Por Sandra Uribe*
“Gerardo Sosa sabe que yo no maté a su hijo”, asegura Fernando R.M desde el Centro de Rehabilitación Social de Pachuca, donde se encuentra detenido desde el 23 de febrero de 2020, acusado por el asesinato de Gerardo Sosa Cravioto, hijo de Gerardo Sosa Castelán, conocido en Hidalgo como el cacique de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y hoy se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad de Almoloya por los delitos de peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero, según la causa penal 263/2020 que involucra también a sus hijas: Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto.
El hijo de Sosa Castelán fue ejecutado con cinco impactos de arma de fuego calibre .45 el 23 de febrero de 2019 en el rancho San José del municipio de Acaxochitlán, tres días antes de que se filtrara que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo había bloqueado 151 millones de dólares a la UAEH, cuyas finanzas eran controladas hasta entonces por Gerardo Sosa a través del Patronato Universitario, en respuesta a una solicitud realizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) debido a que se presume que la institución educativa está vinculada con un grupo del crimen organizado.
Cinco días después de que su hijo fue ejecutado, Sosa Castelán - quien desde 2005 tiene como máxima aspiración política alcanzar la gubernatura del estado de Hidalgo - emitió una carta pública en la que aseguró que seguiría “en la lucha para ofrecer mejores oportunidades de bienestar a la gente”.
El 4 de marzo, el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, informó a los medios de comunicación que la procuraduría local descartó que el asesinato de G.S.C estuviera vinculado con las investigaciones de lavado de dinero que pesan sobre la UAEH e incluso con la actividad política de Sosa Castelán, por lo que afirmó que, en las diligencias para dar con el homicida, no se seguirían estas líneas de investigación.
Sin embargo, aquel día el gobernador omitió señalar con qué evidencias contaba para desechar que el asesinato de Gerardo S. Cravioto estuviera relacionado con la actividad política o económica de su padre, quien bajo el cobijo de la UAEH se ha convertido en uno de los hombres más poderosos de Hidalgo.
Nada se dijo sobre el asesinato de Gerardo hasta el 23 de febrero de 2020, cuando horas más tarde de que se celebrara una misa en honor a su primer año luctuoso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) dio a conocer que realizó la detención del presunto responsable del delito ocurrido justo un año antes: Fernando R. M.
La inesperada detención
Fernando R.M. fue detenido la madrugada del pasado 23 de febrero por elementos de la Policía Ministerial de la PGJEH, con sólo un arma calibre 45 como supuesta prueba para vincularlo al caso; la cual, asegura él mismo, fue sembrada por los policías.
Desde el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, Fernando reveló que aquella noche se encontraba junto con su esposa y sus dos hijos en el domicilio de su suegra, en la colonia PRI Chacón de la ciudad de Pachuca, puesto que su casa estaba en remodelación, ubicada en el centro de la capital del estado.
Alrededor de 15 o 18 elementos llegaron a la vivienda, sacaron a su esposa y a sus hijos a la calle, mientras que él permanecía desnudo a la mitad del patio con una cobija en la cabeza que le impidió ver lo que ocurría.
“¿Dónde están las armas?, me decían, y yo les decía ‘pues aquí no hay armas, esta es la casa de mi suegra, aquí no hay armas’. Yo hasta ese momento no sabía lo que estaba pasando hasta que me empezaron a preguntar si era parte de Grupo Universidad, decían que era gente de Sosa, yo les dije ‘Sí, trabajé para el licenciado, pero ya no’. Y entre tantas cosas que me decían escuché: ‘tú mataste al hijo del licenciado Gerardo’”, narró Fernando.
Después de las cuatro horas que tomó el cateo en una vivienda de no más de 40 metros cuadrados de construcción, los gritos de los policías ministeriales anunciaron el hallazgo del arma, una pistola de color gris con cachas negras que Fernando afirmó no haber visto nunca antes.
