Abel Barrera, director del
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
El paisaje guerrerense es encantador: sus costas de belleza exuberante lucen el mar bravío y bullanguero de un pueblo festivo. Sus playas paradisiacas conquistan al mundo por su sol que embriaga de pasiones y aventuras a los paseantes. Mares y lagunas son un potencial acuífero que sigue sin beneficiar a la población pobre del litoral suriano. Belleza y violencia se funden, turismo y narcotráfico se entreveran, paraíso e infierno conviven en el mar de la iniquidad. La pobreza extrema contrasta con la riqueza marítima, turística, forestal y ganadera que controlan caciques, políticos y jefes del narco.
La Costa Chica sigue sumida en el olvido y el abandono de los gobernantes, las comunidades afros e indígenas sobreviven del pequeño comercio, la agricultura y la pesca. Están sometidos por caciques y políticos corruptos. Padecen la plaga de los grupos delincuenciales que se han arraigado en el puerto de Acapulco y se extienden hasta la costa oaxaqueña.
La ruta terrestre está fraccionada por los grupos que transportan y distribuyen la droga en cada municipio. Los presidentes municipales se supeditan a los planes del crimen organizado para trabajar sin sobresaltos y amasar fortunas. Pocas oportunidades tienen los jóvenes para estudiar una carrera. Prefieren salir a Chilpancingo o Acapulco en busca de un mejor trabajo. Las comunidades rurales carecen de los servicios básicos. A pesar de que viven en enclaves de reservas acuíferas, carecen de agua potable. El bajareque sigue siendo el recurso de las familias pobres para construir sus viviendas. Los materiales industrializados son inalcanzables para los precarios ingresos de sus pobladores. Los pueblos de la Costa se han organizado para lidiar contra delincuentes de la política y de la droga. La policía comunitaria y los grupos de autodefensa reactivaron sus sistemas de seguridad y justicia para proteger a la población pobre y para reivindicar sus derechos.
La Costa Grande se encuentra atrapada por las bandas del crimen organizado. Zihuatanejo es la punta de lanza de la familia michoacana; las rutas de servicio público tienen dueño y el comercio establecido está bajo las garras del hampa. La inseguridad y la violencia ahuyentaron el turismo internacional. Las playas dejaron de ser lugares apacibles. El auge de las drogas sintéticas incrementó la violencia entre los grupos delincuenciales que se parapetan en cada plaza que se disputan.
El potencial económico de la Costa Grande se ha truncado por la incapacidad de los gobiernos estatales para impulsar el desarrollo. La corrupción de la clase política y su corta visión impiden un crecimiento sostenido. El rezago de las comunidades profundiza la desigualdad y ensancha la brecha de la inequidad. En la parte serrana los ejidatarios hacen frente a los delincuentes y defienden su territorio. La falta de programas para el campo obligó a muchas comunidades a depender de la siembra de la amapola y la marihuana. La entrada del fentanilo mermó los ingresos de los productores y precarizó sus condiciones de vida.
La actividad turística no despega en estos lugares de ensoñación. No hay grandes inversiones que incentiven polos de desarrollo y atraigan el turismo internacional. Las bandas criminales aprovechan estas ausencias del estado para abrir sus propios negocios. Se han asentado en lugares estratégicos para controlar territorios y reclutar a jóvenes que son obligados a delinquir. El sicariato absorbe muchos adolescentes y jóvenes que son atraídos por el uso de las armas y la farándula. Hay un gran número de jóvenes que abandonan la escuela porque no ven una opción segura para contar con un trabajo medianamente remunerado. Se ha desaprovechado todo el litoral para crear infraestructura turística y desarrollar las actividades marítimas. No hay una universidad del mar que se enfoque a formar jóvenes que se especialicen en este vasto mundo marítimo, que haga sostenible y atractiva la vida en las dos costas de Guerrero.
La zona serrana es inconmensurable en cuanto a su extensión, aguarda una riqueza invaluable. Es indescifrable el tinglado de intereses delincuenciales que se han urdido en las estribaciones de la sierra madre del sur. Por el abandono del gobierno los pueblos de la sierra carecen de lo básico. No hay maestros ni médicos. Los caminos son intransitables. Han sabido cuidar su hábitat y con el trabajo agrícola logran cubrir sus necesidades alimentarias. No hay fuentes de trabajo. Los madereros sobre explotan a los trabajadores y los obligan a trozar los árboles grandes. Las familias que se encuentran aisladas y que se dedican a labores agrícolas y forestales, cargan con el estigma de amapoleros, de gente rijosa y peligrosa. Son también víctimas de las bandas del narcotráfico que los someten para trabajar en la siembra de amapola. Por muchos años encontraron en esta actividad ilícita una forma efectiva para obtener ingresos.
