Abel Barrea, director
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
La asamblea general de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. Fue el 21 de diciembre de 2010 cuando la ONU eligió ese día para rendir homenaje al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado por los escuadrones de la muerte por asumir el compromiso cristiano de defender a las víctimas de la guerra y denunciar las graves violaciones de derechos humanos que impunemente cometía el ejército en aquel país centroamericano.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos concluye que conocer la verdad con relación a violaciones de derechos humanos e infracciones graves de las normas que los protegen, es un derecho autónomo e inalienable vinculado a la obligación y el deber del Estado de protegerlos y garantizarlos, de realizar investigaciones eficaces y velar para que haya recursos efectivos y que se pueda obtener la reparación.
El derecho a la verdad implica tener un conocimiento pleno y completo de las acciones que se realizaron, de las personas que participaron y, en particular, de las circunstancias específicas en que ocurrieron las violaciones y su motivación.
El propósito de este día es promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. Es un momento propicio para rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en su empeño. Se trata de reconocer la importante labor y los valores que impulsó Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un gran promotor y defensor de los derechos humanos en su país. Gran humanista y defensor de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado le costaron la vida el 24 de marzo de 1980.
En Guerrero, la característica común de los gobernantes es violentar los derechos humanos de la población mayoritariamente pobre. En lugar de establecer puentes de comunicación usa la fuerza letal para acallar protestas y reprimir a los insumisos. La matanza de 17 campesinos de Aguas Blancas en 1995, es un ejemplo paradigmático de cómo el gobernador Rubén Figueroa asumió una postura perversa al declarar que los campesinos iban armados y que habían iniciado las hostilidades contra los policías. El video original que publicó el periodista Ricardo Rocha demostró que el gobernador había ocultado la verdad de los hechos. Por las violaciones graves en que incurrieron los policías y sus mandos superiores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso. Después de conocer la versión completa de los hechos, los ministros y ministras introdujeron por primera vez en el marco legal y político de México una discusión sobre la verdad.
En su sentencia, la SCJN manifestó que las autoridades mexicanas tenían la “propensión” a entregar “información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas”, impidiendo que la sociedad conozca la verdad de los hechos como los de Aguas Blancas, sucesos “de enorme importancia y trascendencia” pública. Para los once ministros, las autoridades incorporaban a la vida pública “la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación… en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados”.
A más de veinte años de esta sentencia, la discusión que abrió la Suprema Corte de Justicia se ha extendido considerablemente y, a la vez, las prácticas de “fabricación” y opacidad que se condenaron no se han extinguido. A la masacre de Aguas Blancas se han sumado otros casos como el de El Charco (en 1998) donde el ejército ejecutó a once indígenas Na savi y un estudiante de la UNAM. Los militares tomaron el control de las entradas y salidas a la comunidad, no permitieron que el presidente municipal platicara con las esposas de las víctimas, detuvieron de manera arbitraria a varias personas, los sometieron a sesiones de tortura y turnaron las investigaciones a la procuraduría de justicia militar. Hasta la fecha los militares no han sido investigados por las autoridades civiles y las graves violaciones a los derechos humanos quedaron en la impunidad.
Las ejecuciones de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría en 2011, dos normalistas de Ayotzinapa que formaban parte del contingente de estudiantes que bloqueaba la autopista del sol, para exigir una mesa de diálogo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, fueron acciones criminales perpetradas por policías estatales y federales, sin que existiera algún riesgo inminente que justificara los disparos a quemarropa contra los dos estudiantes. Estos lamentables hechos fueron tergiversados por el entonces procurador de justicia del estado, Alberto López Rosas, quien declaró que los estudiantes iban armados, que dispararon y que así se produjo la muerte de los dos normalistas. No solo el procurador faltó a la verdad, sino que se prestó para que los policías ministeriales detuvieran y torturaran a varios estudiantes. El normalista Gerardo Torres fue trasladado a la periferia de Chilpancingo y ahí fue sometido a tortura para obligarlo a disparar un arma que le dieron los ministeriales. El plan macabro era que se autoinculpara de la muerte de sus dos compañeros. La denuncia pública que se hizo fue muy importante porque se presionó a las autoridades para que liberaran a los estudiantes y se frustrara esa narrativa de los hechos ante las evidencias fotográficas que se difundieron, en las que se observan a varios policías disparando a los normalistas.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 1/2011/1/VG en la que concluyó que el 12 de diciembre de 2011, varias autoridades y servidores públicos incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos entre las que destacan: criminalización de la protesta social, uso excesivo de la fuerza y las armas, privación de la vida, lesiones, tortura, imputación indebida de hechos, violación a los derechos del niño y la mujer, inadecuada atención a las víctimas, inadecuada atención a la escuela normal de Ayotzinapa, indebida preservación y alteración del lugar de los hechos, obstáculos en la investigación y el deber de investigar efectivamente.
