Abel Barrera, director del
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan
El pasado viernes por la noche, la juez del Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales del Estado de México, convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares de 8 militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin dimensionar la gravedad del caso y lo que significa esta determinación para las madres y padres que exigen castigo a los responsables, la juez sin mayor preámbulo decidió cambiar la medida cautelar por una garantía de 50 mil pesos, con la obligación de presentarse a firmar cada ocho días, procediendo a recoger sus pasaportes para evitar que salgan del país. Como siempre sucede en estos casos cuando hay línea política de las autoridades superiores, se consumó el sabadazo al estilo del viejo régimen. Los militares abandonaron la prisión del Campo Militar número 1, donde se encontraban recluidos.
El curso de las investigaciones mostró que los militares tenían responsabilidad en un grado de omisión por la desaparición de los 43 estudiantes, además, mantenían vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos que operó su desaparición en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Existen varias circunstancias que ponen en evidencia su involucramiento, una muy importante, el expediente que remitieron las autoridades de Chicago mediante una cooperación internacional. La revisión que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) que presidía Alejandro Encinas, donde se encontró información objetiva de que el Ejército supo en tiempo real lo que pasó con los estudiantes, desde su salida de la Normal Rural pasando por la agresión en Iguala y al momento de su desaparición. Por lo tanto, es importante aclarar que los militares, contra los que se ejercitó acción penal, incurrieron en omisiones que favorecieron la desaparición de los 43 estudiantes.
Con estos elementos de prueba el entonces fiscal especial del caso Ayotzinapa Omar Gómez Trejo, ejercitó acción penal contra 20 militares, sin embargo, por presiones políticas del Ejército, el mismo presidente de la República y del fiscal general Alejandro Gertz Manero, en el 2022 se cancelaron 16 órdenes de aprehensión. Se trató de una intervención política del presidente para que no se manchará la buena imagen del ejército. Las madres y padres no cejaron en su lucha, además de exigir la entrega de los 800 folios que el ejército se ha negado a entregar, emplazó a la fiscalía y al presidente para que las mismas órdenes se reactivaran.
En junio de 2023 las órdenes de aprehensión retomaron su curso y fueron detenidos 8 militares acusados por delincuencia organizada, en razón de que tenían vínculos con Guerreros Unidos y por la desaparición de los 43 normalistas, en grado de omisión. El 22 de junio se debatió acerca de la medida cautelar que se les debería imponer. La Juez Segunda de Procesos Penales Federales en el estado de México dijo que no estaba justificada la prisión preventiva, pero por ser un caso grave, era procedente la prisión preventiva oficiosa. El abogado de los militares interpuso un amparo contra esta decisión de la Juez. Por su parte, el Juez de amparo resolvió que debería revisarse la imposición de la prisión preventiva en razón de que existen nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen que la prisión preventiva ya no opera de oficio, sino que se debe justificar. Ante este ordenamiento la Juez de la causa citó audiencia a las partes. El ministerio público argumentó y defendió la necesidad de la prisión preventiva. Se logró que se otorgara, sin embargo, el defensor de los militares se inconformó y apeló la decisión mediante un recurso de revisión. El primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito de la ciudad de México resolvió a favor de los militares, estableciendo que es improcedente la Prisión Preventiva Oficiosa y que la Juez de la causa del Estado de México debería imponer una medida cautelar distinta de la Prisión Preventiva. Sin abrir debate, la juez decidió cambiar la medida cautelar por Prisión Preventiva, con el argumento de que no estaba justificada la Prisión Preventiva Oficiosa.
La Juez tenía elementos suficientes para dictar Prisión Preventiva Justificada. Se trata de un caso grave, el tipo de delito de desaparición forzada tiene una penalidad alta. Si en el proceso los militares saben que existe responsabilidad penal por su mala actuación, es muy probable que se den a la fuga, por lo grave del delito. Otro elemento para imponer la prisión preventiva es que los militares son servidores públicos que poseen información relacionada con el caso, y por lo mismo pueden influir en la destrucción o alteración de documentos y testigos, obstaculizando seriamente el proceso. Estos elementos son motivos suficientes para que la juez impusiera la Prisión Preventiva. Sucedió lo contrario, la balanza se inclinó del lado de los militares al otorgarle libertad a ocho acusados. No importó a la juez el daño inconmensurable que causa a las 43 familias y a los estudiantes de la Normal. Es sumamente ofensivo para las víctimas que esta medida la hayan otorgado de manera expedita, como si se tratara de una urgencia para poner en libertad a los ocho militares.
