Juan Alberto Cedillo
Joaquín Chávez Cruz, uno de los integrantes del ejido El Bajío afectado en su salud por la toxicidad de los metales pesados utilizados por la mina en sus procesos, resumió una década de lucha contra las empresas extractivas que invadieron ilegalmente sus tierras para usufructuarlas: “hay almas muy negras que no dejan a los demás en paz por su ambición”. Codicia alentada por un metal que ha deslumbrado a los hombres desde tiempos bíblicos. Le secunda Erasmo Santiago agregando que, para los pueblos indígenas, la naturaleza tiene mayor relevancia que el oro: “nosotros venimos de una comunidad mixteca donde se respeta toda la naturaleza, el agua, los árboles, los cerros y todo tipo de vida”. La vida silvestre del desierto actualmente fue envenenada por la minera debido al cianuro que utiliza en sus procesos, y que provocó la muerte de gaviotas, patos, pájaros y diversos animales que habitan en la fauna del desierto de Altar, ubicado al norte de Sonora, que se extiende hasta Arizona. Cianuro que también enfermó a los campesinos.
Tubería de traslado de cianuro
En la inmensidad del terreno del ejido, a la sombra de un árbol, nos reunimos un pequeño grupo de personas defensoras de derechos humanos, activistas del territorio contra despojos de la minería y periodistas, con los propietarios de los terrenos, en su gran mayoría mujeres y hombres del campo originarios de estados del sur del país. Analizamos la larga lucha de los ejidatarios contra la minera Penmont, asociada con “La Herradura", propiedad del fallecido “Rey Midas” mexicano Alberto Bailleres, ambas subsidiarias de Fresnillo PLC, corporativo minero que cotiza en la bolsa de Londres, Inglaterra.
El ejido El Bajío es el segundo más extenso de la República, con una extensión cercana a las 20 mil hectáreas de tierras inhóspitas del desierto de Altar. Para conformar el ejido, se les ofreció las tierras a campesinos que viajaban cada año a las cosechas del Valle de Guadalupe, en Baja California. Se creó durante el gobierno de Luis Echeverría, quien deseaba superar al presidente Lázaro Cárdenas en el reparto de tierras. Para ello, no se limitó al repartir los áridos e inhóspitos suelos del desierto.
Así, 75 familias se convirtieron en dueños de inmensas parcelas y una gran extensión de tierra comunal, pero por la falta de agua no pudieron sembrar ninguna cosecha rentable o criar ganado. Debido a ello el ejido fue prácticamente abandonado. No obstante, si las tierras de la superficie resultaron estériles para sembrar maíz o frijol, su subsuelo alberga una inmensa riqueza del codiciado metal áureo que se asocia al lujo y, por consecuencia, al éxito y prestigio social de quien lo posee y presume.
Quizá por ello, los “Reyes Magos” le llevaron a Jesús oro entre los presentes que le regalaron cuando supieron que había nacido un nuevo “Rey”.
Erasmo Santiago, un experimentado campesino que ha tenido que aprender leyes para defender sus tierras ejidales, cuenta que a partir del año 2009 la minera Penmont comenzó a explorar el subsuelo del Bajío, ya que su veta de oro se extendía a los terrenos comunales. Posteriormente pidieron permiso para “explorar”, pero en realidad comenzaron a sacar el oro del ejido. Cuando Penmont solicitó permiso para edificar la mina a cambio de una mísera renta, 16 mil pesos a cada campesino por año, la asamblea ejidal se lo negó.
La negativa no fue impedimento para que los abogados de la empresa buscaran opciones para edificar una mina en el interior de la tierra comunal. Convencieron a cinco ejidatarios de la familia Cruz para que les “vendieran” sus parcelas. Con ello, lograron que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del gobierno federal les otorgase un “título” de propiedad. Acción ilegal debido a que la renta o venta de propiedad común debe ser autorizada por la asamblea ejidal.
Con ese supuesto “título de propiedad”, la empresa minera Penmont edificó la mina Dipolos al interior del ejido, así como una “pequeña ciudad” de 5 mil trabajadores para explotar un enorme tajo a cielo abierto, del cual estuvieron extrayendo oro de manera ilegal durante unos cinco años. En ese periodo, el inmenso hoyo se profundizó en unos siete niveles mientras la tierra y piedras extraídas conformaron una gran montaña artificial que obstruye el horizonte del desierto.