Luego de esto fue trasladado al Ministerio Público, donde habría de celebrarse la primera audiencia en la que se le informaría que él era el principal sospechoso en la comisión del homicidio de Gerardo hijo.
La amistad entre Gerardo y Fernando
Hasta antes de esa noche, Fernando R.M. nunca se imaginó que era investigado por el asesinato de Sosa Cravioto, pues hasta antes de su muerte mantuvieron una amistad estrecha que se fortaleció durante el periodo en el que compartieron la tarea de administrar el rancho Yemila, propiedad de Gerardo Sosa Castelán.
El joven Gerardo y Fernando R.M. se conocieron desde niños gracias a la amistad que mantuvieron sus padres, Gerardo Sosa Castelán y el arquitecto Fernando R., quien trabajó en la UAEH durante 35 años y en el último periodo de su vida laboral en la universidad condujo la administración del rancho Yemila como un favor para “el licenciado”, ya que nunca recibió una remuneración por ello.
Yemila es un rancho de aproximadamente 54 hectáreas en las que la familia de Gerardo Sosa siembra manzanas para fabricar jugo, cuya facturación anual no rebasa los 300 mil pesos. Allí emplea a siete personas como agricultores, quienes reciben un salario de sólo mil pesos semanales y no cuentan con ninguna prestación social. Además, el rancho cuenta con una hacienda tipo colonial que es rentada como hotel y salón de eventos para fiestas.
Fernando administró la Productora Agrícola Yemila desde 2017 en sucesión de su padre y desde 2018 compartió con Gerardo S. Cravioto la administración del lugar, gestándose un vínculo amistoso que les llevó a compartir más allá de lo laboral.
“Intimamos relación al grado que convivíamos mucho viernes y sábados, nos prestaban las casas del licenciado para irnos a distraer un rato: la casa de El Chico, la casa de Real del Monte, la casa de Amaque y la casa de Actopan porque como el licenciado prefería que estuviéramos encerrados…”, sostuvo Fernando.
Fernando relató que fue a partir de la entrada de la doctora Alma Delia -también trabajadora de la UAEH- al rancho Yemila, en su calidad de especialista en preservación de árboles, que la relación que mantenía con Gerardo sufrió una fractura, dado que con la intención de quedarse con la administración del rancho desató el rumor de que Fer estaba robándole al rancho.
Derivado del cambio de actitud que Gerardo tuvo hacia él y tras el incumplimiento por parte de “el licenciado” para aumentar su ingreso semanal -que era de mil 600 pesos sin prestaciones sociales- presentó su renuncia a Gerardo Sosa Castelán el 21 de enero de 2019 y realizó de manera efectiva la entrega-recepción de su puesto al contador Alfonso Acosta, quien se encargaba de administrar el flujo de dinero en Yemila.
Después de aquel día en el que presentó su renuncia, Fernando R.M. tuvo contacto con “el licenciado” cuando acompañó a la familia Sosa Castelán en el velorio de Gerardo, celebrado en las instalaciones de la funeraria Arriaga Platinum en la ciudad de Pachuca, donde también se dieron cita el gobernador Omar Fayad y sus secretarios más cercanos en el gabinete: el de Gobierno, Simón Vargas; el de Política Pública, Israel Félix; el de Seguridad, Mauricio Delmar; y el de Planeación, Lamán Carranza.
“(Gerardo) estaba muy conmovido con mi padre cuando pasó a darle el abrazo, conmigo sólo me dijo literal, textualmente: ‘Cabrón me descuidaste a mi hijo’, es lo que me manifiesta. Literalmente me dijo: ‘cabrón me descuidaste a mi hijo’”.
Posteriormente, Fernando tuvo comunicación con Gerardo Sosa Castelán en una reunión a la que convocó “el licenciado” a los pocos días del atentado a fin de reunir a todos los trabajadores del rancho para que rindieran una declaración frente a supuestos Ministerios Públicos; sin embargo, dicha reunión no obra en la carpeta de investigación.
