Abel Barrera
Director del Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
El pasado lunes 29 de enero presentamos en la ciudad de Chilpancingo, nuestro XXIX informe. Es un esfuerzo que realizamos con muchas dificultades, por lo que implica abstraernos del trabajo cotidiano. Escribimos para mantener viva la memoria y las luchas de un pueblo combativo.
En este fin de sexenio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador posicionó al Ejército como el principal cuerpo de seguridad, que cuenta con un marco legal a modo, a contrapelo de las recomendaciones internacionales. Dispone de un amplio presupuesto federal y goza de múltiples prerrogativas con las nuevas funciones que le asignó por decreto presidencial. El instituto armado es la secretaría que mayor reconocimiento, respaldo y protección tiene del presidente de la República, al grado que el mandatario mexicano se ha convertido en su vocero y defensor a ultranza.
Con la obediencia debida y con la argucia de que los militares son el pueblo uniformado, el presidente reivindica al Ejército como una institución leal, modesta, que en tiempos pasados sólo cumplió órdenes de los expresidentes. El mandatario mexicano es obstinado en exonerarlos de los crímenes de lesa humanidad que han comentido, y en todo momento los deslinda de su involucramiento en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No da importancia a los 6 informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que con rigor científico desmontaron la verdad histórica. Después de conocer los pormenores de la información que encontraron en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala, el GIEI planteó, que tanto el Ejército como la Marina tienen información vital, sin embargo, el presidente ha dicho que es falso que el Ejército no haya entregado toda la información sobre el caso Ayotzinapa. Descalificó sus hallazgos y cuestionó su trabajo.
Para el GIEI el comportamiento del Ejército en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala se debe a la colusión que se dio con mandos y miembros del 27º Batallón de Infantería (BI), con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Las escuchas telefónicas llevadas a cabo en el proceso judicial de Pablo Vega –preso en un cárcel de Estados Unidos– y otros en Chicago, en el 2014, muestran que había colusión de mandos militares del 27º BI y 41º Batallón de Infantería con el grupo criminal Guerreros Unidos. En esas escuchas se habla de pagos y relaciones con varios militares. Las mismas declaraciones de testigos protegidos han señalado que les proporcionaban dinero periódicamente para que dejaran de llevar a cabo sus acciones contra Guerreros Unidos. Esto explica en parte su actuación, ocultamiento y falta de protección a los estudiantes, a pesar de la información que tenía a su disposición desde las 6 de la tarde del 26 de septiembre de 2014 y durante toda la noche.
Esta colusión es parte de las condiciones que facilitaron que se consumara la desaparición de los normalistas. La simulación que realizó el 27º BI durante esa noche, sin interferir en ninguno de los ataques y llegando supuestamente cuando las muertes y desapariciones ya se habían producido, tuvo además su continuidad en el ocultamiento de información, el desvío de la atención a otras supuestas razones de la no protección de los jóvenes y la negación de hechos ya probados.
Por otra parte, se demostró que el área de inteligencia militar de la Sedena, tenía desde hace varios años dentro de la mira, a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, daba seguimiento a los jóvenes, a sus comités, asambleas, acciones y movilizaciones políticas, con un enfoque contrainsurgente. Las movilizaciones y asambleas de los normalistas eran monitoreadas por agentes de inteligencia militar –adscritos a los Órganos de Búsqueda de Información (OBI)– infiltrados entre los estudiantes y que ejercieron vigilancia tanto en Tixtla como en Chilpancingo o Iguala. Al menos tres OBI’s estaban dentro de la escuela y en Tixtla. Uno de los jóvenes desaparecidos era agente activo de inteligencia y enviaba informes periódicos de las movilizaciones de los jóvenes y sus actividades (asambleas, discusiones políticas, boteo, tomas de autobuses). Otro más cursaba el segundo año y no participó en la toma de autobuses, porque era una actividad que estaba programada para los estudiantes de primer año. Los documentos de la Sedena muestran el nivel de detalle de dichos informes, así como los objetivos y focalización de personas y actividades.
La visión contrainsurgente lleva asociada un trato despectivo y discriminatorio. Una imagen negativa de los estudiantes al considerarlos como parte de la guerrilla en Guerrero y una falta de reconocimiento de su ciudadanía al calificarlos como “vándalos”. Sin esta visión estereotipada y con acusaciones falsas de que la Normal de Ayotzinapa es un nido de guerrilleros, hubiera sido muy difícil realizar un ataque masivo y un ocultamiento de los hechos a gran escala, como el que tuvo lugar en Iguala.
La afanosa búsqueda que realizó el GIEI en los archivos de la Sedena dio con información existente en intercepciones telefónicas y en mensajes de personas relacionadas o acusadas de haber sido responsables de estos hechos. En una hoja de referencia del 5 de octubre de 2014 encontraron conversaciones entre Francisco Salgado Valladares con El Gil, donde informan que son 17 personas y que hay camas para aterrizarlos. También hay una conversación entre El Cholo Palacios y Ramón que mencionan una cueva donde tienen a los estudiantes.