Ejidatarios: Ejido El Bajío
Al inicio del año 2013, 67 ejidatarios interponen de forma individual, ante el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora, una demanda por daños ambientales y usufructo ilegal de sus tierras, contra minera Penmont, y solicitan resarcir el daño provocado a sus terrenos y la devolución del oro. Para mediados de ese año, el 9 de junio, el Tribunal Agrario número 28 dicta sentencia a favor los ejidatarios, comenzando así una desigual lucha para que se respetara el fallo a su favor. Tanto en lo legal, como contra amenazas, agresiones, encarcelamientos y asesinatos de los humildes campesinos.
Bajío David vs Mina Goliath
El oro ha sido sumamente codiciado por los hombres a través de la historia. Su brillo y color lo hicieron muy atractivo para las civilizaciones antiguas. Ese metal ha sido valorado desde tiempos remotos debido a su rareza, durabilidad y maleabilidad. Se utilizó como moneda y como objeto de adorno, y su valor simbólico se relaciona con el poder y la riqueza. Hasta los dioses lo demandan. En el pasaje de la Biblia Éxodo 25-27 Jehová instruye a Moisés sobre la construcción del Arca del Pacto, el Tabernáculo y otros objetos sagrados, los cuales debían estar hechos de oro.
Filósofos como Aristóteles y Platón reflexionaron sobre la riqueza y el papel del oro en la sociedad. Aristóteles mencionó que el oro y la plata eran valiosos por su utilidad intrínseca y su capacidad para funcionar como medio de intercambio.
En la literatura, el oro ha sido tema recurrente. Por ejemplo, en la mitología griega, el rey Midas deseó que todo lo que tocara se convirtiera en oro, lo que ilustra la ambivalencia de la riqueza y la codicia.
Desde el punto de vista psicológico, la atracción por poseer oro puede ser una expresión de la búsqueda de estatus y seguridad material.
Desde el Siglo XIX, diversos países adoptaron el “patrón oro” para respaldar su moneda. Es decir, la emisión de sus billetes y monedas debería contar con cierta cantidad del metal. Así cada billete se podría cambiar en el banco central de ese país por un equivalente al oro. Este sistema terminó en 1971. Ahora, el preciado metal solo se usa como refugio para especuladores ante “turbulencias financieras”.
En la actualidad, miles de millones de “tarjetas madre” de computadoras, celulares, etcétera, tienen finísimos hilos de oro que se utilizan como conductores de electrones. No obstante, el mejor aliciente para obtener oro sigue siendo la vanidad.
Quizá por eso, los abogados y representantes de la minera Penmont-La Herradura no se tentaron el corazón para seguir saqueando los terrenos ejidales, a pesar de tener un fallo de la justicia en su contra.
Para el 12 de octubre del 2013, ocho ejidatarios fueron “levantados” por miembros del Ejército Mexicano que estaban al servicio de la mina. Jesús Thomas, integrante del ejido El Bajío, me hace llegar la siguiente información:
“Buena tarde, Juan Alberto:
Le narro los hechos: el pasado domingo 12 de octubre fueron ‘levantados’ por elementos del Ejército mexicano destacamentados en el punto de revisión carretero El Sahuaro, ubicado en el km 106 del tramo Caborca-Puerto Peñasco, ocho jornaleros residentes del Poblado El Sahuaro, Caborca, Son., cuatro de ellos residentes del ya mencionado poblado y cuatro de ellos ejidatarios del ejido El Bajío que mantienen un litigio con la Minera Penmont S. de R.L. de C.V., mientras regresaban de sus labores diarias.
Tras 24 horas de la ilegal detención, el lunes 13 de octubre fueron liberados por estos militares cuatro personas, reteniendo solamente a los cuatro ejidatarios del Bajío”.
Iniciaba así la desproporcionada lucha entre David vs Goliath, con la salvedad de que en este caso David no poseía una honda. La débil “protección” con la que contaron fueron las páginas y prestigio de la revista Proceso, único medio nacional que informaba sobre su caso en esos años. En el plano estatal tampoco se publicaban notas debido a que el gobierno de Sonora y las mineras censuraron a los medios locales.
Las agresiones contra los campesinos fueron escalando. De las amenazas pasaron a las detenciones, las palizas, acusarlos de robo, “sembrarles” armas, meterlos a prisión. Además, desaparecieron a dos y asesinaron al excomisariado ejidal.