El día del ataque, según la PGJEH
De acuerdo con la presentación de las pruebas realizadas por el MP, representado por Tania Blancas del Ángel, Jeannette Gutiérrez Ríos y Mayra Daniela Cruz Cruz, Fernando R.M. asesinó a Gerardo el 23 de febrero de 2019 cerca del mediodía, en uno de los accesos del rancho Yemila mientras la víctima se trasladaba en su camioneta Ford de color gris, hiriéndolo con cinco impactos de arma de fuego calibre 45.
La PGJEH señaló en la carpeta de investigación que tras haber sido agredido, el joven manejó durante algunos metros más su camioneta, sonando el claxon para pedir ayuda, llamado al que acudieron tres personas: un matrimonio, como testigos identificados con las iniciales A.S.T. y N.I.C., así como el contador Alfonso Acosta, apuntando además hacia una cuarta persona que arribó al lugar a bordo de un Chevy color rojo.
Después del ataque Gerardo fue llevado a la clínica privada San Pedro -propiedad del Dr. Neri, candidato de Movimiento Ciudadano cuando Gerardo controlaba el partido- en un estado de salud grave y con una lucidez mental severamente afectada por el ataque, según el MP.
Aunque en la carpeta de investigación se reconoció que Gerardo entabló una conversación telefónica con su padre Gerardo Sosa Castelán cuando ya se encontraba en el hospital, que lo hizo de manera poco lúcida y minutos después perdió la vida a causa de una anemia aguda por laceración pulmonar.
El hilo conductor hacia Fernando
La PGJEH apuntó a Fernando R.M como presunto responsable del ataque a partir de dos eventos.
El primero son las declaraciones de la contadora Alma Delia, quien describió al exadministrador del rancho como una persona que habría defraudado la confianza de Gerardo no sólo por los malos manejos financieros que ejercía en Yemila, sino por presuntamente presentarse a trabajar alcoholizado, drogado y manifestando conductas violentas.
Como segunda prueba, el MP presentó las declaraciones del matrimonio A.S.T. y N.I.C., quienes manifestaron que al lugar de los hechos arribó una cuarta persona en un Chevy rojo, a lo que se sumó un retrato hablado que la PGJEH aseveró que encajaba con la descripción física de Fernando.
Con base en estos dos elementos, la procuraduría convirtió a Fernando en el principal sospechoso del crimen, de ahí que el 23 de febrero de 2020 se cateó el domicilio de su suegra. Así, la dependencia alegó que fue ahí donde se halló la prueba definitiva: la supuesta arma homicida.
Irregularidades y discrepancias
La mañana del 23 de febrero, Fernando se presentó en la audiencia inicial sin que la carpeta de la causa penal NUC 18-2019-0658 que había integrado el MP estuviera completa y con una defensora de oficio que durante un receso le confesó que estaba atada de manos para poder ayudarlo, pues su caso era de corte político:
“En un receso, la defensora de oficio empieza a ver el caso y me dice ‘¿sabes qué?, esto que quede entre nosotros, pero yo no te voy a poder ayudar, tu caso es político, yo estoy atada de manos’”, dijo Fernando.
Asimismo, las representantes del MP mintieron en la audiencia al referir que la carpeta constaba de 4 mil fojas cuando en realidad eran menos de mil 800, mismas que fueron entregadas a la abogada de oficio 30 minutos antes de la audiencia inicial.
Ese día se pusieron en evidencia una serie de discrepancias sobre el caso, ya que según la teoría presentada por el MP, Fernando R.M. asesinó a Gerardo porque estaba molesto luego de haber sido despedido, pero realmente fue él quien presentó su renuncia ante Gerardo Sosa Castelán.
El MP también argumentó que Fernando conocía las rutas del rancho por las que transitaba Gerardo y sabía por dónde podía escapar u ocultarse tras el atentado. No obstante, según la misma versión, Fernando no escapó sino que fue la cuarta persona que ayudó a la víctima para moverlo al asiento trasero de su camioneta, de acuerdo al retrato hablado que se realizó con la declaración de la pareja de testigos, quienes además conocían a Fernando y no lo identificaron en su declaración.