Entre sus recomendaciones sobresalen las que hacen énfasis en el procesamiento y sanción a los servidores públicos que participaron directamente en los hechos así como los que planearon y ordenaron; medidas administrativas y legislativas en materia de uso de la fuerza; protocolos para la preservación del lugar de los hechos en las investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos; medidas de mejoramiento y dignificación de las condiciones de la escuela normal de Ayotzinapa; juicio político para fincar responsabilidades administrativas contra los funcionarios de primer nivel responsables de los hechos violentos y la indemnización a las familias y las víctimas.
Esta recomendación es con el objetivo de garantizar justicia, verdad, memoria y medidas de no repetición. En la reciente ejecución del estudiante Yanqui Kothan se repite el mismo patrón de criminalidad pues los funcionarios de primer nivel, como el secretario de gobierno y el secretario de seguridad pública, aparecen ante los medios de comunicación dando versiones falaces de los hechos: criminalizan a los estudiantes -los señalan como los que iniciaron los disparos- sembraron evidencias y difundieron fotografías donde aparece un arma, botes de cerveza y droga. Una escena del crimen fabricada que se tuvo como cierta. Hubo dolo, mala fe, maquinaciones, ocultamiento, opacidad y protección a los perpetradores. Las autoridades del estado en lugar de actuar con transparencia y veracidad optaron por armar una versión que encubriera a los policías y responsabilizara a los estudiantes. La lucha por la verdad la dieron los estudiantes al reivindicar a sus compañeros como víctimas de la violencia policíaca y blanco de ataques infundados, que se demostró con peritajes y testimonios, y el mismo presidente de la república contradijo la versión de los funcionarios estatales al afirmar que fueron los policías los que dispararon contra Yanqui.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, policías del grupo de reacción inmediata Centauro, de la policía del estado, fueron quienes dispararon contra Yanqui Kothan. Hay reportes de policías que señalan al coordinador del grupo táctico, Pedro Castro Muñoz, de haber participado en la alteración de la escena del crimen. Lo acusan de sembrar el arma, la droga y hasta las cervezas. Algunos funcionarios de la misma secretaría lo señalan como una persona prepotente, que hostiga y maltrata al personal, “los pendejea”, sin embargo, nadie se atreve a presentar alguna denuncia porque no hay garantías de que se procederá contra el coordinador, que dice estar protegido por sus jefes.
Este crimen artero sacó a relucir a un grupo de policías de élite que se encarga de realizar operativos contra las organizaciones catalogadas como radicales. Están entrenados para matar, para usar la fuerza con el fin de someter a quienes se manifiestan públicamente. Hay muchas quejas contra ellos por su prepotencia y altanería y porque amenazan, golpean, torturan y detienen arbitrariamente a la gente que a su criterio es sospechosa. La ejecución de Yanqui arroja varias líneas de investigación: fue ubicado como parte del grupo que participó en el portazo de Palacio Nacional; detectaron su salida de la normal en un vehículo que recientemente habían tomado en el marco de los bloqueos y acciones de protesta que realizan. Tanto el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del ejército, como los policías de élite del grupo Centauro tenían monitoreado los movimientos de Yanqui Kothan. Las autoridades federales tienen que investigar cuál fue el móvil de su ejecución. Su familia, sus compañeros y la sociedad en general tenemos el derecho a saber la verdad. Sin verdad no se podrá acceder a la justicia y se aleja la posibilidad de que los culpables sean castigados. Para honrar la memoria de Yanqui Kothan, en Guerrero tenemos que resquebrajar el muro de la impunidad y encarcelar a los perpetradores.
