Ayotzinapa: contra viento y marea

Por Abel Barrera

Director del Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

A raíz de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el 2019 comenzaron a surgir algunos datos de prueba, que indicaban que el Ejército mexicano había intervenido de alguna manera en la desaparición de los jóvenes. Empezaron a surgir datos de que había infiltrados militares en la normal rural de Ayotzinapa. Se obtuvo información confirmaba que cuando los estudiantes arribaron a Iguala, fueron seguidos por elementos de inteligencia. Aparecieron elementos que indicaban que dos militares estuvieron operando el C4, además de que varios militares patrullaron distintas zonas donde estaban agrediendo a los jóvenes, como el periférico norte, el periférico sur y en el crucero de Santa Teresa. También se tuvo conocimiento que el coronel Martinez Crespo visitó alrededor de los 12 de la noche la barandilla municipal, donde estaba un grupo de 17 estudiantes. Se corroboró que había una colusión de algunos elementos del 27º Batallón de Infantería con el grupo criminal de guerreros unidos.

A partir de estos datos de prueba, surgió la necesidad de solicitar mayor información al Ejército mexicano. Por ejemplo, se decía que era necesario saber qué más datos de prueba habrían reportado los agentes de inteligencia (Obi). También sobre el Obi que operaba en el Palacio de Justicia, lo único que presentó era una foto muy borrosa y oscura. La lógica indicaría que ese Obi tenía más fotos y videos. La información que proporcionaban era muy pobre, por esa razón surgió la necesidad de solicitar la apertura de los archivos.

En el año del 2019, ya instalada la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj), estando al frente Alejandro Encinas, se tuvo una reunión con toda la jerarquía militar, en la que asistieron las madres y padres de familia, que integran la Covaj, junto con los representantes legales. Ahí se llevó una batería de preguntas, cerca de 90. Todas hacían alusión a esta información faltante. Lo primero que hicieron los militares fue presentar un power point. En esa exposición ellos daban su versión de los hechos, la misma que ya había dado el general Salvador Cienfuegos, cuando era el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena). Decían que ellos no tenían conocimiento de los hechos. Que supieron ya muy tarde de lo que pasaba, cuando ya habían desaparecido a los jóvenes. Comentaron que había ocurrido un accidente y por esa razón toda la tropa salió atender ese siniestro. Explicaron que salieron a patrullar porque escucharon unos disparos. Se comunicaron con el director de Seguridad Pública, quien les informó que todo estaba en orden. Sobre los jóvenes que estaban heridos en la clínica Cristina, comentaron que les ofrecieron ayuda pero que se negaron. Se retiraron y fueron por una ambulancia, pero cuando regresaron ya no estaban. Dijeron también fueron a Santa Teresa para brindar auxilio al grupo de futbol los Avispones, y que ahí había terminado su intervención.

Esta versión dejó muy decepcionadas a las madres y padres de familia porque pensaban que con este nuevo gobierno iba a ver otra versión de los hechos, que iban a reconocer que se había dado alguna colusión de algunos militares con la delincuencia. No hubo nada, ni siquiera dijeron que iban a investigar para ver si se habían dado algunas irregularidades en Iguala. Su posición era la misma, de que no tenían nada que ver. Eso molestó a las madres y padres porque ya tenían datos de su posible colusión. Ya sabían que era falso que ellos no tuvieran conocimiento sobre la llegada de los estudiantes a Iguala, porque los Obis los estaban siguiendo. Operaron el C4 y además los tenían infiltrados en la normal.  Consideraron que la postura militar era malévola, al seguir ocultando la información.

Al término de esta reunión se hicieron algunas preguntas, la respuesta de los militares fue evasiva. Dijeron que tomarían nota y que posteriormente responderían. El Subsecretario Encinas, entregó el documento con las preguntas. Respondieron con evasivas, negando su participación y alegando desconocimiento de los hechos. Frente a la falta de respuestas convincentes del Ejército mexicano, las madres y padres plantearon que se abrieran los archivos militares. El planteamiento se hizo al presidente de la República a finales del 2019. Las madres y padres notaron que no le gustó la solicitud que le hicieron, percibieron que se molestó, sin embargo, se logró el compromiso de que el presidente se reuniría con los expertos del GIEI y que con ellas y ellos acordarían los términos de la revisión de los archivos. Se revisaron los archivos de la IX Región Militar, del 50º Batallón de Infantería, de la 35ª Zona Militar, del 27º y 41º Batallones de Infantería. De 2019 a 2021 se realizó un trabajo arduo por parte del GIEI, fueron miles de documentos que revisaron. Este gran esfuerzo tuvo resultados relevantes.

Encontraron algunos folios que dieron cuenta de varios asuntos claves para la investigación y búsqueda. Hay un documento que habla de que 17 jóvenes que estaban en barandilla, fueron trasladados a Lomas de Coyotes. También se obtuvo información de las intervenciones telefónicas que hizo el Ejército mexicano a los teléfonos de el Gil y de Valladares. También hay documentos que registran que 11 jóvenes se los llevaron de la carretera de Mezcala a Chilpancingo. También se obtuvo información de que otros siete estudiantes habían sido trasladados al basurero de Tepecoacuilco. Esta información nueva hizo que las madres y padres pidieran que se ampliaran las indagatorias, que se profundizara en los contenidos de las intervenciones telefónicas y que se conociera más sobre el contenido de los folios.

