A casi 19 años del asesinato de Digna Ochoa, defensora de derechos humanos, su familia, abogados y activistas piden justicia ante lo que se considera un crimen de Estado. La abogada recibió múltiples amenazas por defender a estudiantes, campesinos torturados por militares, así como por llevar los casos de Acteal en Chiapas, Aguas Blancas y El Charco en Guerrero.