La PGJEH indicó en el peritaje que la coincidencia entre el rostro descrito por los testigos y el de Fernando tenían una coincidencia del 85 por ciento, pero a simple vista los rostros no tienen similitud alguna. Fernando tiene un rostro delgado, con ojos oscuros y pequeños enmarcados en unas cejas cortas y ligeramente anchas; por el contrario, el rostro que describieron los testigos es regordete, de ojos grandes y claros, cejas delgadas y alargadas, con orejas pegadas a la cabeza, en tanto que las de Fernando están ligeramente despegadas.
Por su parte, Alfonso Acosta, compañero de Fernando R.M. en el rancho Yemila y situado por el MP como parte de quienes ayudaron con el traslado de Gerardo al hospital, no habló nunca de una cuarta persona en el lugar de los hechos ni mencionó que el hoy detenido hubiera estado presente en el lugar de los hechos.
Esta variación en las declaraciones de los testigos fue justificada por la jueza de control al considerar que “no necesariamente, Alfonso Acosta había visto lo mismo que los dos testigos”, aunque se encontraban en el mismo sitio.
Además, diversos testigos situados en el hospital San Pedro dieron cuenta de que Gerardo entabló conversaciones perfectamente lúcidas con los doctores, Alma Delia y el propio contador Acosta, sin que la víctima mencionara a Fernando o lo señalara como ejecutor del delito en ningún momento.
La historia plagada de irregularidades que presenta el MP tuvo como remate la localización de la supuesta arma homicida en una casa que no era la que Fernando habitaba con su familia de manera habitual, después de un cateo que duró cerca de 4 horas en un domicilio de apenas 40 metros cuadrados de construcción y sobre la cual el MP no ha presentado ningún estudio pericial que acredite la presencia de las huellas del imputado.
Como resultado de la primera audiencia, la jueza Jannette Montiel Mendoza vinculó a proceso a Fernando R. M. por el homicidio agravado de Gerardo Sosa Cravioto y dio un plazo de seis meses para concluir las investigaciones complementarias.
Durante ese periodo el MP tuvo que haber solicitado una mecánica de lesiones, una mecánica de hechos, el desbloqueo del teléfono marca Apple propiedad de Gerardo, así como un perfil psicológico de Fernando para demostrar que era un sujeto inestable emocionalmente y dependiente a diversas sustancias, como lo aseveraron las ministerios públicos en su construcción del caso.
Sin embargo, una vez concluido el periodo de la investigación complementaria, Fernando R.M. manifestó que nunca se le realizó dicho perfil psicológico y que tampoco se le ha permitido que se realice un peritaje externo, solicitado por su familia desde el pasado mes de marzo.
La Sosa Nostra impide acceso a la justicia
La familia de Fernando R.M., su esposa Carmina, su hermano Erick R.M., su madre María Guadalupe M. y su padre, el arquitecto Fernando R., han tocado todas las puertas para que se revise el caso y han mantenido una lucha activa para exigir la liberación de quien aseguran, es un culpable fabricado.
Por ello, de manera recurrente en la plataforma fernolomato.org y en redes sociales, han expresado su rechazo sobre el caso fabricado que pesa sobre Fernando. Su madre, su padre y su esposa recuerdan claramente el almuerzo que disfrutaron en su casa, junto al hoy detenido, el mismo 23 de febrero de 2019.
Su familia ha buscado por distintos medios una audiencia con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y nunca obtuvieron respuesta. Buscaron atención en la Secretaría de Gobierno de Hidalgo y tampoco fueron escuchados; lograron acercarse a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez, pero les dijo que no podía hacer algo al respecto.
