del Comité Eureka y de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas (AFADEM), con figuras emblemáticas como doña Rosario Ibarra de Piedra, las que popularizaron el slogan “¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
Décadas más tarde, fueron también las madres de las jóvenes desaparecidas de la organización Justicia para Nuestras Hijas las que junto con otras organizaciones de derechos humanos lograron en el 2004 que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) empezara a trabajar en territorio mexicano, identificando los cuerpos de las fosas clandestinas que aparecieron en Chihuahua. Fueron también ellas, integradas en la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y sus representantes legales, quienes en el 2009 llevaron al Estado mexicano al banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso conocido como Campo Algodonero (González y otras vs Mexico)[2] y lograron la primera sentencia de la Corte con perspectiva de género, que reconoce las condiciones de desigualdad estructural que posibilitaron el agravio.
En el 2009, son también mujeres las que encabezan la formación de los colectivos de desaparecidos en el norte de México con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y posteriormente Fuerzas Unidas por Nuestro Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL). A todo lo largo y ancho del país, se empiezan a formar colectivos de búsqueda, qué, aunque no son exclusivamente de mujeres, si tienen una mayoría femenina y un fuerte liderazgo de mujeres que marca las dinámicas organizativas, poniendo en el centro el fortalecimiento colectivo y el acompañamiento emocional. Cuando en el 2015 surge el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que aglutinaba inicialmente a unas 30 organizaciones de familiares, la figura de Doña María Herrera, madre de cuatro jóvenes desaparecidos, se convierte en un referente ético para todos los colectivos. “La Madre” como es conocida cariñosamente por las familias, es buscada para conciliar cuando hay conflictos en los colectivos, para asesorar en la formación de nuevas organizaciones o para consolar cuando el cansancio o la tristeza avasalla a alguna de las mujeres. Esta Mujer-Medicina, ha hecho de su dolor fortaleza y ha adoptado hijos e hijas en todo el país, que se acogen a su ternura radical.
He tenido el privilegio de sentir la fuerza política y espiritual de Doña María, y de cientos de mujeres como ella que ahora son nuestra conciencia política. He vivido el influjo de esta sanación comunitaria en carne propia, cuando he acompañado a Las Rastreadoras de El Fuerte, que con picos y palas buscan a sus hijos e hijas en terrenos baldíos, drenes o montañas de la región; he podido sentir esa energía de vida, a todo lo largo de la pandemia, en las conferencias de prensa que las mujeres de Regresando a Casa Morelos y de la Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, han realizado frente al Palacio Municipal de Cuernavaca, demandando que se identifiquen los cuerpos exhumados de las fosas de Jojutla, que desde abril del 2017 están esperando regresar con sus familias; he podido “amadrinar” la formación de la organización Uniendo Esperanzas Estado de México, en un ritual de solidaridad oficiado por el padre Carlos Mendoza y acompañar a Verónica Rosales en múltiples rituales en donde el fortalecimiento espiritual es tan importante como la denuncia.
La pandemia no logró parar estas luchas, por medios digitales, o presencialmente cuando fue necesario, estas mujeres siguieron buscando no solo a sus seres queridos, sino a todos los hombres y mujeres desaparecidos, a quienes han convertido en sus hijos e hijas, construyendo nuevas familias unidas por el dolor y la esperanza, confrontando las perspectivas biologisistas y tradicionales del parentesco.
Para las madres de los colectivos de Morelos, los 117 hombres y mujeres encontrados en las fosas clandestinas del Estado en Tetelcingo en junio de 2016, y las 80 personas exhumadas en Jojutla en abril del 2017, son sus hijos e hijas, y como tales vigilaron presencialmente su exhumación, lloraron sus muertes, rezaron por sus almas y sus familias, y no pararán de protestar hasta que logren su identificación y puedan tener una sepultura digna. En el documental Volverte a Ver, hecho por la documentalista Carolina Corral (https://www.youtube.com/watch?v=KOEBQO6Vmkk) podemos ver como se han convertido en especialistas forenses para supervisar y documentar las exhumaciones, y así poder exigir al Estado que cumpla con las responsabilidades de identificación, investigación, justicia y reparación, que hasta ahora ha vulnerado.