La propiedad ejidal la conservan y gracias a este régimen de propiedad han cultivado una buena vecindad con los demás núcleos agrarios para protegerse de los madereros y de las empresas mineras que cuentan con concesiones para extraer metales preciosos. La sierra a pesar de ser el pulmón de Guerrero padece la asfixia del olvido secular, del analfabetismo al desempleo, el asedio de bandas criminales y el desplazamiento forzado de familias indefensas. Los gobiernos se coludieron con los delincuentes para crear un enclave importante del narcotráfico. Los caciques incursionaron en estos negocios con el apoyo de los jefes militares, que con el control territorial que impusieron para combatir la guerrilla, se erigieron en un poder que tejió sus redes con los jefes del narcotráfico. Brindó protección e hizo jugosos negocios con los cárteles de la droga que se asentaron en Acapulco trazaron rutas trasnacionales para el trasiego de la droga de Sudamérica a Estados Unidos. La sierra y la montaña fueron los enclaves estratégicos para la siembra de amapola utilizando a una población urgida de trabajo y de ingresos seguros. La sierra se especializó en el procesamiento de la heroína que alcanzo fama internacional por su alta calidad y por la gran cantidad que trasladaban de la Sierra tomando la ruta terrestre de Iguala hasta las ciudades de Chicago y Atlanta.
Las comunidades se adaptaron a las condiciones del mercado de las drogas. Hubo relativa bonanza que se pulverizaba con la compra de armas y el excesivo consumo de bebidas embriagantes. Las rivalidades entre familias se profundizaron ante una competencia desleal que propiciaban los jefes que empezaron a disputarse el control de las comunidades. Las autoridades civiles y militares dejaron crecer estos negocios ilícitos porque dejaba jugosas ganancias. Se conformaron rutas y plazas alrededor de la Sierra para demarcar limites territoriales. Ya no era posible desplazarse libremente en los caminos de la sierra y las mismas ciudades. Los grupos delincuenciales adquirieron mucho poder por el negocio de la droga. Pactaron con gobernantes y jefes militares para hacer más redituable el trasiego trasnacional de la droga. Los lideres de los partidos políticos y las autoridades estatales y municipales establecieron pactos para que la economía criminal se expandirá en todo el estado.
El negocio de la droga incubó la violencia que se esparció como pólvora en la medida que se expandían los grupos delincuenciales y disputaban rutas y plazas. En Acapulco, en enero de 2006 detonó la violencia y destapó la cloaca de la urdimbre delincuencial entre policías preventivos y miembros del cártel de Sinaloa. Desde hace 17 años la violencia no para, más bien se recrudece y se erige como el método más recurrente para defender intereses delincuenciales por encima de los cuerpos de seguridad del estado y la federación.
Hace una semana más de mil 500 campesinos de 66 comunidades serranas de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo hicieron pública su protesta por la inseguridad y el abandono en que los gobiernos federal y estatal tienen a la sierra, que es el macizo montañoso más grande, elevado y megadiverso del estado. El acto de desagravio fue la reinstalación de las familias desplazadas de la comunidad de Plan Verde. Después de varias asambleas varios núcleos ejidales decidieron salir y hacer frente a los grupos de la delincuencia, con la creación de su grupo de autodefensa Pueblos Unidos por la paz. No quieren nada con nadie. Tampoco tienen planeado disputar territorios más allá de sus núcleos ejidales. Se han organizado para defender a la población serrana y para proteger sus bosques, los mantos acuíferos y evitar la explotación minera.
Enfrentan el grave problema de las familias desplazadas. Tienen un registro de más de 500 familias que no pueden retornar a sus comunidades por las amenazas que reciben de los grupos criminales. Por esa razón han establecido una alianza con las comunidades de la sierra alta donde el gobierno no ha atendido sus demandas. El líder histórico de Linda Vista, Eudocio Barragán Guzmán fue contundente en su mensaje “nuestros pueblos están siendo atacados por una organización criminal y a pesar de que ya se avisó a la gobernadora y a las autoridades federales, los enfrentamientos siguen. Después de un mes de balaceras platicamos que si el gobierno no los atiende, será la alianza de los pueblos la que se hará cargo de la seguridad de sus familias. Desde aquí mandamos un mensaje a toda la sierra, a todos los que viven en la sierra únanse a esta causa. Luchemos para velar por nuestros pueblos. Ante la inacción de las autoridades del estado y la indiferencia del gobierno federal, que manda militares a destruir cultivos de amapola, en lugar de erradicar la violencia y desmantelar la estructura delincuencial, en la sierra y otras regiones del estado, las comunidades se organizan para defender su vida, sus bienes naturales y la belleza ensangrentada de sus nichos sagrados.