A Jesús Thomas, a quien la empresa consideraba como “abogado” y líder, lo mandaron investigar con el objetivo de “comprarlo” para su bando.
Para el año 2014, se “asomaron” al ejido El Bajío encumbrados políticos y un familiar de la que, al año siguiente, sería gobernadora, Claudia Pavlovich, con el objetivo de hacerse de parcelas y tomar control del movimiento de resistencia y así ponerse al servicio de Penmont-La Herradura.
Con la aparición en escena de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la hoy exgobernadora Claudia Pavlovich, llegó también el poderoso cártel que controla Caborca y el norte de Sonora, encabezado por Rafael Paz Quintero, sobrino de Caro Quintero. Sus sicarios incursionaron en diversas ocasiones en las tierras del ejido para amenazar a los campesinos y exigirles que vendieran sus parcelas y abandonaran la región. En caso de negarse, irían por sus hijos.
Utilizando documentos falsos, Rafael Pavlovvich logró hacerse, en el año 2015, de mil 824 hectáreas, terrenos que se encuentran dentro de la mina Dipolos. De esa manera se convirtió en “dueño” de la “alberca” de un kilómetro de extensión que se usaba para lixiviar el oro del que, se supone, quedaron restos que la mina no pudo llevar.
Tras el arribo del tío de la gobernadora, se extendieron las amenazas hasta Saltillo, Coahuila, desde donde se firmaban las constantes notas de Proceso. Primero, la titular de comunicación del gobierno de Sonora, la exconductora de TV Elda Molina, amenazó con demandarme por señalar que Claudia estaba protegiendo a su tío, al ser omisa ante las ilegalidades de su pariente. Posteriormente, el abogado de Rafael Pavlovich me convocó a una reunión en Hermosillo, insinuando cuál sería mi precio para que dejara de escribir. Al negarme, mandó una carta a Proceso contando su versión. El fiscal de Sonora, quien también me citó en Hermosillo y, con el típico lenguaje ambiguo de los políticos, me insinuaba que ellos actuaban contra los agresores de los campesinos, pero que yo podría tener problemas legales por publicar “imprecisiones”.
Desde los albores del año 2015, se incrementaron las agresiones de Rafael Pavlovich contra los ejidatarios. A finales de marzo, Rafael Pavlovich Durazo interpone una denuncia penal por despojo de “sus tierras” en contra de cinco ejidatarios. La fiscalía de Sonora ejecutó el 12 de abril la orden de aprehensión contra esos cinco ejidatarios, llevada a cabo por un centenar de policías. El tío de la gobernadora acudió escoltado por hombres armados, entre los que se presupone estaban los guardias privados de la mina.
En el año de 2016, Rafael Pavlovich comienza a extraer maquinaria y los restos del agua utilizada para lixiviar el oro, resguardado por una gran cantidad de pistoleros. Para el 5 de octubre, José de Jesús Robledo Cruz, presidente del ejido, interpone una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común de Caborca y ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, por la extracción ilegal de oro que realiza el tío de la gobernadora.
En los primeros días de septiembre de ese año ocurre un enfrentamiento entre los hombres de Pavlovich Durazo y los campesinos. Horas después, José de Jesús Robledo es “levantado” de su domicilio por hombres armados que arribaron en tres camionetas. Lo golpean, amenazan y obligan a abandonar el ejido. Se refugia en Estados Unidos.
En los meses siguientes se agudizaron las agresiones contra los ejidatarios, en octubre del 2017 fueron privados de su libertad seis de ellos. Además, les incendiaron varios vehículos. A principios del año siguiente, el 12 de febrero del 2018, arriban pistoleros y se llevan y asesinan al matrimonio Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
La última agresión sucedió el 28 de abril del año 2021. Ese día asesinan al excomisariado ejidal, José de Jesús Robledo Cruz y a su esposa, María de Jesús Gómez Vega; tenía pocos días de haber regresado de los Estados Unidos. Los criminales dejaron sobre sus cuerpos un cartel amenazando a los trece ejidatarios que encabezan la pelea contra la minera Penmont.
Fallo ganado
Desde el 9 de junio de 2013, el Tribunal Agrario número 28 dicta sentencia a favor de las 67 controversias agrarias interpuestas por los ejidatarios. Penmont interpone en su defensa, el amparo directo 263/2014 ante el fallo del Tribunal. Para el 14 de noviembre un juez ratificó el fallo favorable a las 67 demandas del ejido El Bajío.