Ante esta determinación, contraria a los derechos de las víctimas, corroboramos que el caso Ayotzinapa va en franco retroceso. Hay un golpe de timón dado por el presidente de la República para encubrir a los militares e impedir que se procese a todos los que se les dictó orden de aprehensión. Por otra parte, la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa está casi desmantelada. Está un fiscal que carece de independencia, que está más al servicio del poder Ejecutivo. No impulsa las líneas de investigación que son medulares en el caso, por ejemplo, la extradición de Tomás Zerón de Lucio, simplemente no se ha tocado. Las líneas de investigación que tienen que ver con el paradero de los 17 jóvenes detenidos, es un asunto marginal para el fiscal. De igual manera sucede con un imputado, Ulises Bernabé, que era director del centro de detención de barandilla, en Iguala, que hoy está asilado en Estados Unidos. Tiene una orden vigente, cuenta con una ficha roja de la Interpol y hasta la fecha no ha sido localizado en Estados Unidos. No ha avanzado su proceso de extradición, cuando es un testigo clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Vemos que no existe interés en el funcionario en que estas líneas de investigación avancen. Está más enfocado en atender los requerimientos del presidente y en poner zancadillas en lo que publicó el GIEI en sus seis informes.
Lo mismo acontece con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la comisión, renunció en condiciones de mucha tensión y en medio de un debate, ante la negativa de los militares de poner a disposición la información relacionada con el caso. Encinas presentó su renuncia y fue nombrado un nuevo subsecretario, Arturo Medina, con un perfil que no tiene el conocimiento del caso, ni la confianza de las madres y padres. Tampoco posee la fuerza que se requiere para que avancen los trabajos de la comisión. Pasa lo mismo que con el fiscal especial, está al servicio del Jefe del Ejecutivo y está reproduciendo la lógica con la que aborda el caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se presta para interferir en la organización de las madres y padres de los 43 para fragmentar su unidad. Opta por dialogar con un pequeño grupo de padres que tienen intereses contrarios al esclarecimiento de los hechos y al conocimiento de la verdad, y que están más al servicio de la familia Abarca. Hay un gran empeño en fracturar la organización de los padres y madres de familia. El subsecretario ha ofrecido revisar los archivos del ejército cuando no tiene claro qué expedientes tiene que indagar. Se requiere un conocimiento exhaustivo de las líneas de investigación. No puede hacerse una revisión generalizada sin ton ni son. Sin embargo, como esa es la instrucción presidencial, de ofrecer la apertura total de los archivos, cuyo objetivo es limpiar la imagen del ejército porque seguramente no se podrán encontrar documentos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. Es una revisión condenada al fracaso porque no está estrechamente vinculada con las líneas de investigación. Al no encontrar nada, se lavará la imagen del ejército. El plan es dividir a los padres de familia, confrontar a las organizaciones de derechos humanos que acompañamos y desviar la atención de los 800 folios que solicitan los papás. En medio de este maremágnum, se dio en la madrugada de este sábado 20 la liberación de ocho militares. Hace un mes también le otorgaron la libertad al general Rafael Hernández Nieto. Sólo permanecen 5 militares acusados de delincuencia organizada: el coronel Rodríguez Pérez que era coronel del 27º Batallón de Infantería, siendo el de mayor grado. Se encuentran además Eduardo Mota, Fabián Alejandro Pirita y José Martínez Crespo. Los tres últimos también están procesados por la desaparición de los 43 estudiantes. Otro militar que continúa en prisión es Francisco Narváez, quien decidió llevar su defensa de manera separada.
Lamentablemente estamos en el mismo escenario de septiembre de 2022, cuando cancelaron las 20 órdenes de aprehensión y renunció el fiscal especial Omar Gómez Trejo. Sólo quedan en prisión los que previamente acordaron los mandos militares con el fiscal general. Los pactos de protección e impunidad al Ejército mexicano siguen vigentes en la 4T.