Su hermano Erick logró entablar comunicación con el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Hidalgo (CDHEH), Ramiro Lara Salinas -exprocurador involucrado en diversos casos de tortura durante su paso por la PGJEH- para solicitar que la queja U-C-680-20 que presentaron ante el organismo fuera atendida de manera efectiva. Empero, “lo trató como un criminal, como si fuera culpable, sin respetar el principio de presunción de inocencia”, aseguró su hermano, quien también afirmó que desde la CDHEH “pareciera que están buscando excusas para que el expediente no avance”.
El arquitecto Fernando R. logró tener una audiencia en julio con el procurador de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo González, a quien conoció en su paso como trabajador de la UAEH debido a que el hoy procurador fue director del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO), ahora Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU), durante el periodo de Gerardo Sosa Castelán como rector de dicha institución.
“Me reuní con Raúl Arroyo, pero desde el inició me dejó muy claro que esa no era una reunión de amigos, sino una reunión institucional (…) lo noté molesto, pero no conmigo, sino con la situación (…) yo le dije que estaba seguro de que mi hijo no lo había matado porque ese día, el día del asesinato de Gerardito, Fernando almorzó con nosotros, con sus hijos, con su esposa (…) Raúl me dijo que él confiaba en el MP y me dio a entender que no podía hacer nada”, detalló el padre de Fernando.
Cinco días más tarde de esa reunión, el arquitecto Fernando fue recibido por Gerardo Sosa Castelán en sus oficinas del Patronato Universitario, después de más de tres meses de haber solicitado una audiencia con él.
“Primero me dijo ‘No tenía muchas ganas de recibirte, tu cara me trae muy malos recuerdos’. Yo lo único que le dije era que en nombre de la amistad que algún día tuvimos iba a decirle en la cara que Fernando no había matado a su hijo y que él lo sabía: ‘lo conoces desde niño, me conoces a mí, sabes de la educación que tuvo Fernando’, le dije y me respondió: ‘Tú conoces a Raúl Arroyo, habla con él… habla con tu hijo, seguramente sabe algo’. Yo me molesté, le dije que si Fer supiera algo ya lo habría dicho, pero Gerardo insistía”, comentó.
Al finalizar aquella reunión, el arquitecto Fernando entregó una carta escrita por su hijo Fernando R. M. en manos de la secretaria de Gerardo. Aseguró que después de la reunión en la que confirmó que Gerardo Sosa Castelán sabe que Fer no mató a su hijo y lo condujo a pensar que estaba detenido simple y llanamente porque “sabía algo”, estaba lo suficientemente molesto para abandonar cuanto antes las oficinas del patronato.
“Gerardo sabe que Fernando no lo mató”, declaró con certeza el arquitecto Fernando R., al tiempo que agregó: “pero a nosotros no nos toca investigar, nos toca probar la inocencia de mi hijo y quién sabe qué o a quién estén encubriendo”.
Imagen vía fernolomato.org
Ahora que Gerardo Sosa Castelán está detenido y acusado por los delitos de peculado, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la familia de Fernando R.M. confía en que las cosas cambien de curso pues saben que el peso político que Gerardo Sosa acumuló en Hidalgo ha sido definitivo; y aunque se ha sumado de manera pública para exigir que se esclarezca el homicidio perpetrado contra el joven Gerardo, reprueban que, impulsadas por el poder de “El licenciado”, las autoridades busquen cerrar el caso con un culpable fabricado, que incluso podría ser utilizado para impedir que se llegue al fondo del caso con la finalidad de que se mantenga oculto el verdadero móvil de la ejecución.
Hidalgo tiene un índice del 96 % de impunidad en el Sistema de Justicia Penal, según el reporte "Hallazgos 2018: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México", elaborado por México Evalúa.
Gerardo Sosa, la caída
Una historia delictiva que data de la década de 1970 antecede a Gerardo Sosa Castelán, quien pasó de ser dirigente de una organización estudiantil violenta y sanguinaria a ser el responsable financiero de los recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y uno de los hombres más poderosos en la entidad.
Actualmente Gerardo Sosa Castelán se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad de Almoloya, luego de que el juez Gregorio Salazar lo vinculó a proceso por los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por al menos 58 millones de pesos debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas suficientes para presumir que es responsable de los delitos que se le imputan.
