El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció que dos de los asesinos sentenciados por el asesinato de la defensora Berta Cáceres podrían salir de prisión en medio de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial.
A través de un comunicado, la organización hondureña señaló que tiene conocimiento de que se han realizado varias gestiones para que Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de la luchadora indígena, trabajadores de la familia Atala Zablah, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas durante la crisis que se vive por la COVID-19. Asimismo, aseguró que se buscan "más beneficios o incluso la excarcelación para David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen".
Este día el COPINH también denunció que las autoridades del Estado de Honduras y del Instituto Nacional Penitenciario, dirigido por el Ejército, pretenden dejar en libertad a los imputados "aprovechando la crisis de salud que atraviesa el país".
"David Castillo ha gozado de condiciones excepcionales de visitas, alojamiento VIP y libertades de traslados y transporte, amparado por las anteriores y actuales direcciones del Centro Penitenciario de Támara, donde al parecer se encuentran ahora Rodríguez y Bustillo", refirió el COPINH.
Frente a esto, el Consejo Cívico exige que las autoridades correspondientes, entre ellas el director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, Coronel Maradiga, esclarezca esta situación.
El pasado mes de diciembre, un Tribunal de la Corte Suprema de Honduras dictó sentencias de entre 30 y 50 años de prisión para siete de los nueve involucrados en el asesinato de la defensora de los ríos y el territorio. Sergio Rodríguez fungía como gerente ambiental de la empresa Desa, mientras que Roberto David Castillo era presidente de dicha empresa, a quien la Fiscalía del Estado acusó de autor intelectual del crimen. Fue detenido el 2 de marzo de 2018, por lo que su proceso está pendiente de llegar a juicio oral y público, según autoridades del poder judicial.
Pese a la sentencia, la familia de Berta Cáceres ha dicho que falta responsabilizar a los autores intelectuales del homicidio, entre ellos ejecutivos de la empresa Desa, empresarios del sector eléctrico, así como funcionarios del gobierno hondureño y militares.
Además, enfatizaron que el Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla “debe dejar de poner excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, entre otros”.
¿Quién era Berta Cáceres?
Berta Cáceres fue una luchadora indígena, dirigente ambientalista del COPINH, asesinada con un arma de fuego el 2 de marzo de 2016 en su casa, en La Esperanza, Honduras. Berta recibió constantes amenazas por oponerse a la construcción de una represa por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el río Gualcarque, en territorio indígena lenca, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su existencia.
A 16 meses de haber sido asesinada, Desa anunció la suspensión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que se llevaba a cabo en la zona occidente de Honduras, luego de que el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y del Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) decidieron salir del proyecto, aunque la empresa aseguró que continuaría su inversión social en Santa Bárbara e Intibucá.
También puedes ver la entrevista realizada a sus hijas en marzo de 2016, a una semana del crimen. Sus hijas Berta y Laura compartieron cómo fueron esos días y cuál es el legado de su madre.