El GIEI informó a los papás que había un faltante en los folios. Contabilizó 800, esa precisión se debió a que logró ubicar el número de folios que faltaban dentro del paquete que habían revisado. Esto llevó a las madres y padres a insistir en todo momento que el ejército entregara los 800 folios faltantes. Piden de manera concreta que se entregue la comunicación completa y el dispositivo electrónico de la hoja transcrita, donde se habla del traslado de los 17 estudiantes. Piden los números telefónicos de las intervenciones que realizó el ejército, para investigar la red de vínculos que se dieron entre el grupo de Guerreros Unidos con las autoridades de los tres niveles de gobierno. También pidieron los nombres de los militares que realizaron estas intervenciones.

En el marco del octavo aniversario de la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, se dio una confrontación con el presidente por el tema de los folios. Manifestó que ya se había entregado toda la información, sin embargo, las madres y padres insistían que faltaban los 800 folios. Para el noveno aniversario la situación se tensó aún más. En esos días el subsecretario Alejandro Encinas presentó su segundo informe donde reconoce que si existían esos 800 folios y comentó que había una instrucción del presidente de la República, para que se entregaran esos folios. Las madres y padres quedaron en espera de este cumplimiento de la instrucción presidencial. En octubre de 2019 presentó su renuncia a la subsecretaría de gobernación, pero al final hizo públicos 18 folios, para dejar constancia de que si existían esos 800 folios.

En enero de este nuevo año, se empezó a escribir otra historia. Primero se dieron varias descalificaciones del presidente en sus conferencias mañaneras contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y también contra el GIEI. Para las madres y padres que conocen bien a sus representantes, notaron que el presidente desvió el tema de los 800 folios que estaban pendientes. Más bien se concentró en descalificar a quienes han estado a su lado en estos nueve años, y que conjuntamente con los padsres y madres de los normalistas, le han apostado a llegar al fondo de los hechos. Los catalogó como falsos defensores que apoyan a las mamás, pero también a los que estaban acusados de desaparecer a sus hijos. Hizo referencia a un amparo que fue resuelto en el 2018 por parte del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Distrito con sede en Tamaulipas. Este recurso fue interpuesto por un defensor público asignado a los detenidos, y el Tribunal resolvió que la mayoría de los detenidos fueron torturados, declarando nulas sus declaraciones, que eran la base de la verdad histórica. Esa resolución también planteo crear una Comisión de la Verdad sobre el caso Iguala, con facultades penales. Por esta razón se hizo una rueda de prensa reconociendo esta resolución. Al mismo tiempo se dijo que era importante que la Fiscalía tomara las medidas necesarias para evitar la liberación de los detenidos, y se ejercitara nuevamente las acciones penales pertinentes. Ahora se responsabiliza a los compañeros del centro Prodh de que hayan impulsado esta causa para dejar en libertad a quienes fueron participes de la desaparición de los 43 estudiantes.

Para las mamás y papás lo que se busca es sembrar desconfianza en los abogados, porque también se pusieron del lado de los perpetradores. Sin embargo, de los 800 folios ya no se comenta nada. Con el nuevo subsecretario Arturo Medina la situación se complicó porque sólo convocó a las madres y padres, excluyendo a sus representantes legales. Intentó generar división, ante esta situación las mamás reclamaron su derecho inalienable de contar con una representación legal. Les notificaron a las madres y padres que abrirían los archivos del 4 de enero al 4 de marzo. Esto no fue aceptado porque se requiere tener conocimientos básicos para consultar un archivo, pero reconvinieron al subsecretario de que su planteamiento no es entrar a los archivos militares, sino que les entreguen los 800 folios para que puedan ser revisados por personas expertas de su confianza para corroborar la información que ahí obra. Ante este planteamiento se programó una reunión para el 11 de enero.

En ese encuentro asistió un grupo de 4 padres que previamente fueron expulsados porque sólo han manifestado tener intereses contrarios a la búsqueda de sus hijos y por haber marchado en favor de la libertad de José Luis Abarca y su esposa. Al manifestar el subsecretario que no podía suspender la reunión por la inconformidad de un grupo de padres, la mayoría decidió levantarse como protesta ante la acción deliberada del subsecretario de alentar la confrontación y descalificar a la mayoría de mamás y papás que piden una reunión con presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que pueda entregarles los 800 folios, para plantearle que continúen las investigaciones que están pendientes, la búsqueda en terreno y la extradición de Tomás Zerón. Las madres y padres mostraron firmeza y determinación en la última rueda de prensa que dieron. No bajaran la guardia, por el contrario,  darán la batalla contra viento y marea, para encontrar a sus 43 hijos.