Estas comunicaciones indicarían que parte de los jóvenes pudieron estar vivos días después de los hechos y que un grupo había sido llevado cerca de Lomas de Coyotes, un lugar donde probablemente fueron conducidos varios estudiantes.
Para conocer el destino de los normalistas, de acuerdo con el GIEI, es fundamental tener mecanismos de presión y colaboración, incluyendo una judicialización efectiva, que den cuenta de verdades que puedan ser comprobadas de manera efectiva y fehaciente. Por su parte, las madres y padres exigen al presidente de la República que no encubra ni proteja al Ejército; que los mandos militares entreguen toda la información que hace falta y que no se destruyan los documentos que obran en los archivos de la Sedena, relacionados con la desaparición de sus 43 hijos.
Las autoridades de Guerrero han sucumbido ante el crimen organizado. A pesar de que la gobernadora Evelyn Salgado Pinda cuenta con todo el respaldo del presidente de la República, no hay resultados tangibles, a dos años de su administración. La presencia de la Guardia Nacional está lejos de ser un escudo para la población que se encuentra inerme ante el poder creciente de los grupos delincuenciales. La violencia se ha desatado en las principales ciudades turísticas y en Chilpancingo.
En las 8 regiones se han registrado casos sumamente graves que muestran las flaquezas de un modelo de seguridad diseñado por los mandos militares que han supeditado a las autoridades civiles. La población agraviada ha quedado al margen, se hace escarnio de las víctimas y no se escucha el clamor de justicia de las familias. Hay un distanciamiento de las autoridades del estado con la multiplicidad de actores de la sociedad civil que no encuentran una interlocución efectiva para plantear sus demandas y propuestas.
A pesar de que las comunidades campesinas e indígenas conocen el modus operandi de las organizaciones criminales, el Ejército ignora y descalifica cualquier información que dan cuenta de las incursiones de estos grupos en los territorios comunales. Varios periodistas han documentado de manera directa las atrocidades que cometen, sin embargo, no prosperan sus reportes. Las autoridades en lugar de atender las denuncias y cotejar la información, para poner a salvo a la población, descalifican el trabajo periodístico y más bien lo consideran como un golpeteo político que busca dañar la imagen de la gobernadora. Criminalizan el trabajo de los periodistas críticos, al ubicarlos como parte de los grupos delincuenciales.
Las autoridades comunitarias han asumido los riesgos que implica denunciar los atropellos que padecen por parte de la delincuencia. Viajan a la capital del estado en busca de las autoridades, pero todo es en vano porque se topan con la burocracia que sólo recibe papeles y no tiene disposición ni sensibilidad para atender y canalizar los asuntos. El mandato que la asamblea le otorga a sus autoridades es buscar la interlocución con la gobernadora, la Guardia Nacional, el Ejército y el secretario de Seguridad Pública, para plasmar el sentir de la gente y demandar su presencia en los lugares donde la delincuencia ha desplazado a los pobladores y ha tomado el control de sus tierras. Son planteamientos de fondo que tienen que ver con la seguridad de las familias, con el respeto a su vida y su patrimonio. Su presencia es para reportar asesinatos, decapitaciones, desapariciones, desplazamientos forzados, despojos, quema de viviendas, violaciones sexuales, robo de ganado, tala ilegal de madera. Es un escenario atroz donde la ley son las balas de los delincuentes que aterrorizan a la población.
En lugar de maestros y médicos hay sicarios. Las herramientas de trabajo son las metralletas y los gobernantes son los jefes de las plazas del narco.
Hay un gran abismo entre las autoridades del estado encargadas de brindar seguridad y de investigar los delitos con los representantes de las comunidades y los ejidos. Esta hondonada del olvido no sólo es por la geografía agreste y los caminos intrincados, sino porque mantienen en el abandono a las comunidades que sobreviven a pesar del gobierno y la delincuencia. En los enclaves donde la delincuencia se ha ido posicionando de los territorios, hay una gran diversidad de bienes naturales y riquezas potenciales.
Los gobiernos en lugar de detonar el desarrollo con la participación de las comunidades que han sabido cuidar y respetar la naturaleza, han implantado un modelo extractivista basado en la explotación depredadora de los bosques, en el saqueo de las riquezas naturales, la destrucción del hábitat con la minería a cielo abierto y la descapitalización del campo. Lo contrastante de este paisaje megadiverso es la pobreza de sus pobladores y la sobre explotación de la mano de obra por los delincuentes.
De la Montaña y la Sierra sale la mejor producción de mariguana y heroína para las ciudades de Chicago, Atlanta y Nueva York. De las regiones más pobres de Guerrero el negocio de la droga genera millonarias ganancias que quedan en los bolsillos de la elite gobernante, los capos del narcotráfico y los mandos del Ejército. La extracción de la goma de amapola, del agua para el lavado del oro, no sólo ha devastado los territorios ancestrales de los pueblos, tambien ha succionado su sangre, pobladores que han agotado sus energías con jornadas de trabajo extenuantes. Son los esclavos del capital trasnacional que sufren el azote de los grupos criminales.