De acuerdo con la causa penal 263/2020, los 58 millones de pesos pertenecían a los fondos federales y estatales que recibe la UAEH, mismos que fueron triangulados mediante la empresa fachada Contabilidad del Siglo XXI a la Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V; Contabilidad Automatizada de Hidalgo y Eficiencia de Negocios y Asociados.
Por estos delitos, se vinculó a proceso a tres personas más y se giró una orden de aprehensión en contra de Adriana y Ana Carmen Sosa Castelán, hijas de Gerardo Sosa Castelán, quienes al igual que su hermano Gerardo, son accionistas en las constructoras de la familia, a través de las cuales presuntamente se trianguló el dinero.
Pese a que la FGR no ha imputado a Gerardo Sosa Castelán un desvío mayor a los 58 millones de pesos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bloqueadas seis cuentas de la UAEH que en su conjunto suman 151 millones de dólares, cuyo origen no ha sido demostrado, como resultado de una investigación iniciada en febrero de 2019 por solicitud de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) toda vez que la dependencia estadounidense presumía que la universidad mantenía un vínculo con un grupo de la delincuencia organizada con operaciones en México.
Del porrismo a la administración de la UAEH
Gerardo Sosa Castelán nació en 1955 en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, y para 1979 se graduó de la licenciatura en Derecho de la UAEH tras colocarse como el líder principal de la Federación de Estudiantes del Estado de Hidalgo (FEUH), que fue utilizada como grupo de choque por gobernadores como Jorge Rojo Lugo (1976-1978) y Adolfo Lugo Verduzco (1987-1993).
Como líder de esta organización, Sosa Castelán fue calificado como “un peligro para la política del Arq. Guillermo Rosell Lama” en un informe confidencial de 1984, elaborado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), titulado “Conversación privada de funcionarios de gobierno estatal”. De acuerdo con el historiador hidalguense Arturo Herrera Cabañas, de 1987 a 1988 se iniciaron 170 averiguaciones previas por delitos de extorsión, asalto y secuestro perpetrados por integrantes de la FEUH.
Según un extracto del libro “La historia oculta de Hidalgo, archivos secretos de la política y el crimen organizado”, publicado en La Silla Rota, un informe de seguridad de la DFS señaló a Gerardo Sosa como “autor intelectual” del ataque perpetrado en contra de Francisco Olvera Ruíz, a quien él mismo colocó como dirigente de la FEUH en 1979 y que fue ejecutado por Zenaido Meneses, uno de los miembros más violentos del grupo porril.
En tanto que en otro informe, se le acusó de ingresar a la vivienda de Rafael García González y causar daños materiales después de un evento en el restaurante Alex Steak, en el que Gerardo Sosa y cuatro acompañantes encañonaron a un trabajador del lugar por negarse a servirles más bebidas alcohólicas.
Las conductas delictivas de este grupo de choque, ocurridas entre 1970 y 1990 bajo el amparo de Gerardo Sosa, también fueron documentadas por Alfredo Rivera Flores en “La Sosa Nostra”, libro por el cual Sosa Castelán inició una demanda por daño moral contra el autor, en un juicio que se ha convertido en el más largo contra periodistas, ya que después de 15 años Rivera Flores fue sentenciado a pagar una multa por 738 mil pesos.
Una vez concluida su etapa estudiantil, Sosa Castelán mantuvo el control de todos los dirigentes que le sucedieron, incluidos los que siguieron después de la extinción de la FEUH, transformada en el Consejo Estudiantil Universitario del Estado Hidalgo (CEUEH) en 2003.
Para 1986, a siete años de haber egresado de la carrera, Gerardo Sosa se volvió Secretario General de la UAEH, cargo que dejó en 1991 para ocupar la rectoría de la institución hasta 1998.