Penmont S. de R.L. de C.V. fue vencida en juicios que llegaron hasta la instancia máxima: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ratificó el fallo en los 67 juicios a favor del ejido El Bajío, aseguró Sergio García Camacho, del despacho “García más García Abogados” con sede en Guadalajara.
Sobre el fallo en su contra, Minera Penmont precisó, en un texto enviado a Proceso en esa época:
“La empresa ya cumplió totalmente con las demandas exigidas en la sentencia. No existe ninguna condena a restituir el usufructo de las tierras del Bajío”. “Al respecto, mediante sentencia de fecha 14 de noviembre de 2011, dictada por el Magistrado Unitario Agrario del Distrito 28 en el expediente agrario 188/2009, se decretó la nulidad de los convenios celebrados con el Ejido El Bajío, por lo que Minera Penmont, S. de R.L. de C.V. devolvió a los ejidatarios demandantes la citada superficie de 1824-44-42.865 hectáreas”.
“Es preciso señalar que la sentencia del Tribunal Unitario Agrario únicamente
condenó a la empresa a la devolución de las tierras y la empresa acató este fallo de
inmediato”, concluyó el texto de Penmont.
A pesar de lo que señala la empresa, la sentencia sí incluye que la mina debe resarcir la tierra dañada y regresar el oro saqueado, ya que el fallo ordena que se devuelva la tierra a su estado original.
Ganada la demanda, se iniciaba una lucha legal y política para que se ejecutara la sentencia. En ese sentido, el empresario recién fallecido, Alberto Bailleres, utilizó sus influencias ante el poder político para evitar que culminara el proceso legal.
El arribo al poder de un nuevo gobierno cuya principal consigna era “primeros los pobres” alentó a los ejidatarios. Por ello buscaron el apoyo de los nuevos funcionarios. Se reunieron con la secretaria de Economía Tatiana Clouthier y el que sería el próximo gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Ambos prometieron apoyarlos para que obtuviesen la reparación del daño que ordenaba la sentencia del Tribunal Agrario. Como a la mayoría de las víctimas, la 4T les prometió “todo el apoyo” pero los campesinos pronto se dieron cuenta que los políticos de “izquierda” son igual de demagogos y falsos que los del PRI y PAN.
“Sentencia no ejecutada es igual a justicia denegada”. Pasaron más de ocho años y el fallo no avanzaba. Gracias a nuevas fuerzas políticas, medios y personajes que se acercaron a los ejidatarios, el ejido El Bajío llevó su lucha al plano internacional. El entonces obispo Raúl Vera, gestionó que los campesinos fueran recibidos en el Vaticano por el cardenal Michael Czerny, un jesuita canadiense que ha luchado contras las injusticias en Latinoamérica y África. Posteriormente, fueron arropados en Londres por organizaciones sindicales, defensoras de derechos civiles y parlamentarios laboristas, quienes llevarán su caso al parlamento inglés.
La presión internacional comenzó a rendir frutos en México y finalmente concluyeron los peritajes ordenados por el Tribunal Agrario para que la Minera Penmont-La Herradura repare el daño ambiental, indemnice o restituya el oro saqueado ilegalmente del ejido El Bajío, informaron los abogados de los ejidatarios.
Ya no hay vuelta atrás, aunque aún falta un tramo de camino para llegar a la indemnización, gracias a una larga y áspera lucha ganada por los ejidatarios. Una historia de éxito que será una inédita lección que pone el ejemplo de que la injusticia, abuso y agresiones de opulentas empresas que tiene a su servicio el poder económico y político pueden ser derrotadas. Una experiencia de triunfo en un país y continente latinoamericano donde lo común son las derrotas de movimientos sociales que pelean por sus derechos y contra las injusticias.
Para reafirmar su triunfo sobre las mineras, el ejido El Bajío, recién obtuvo el reconocimiento oficial de “área voluntariamente protegida” para las especies y la fauna nativa de ese desierto. Lo que prohíbe la extracción de cualquier material de sus terrenos.
La cereza del pastel de esta larga y desigual lucha será una indemnización millonaria a la que tienen derecho los campesinos por haber sufrido el usufructo ilegal de sus tierras comunales.