De igual manera Las Rastreadoras de El Fuerte, no sólo buscan a sus hijos, sino a todos y todas las desaparecidas, incluso muchas de las madres que ya han encontrado, entre ellas su líder Mirna Medina, continúan participando en las búsquedas. Al considerar a todos los cuerpos que encuentran como personas y no solo como restos humanos, y al adoptarlos como propios, rompen con la “privatización de los muertos” y refuerzan el sentido de comunidad. Esta política del cuidado sobre los cuerpos de los desaparecidos, las ha llevado a desarrollar el proyecto de “El Pueblito”, que han propuesto a la municipalidad de Los Mochis y para el cual han comprado un terreno en el cementerio municipal con el fin de exhumar los cuerpos de la fosa común y hacer pruebas de ADN a todos los cuerpos no identificados, para después cruzar esta información con su base de datos. Aquellos que no se logre identificar, serán adoptados como hijos e hijas y cuidados por ellas en “El Pueblito,” en donde se enterraran de nuevo hasta que sus verdaderas madres los reclamen. [3]
Frente a lo que la antropóloga feminista Rita Laura Segato ha llamado “la pedagogía del terror” que funciona destruyendo, mutilando y desapareciendo cuerpos, que han sido construidos como desechables, enviando así un mensaje de terror que va dirigido a todos y a todas, estas Mujeres-Medicina han desarrollado una pedagogía amorosa del cuidado de los muertos, que los re-dignifica y los reintegra a la comunidad, borrando las fronteras entre vivos y muertos. Sus prácticas de búsqueda y de cuidado, son una forma de sanar a una sociedad lastimada por las violencias extremas y por la impunidad estatal.
En estos meses de crisis sanitaria, ellas han continuado buscando a sus hijos, cuidando a los muertos y cuidándose unas a otras, a la vez que construyen comunidad con cada una de estas prácticas. Su trabajo se ha dado en varios frentes, por ejemplo las organizaciones aglutinadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se reunieron través de medios digitales para promover el acuerdo por el que se prohíbe la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia del COVID-19; no sólo fueron promotoras del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense aprobado el 20 de marzo del año pasado y del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dado a conocer el 6 de octubre pasado, sino que participaron de manera activa en la elaboración y discusión de los documentos previos. Se han convertido en abogadas y forenses amateurs, llevando su experiencia a las reuniones digitales de discusión con la Comisión Nacional de Búsqueda, y obligándola a respetar una de las demandas que ha estado en el centro de sus luchas: ¡Sin las familias No!
Otro de los logros importantes del movimiento durante este año fue el reconocimiento por parte del Estado mexicano México, de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para recibir y examinar comunicaciones individuales de particulares por ese delito. A pesar de que el gobierno mexicano había adoptado desde diciembre del 2006, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones, había dejado pendiente de reconocimiento el artículo 31, que reglamentaba las competencias del citado Comité. Ante el rechazo de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), a reconocer el artículo 31, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, representado por Doña María Herrera promovió en el 2018 un amparo para forzar la llegada del Comité contra la Desaparición Forzada, logrando que el caso se remitiera a la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, el 2 de octubre pasado, sus demandas fueron escuchadas y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó a la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU el instrumento de aceptación suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a este logro los familiares desaparecidos podrán llevar sus casos ante esa instancia, la cual estará en posibilidades de revisar casos individuales y hacer recomendaciones.
Si bien el mundo del internet se ha convertido en un espacio fundamental para articular sus luchas a través de foros, mesas de trabajo, talleres de acompañamiento psicosocial, no todos las colectivas han optado por el activismo digital. Para otras fue imposible “quedarse en casa” cuando el teléfono de seguía sonando con llamadas de auxilio, reportando desapariciones y hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas. Tan solo en el estado de Veracruz fueron encontradas 180 fosas, durante el periodo de la pandemia. Durante el mismo periodo Las Rastreadoras de El Fuerte documentaron la desaparición de 25 personas tan solo en el municipio de Ahome, y siguieron recibiendo llamadas reportando fosas clandestinas recientes en la región. Si ellas no salían a buscar, nadie lo haría, porque al parecer la búsqueda de desaparecidos no es considerada una actividad esencial por las autoridades locales. Muchas de ellas enfermaron de COVID19, y recibieron el cuidado y apoyo solidario de sus compañeras. Porque para estas Mujeres-Medicina, la sanación es una tarea cotidiana que se logra con el cuidado de los vivos y muertos.
[1] https://adondevanlosdesaparecidos.org/2020/05/21/la-otra-emergencia-que-no-para-en-tiempos-de-covid-19/
[2] Se trata de los feminicidios de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, acaecidos en noviembre del 2001 cuyo caso es llevado a la Corte IDH ocho años más tarde, ante la falta de justicia en México. Cada una de ellas desapareció en fechas y lugares diferentes. Sin embargo, las fechas en que desaparecieron fueron muy cercanas, las tres víctimas eran mujeres jóvenes y de escasos recursos y sus cuerpos aparecieron en el terreno conocido como Campo Algodonero a las inmediaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua.
[3] Un análisis más amplio de esta experiencia se puede encontrar en http://www.rosalvaaidahernandez.com/es/la-antropologia-juridica-feminista-y-sus-aportes-al-trabajo-forense-con-familiares-de-desaparecidos/