Gerardo Sosa dejó la rectoría, pero no el control político que ejercía en la institución, dado que se convirtió en presidente de la Fundación Hidalguense, propiedad de la UAEH (1997-2004). Sin embargo, el control que ejerce al interior de la institución se consolidó en 2006 con la creación de Patronato Universitario como la entidad jurídica adscrita a la universidad, encargada de administrar los recursos estatales y federales que recibe la institución, al igual que los recursos autogenerados por la misma mediante las colegiaturas y pagos extraordinarios que realizan los estudiantes.
Además, el Patronato Universitario tiene como fin autogenerar recursos a través de unidades económicas que no pueden ser fiscalizadas por ninguna autoridad estatal o federal, cuyo manejo financiero es responsabilidad única de Sosa Castelán.
Ascenso político financiado por la UAEH
Al paso que ascendía en las posiciones de poder al interior de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán ganaba espacios en la arena pública desde las filas del Revolucionario Institucional (PRI), partido en el que militó desde 1976 cuando era dirigente de la FEUH.
En 1980 fue secretario general del sindicato de trabajadores del poder ejecutivo, en 1981 fue diputado local y la primera década del 2000 fue diputado federal en dos ocasiones (2000-2003 y 2006-2009).
En 2005, Sosa Castelán y Osorio Chong encabezaron la pugna política por la candidatura a la gubernatura al interior del PRI, pero Castelán fue relegado por el Comité Nacional y en lugar de la candidatura se le concedió la posición de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cuando Omar Fayad era presidente municipal de Pachuca.
Imagen vía fernolomato.org
A pesar de que Gerardo Sosa apoyó la candidatura del entonces candidato presidencial del PRI a la presidencia, Roberto Madrazo, y acarreo a alumnos de la UAEH al evento que se celebró el 24 de enero de 2005 en el Lienzo Charro de Pachuca, este evento marcó la ruptura entre Gerardo Sosa y el Grupo Hidalgo, iniciándose la construcción del Grupo Universidad a partir de la participación política de Gerardo Sosa por medio de sus familiares y trabajadores de la UAEH en la política hidalguense.
En 2011, el Grupo Universidad ganó posiciones en el Partido Acción Nacional (PAN) cuando Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo Sosa, quedó al frente del partido. Posteriormente, el grupo se hizo de la dirigencia de Movimiento Ciudadano a través de Damián, luego de que Gerardo Sosa intimó relaciones con Dante Delgado, dirigente nacional del instituto político.
Durante las elecciones municipales de 2016, Gerardo Sosa colocó como candidatos a diversos personajes adscritos a su grupo, entre ellos Damián Sosa, Ricardo Baptista, Jorge Mayorga y Alejandro Olvera Mota, pero no ganaron ningún municipio en las urnas. Durante el periodo de campañas, el Grupo Universidad también utilizó vehículos e instalaciones de la UAEH para respaldar a sus candidatos.
En 2018, el grupo de Gerardo Sosa negoció con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ganando 10 candidaturas locales y 2 candidaturas a diputados federales, más una posición plurinominal en la Cámara de Diputados. A lo largo de este periodo electoral, alumnos y personal de la UAEH revelaron de manera anónima que la publicidad de todos los candidatos sosistas se realizaba en las instalaciones de la máxima casa de estudios e incluso se condicionaron becas a los estudiantes para que realizaran actividades partidarias de Morena.
En la antesala del proceso electoral de 2020, se entregaron diversas candidaturas a este grupo político, siendo las más representativas las de Tulancingo con Damián Sosa, Tula con Ricardo Baptista y Tepeapulco con Marisol Ortega.
Sin embargo, la dirigencia de Morena en Hidalgo se ha deslindado de dichos perfiles políticos y ha celebrado la detención de Sosa Castelán como un triunfo del combate a la corrupción que, aseveró, representa a la autodenominada Cuarta Transformación.
*Sandra Uribe Cervantes es licenciada en Ciencias de la Comunicación y reportera en medios locales. Actualmente estudia los mecanismos de censura en la prensa hidalguense. Activista estudiantil desde 2014.
