Texto: Saydi Ramos
Issaú Juan Cesar Cerrillo López, de 33 años de edad, fue torturado y detenido arbitrariamente desde el pasado 21 de julio. La fiscalía de la Ciudad de México le atribuye el delito de narcomenudeo por posesión simple, pero su familia asegura que todo se trata de un montaje para favorecer a quienes intentan despojarlos de un predio intestado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, zona de alta plusvalía. Issaú ya lleva más de un mes en el Reclusorio Oriente, mientras tanto, Dulce María López Montero, su madre, se acerca a medios y a organizaciones defensoras de derechos humanos para buscar justicia y la liberación de su hijo; recientemente presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde detalla el acoso, intimidación y amenazas que ella y su familia han sufrido desde hace años por parte de privados en contubernio con la Fiscalía local.
Todo comenzó en 2016
La familia Cerrillo López cuenta con más de 70 años de tradición restaurantera en la CDMX, opera desde hace 25 años la taquería El Sombrero, ubicada en Uruguay #15. Este predio y el ubicado en Jesús María #16 forman parte de los bienes que dejaron los padres de Dulce María al morir, sin embargo, no existe un testamento que pueda acreditar el legado a sus descendientes. Derivado de esto, Dulce María López Montero acusa a María Alicia López Montero y al abogado José Alberto Cohen Rosenberg de intentar despojarla de estas propiedades para venderlas por un monto total aproximado de 120 millones de pesos.
La familia cuenta que en el año 2016, alrededor de 150 granaderos irrumpieron en la taquería El Sombrero, haciendo uso excesivo de la fuerza violentaron a empleados y miembros de la familia. Asimismo, tomaron la caja registradora del local, insumos y artículos que había dentro del restaurante. Tiempo después, la defensa de Dulce María López Montero, Despacho Jurídico Particular Abogados UNAM, logró demostrar que la orden de desalojo, emitida por el abogado José Alberto Cohen Rosenberg, era falsa. “Es claro que, a pesar de haber demostrado el perjurio en que incurrieron, el Estado ni siquiera se inmutó en pedir una disculpa ante el daño moral y patrimonial que causaron”, relata uno de los miembros de la familia.
“Tengo la lana y los contactos, esta vez sí te largas”
Tras el primer intento de despojo, Dulce María López Montero continuó siendo hostigada por María Alicia López Montero, recibió llamadas telefónicas y frases como: “en buen plan, vete, te doy una feria”, “quieres que sea a la mala”, “coopera porque no me voy a tentar el corazón” e “intenté convencerte, no quieres dinero, atente a las consecuencias, tengo la lana y los contactos, y esta vez sí te largas”.
Así, el día viernes 11 de junio de 2021, elementos de la fuerza pública ingresaron nuevamente a la taquería El Sombrero, privando de su libertad a dos empleados de la familia Cerrillo López bajo el cargo de narcomenudeo. Durante cuatro horas, los empleados fueron torturados e interrogados por los policías, que demandaban saber el paradero de Dulce María López Montero, nunca se les informó del por qué de su detención y se les negó el derecho a tener una defensa. Hasta mediados de agosto, uno de los trabajadores seguía preso injustamente y el otro continuaba su proceso en libertad.
Mientras tanto, el pasado 21 de julio, alrededor de las 22:00 horas, un helicóptero rodeó el domicilio ubicado en Jesús María #16, donde residía Issaú. Más de 50 elementos policiacos del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) ingresaron a la vivienda rompiendo la puerta de la entrada principal y robaron artículos del lugar y documentos personales, Issaú fue detenido y torturado física y psicológicamente; de forma amenazante, un oficial le expresó: “este cateo fue orquestado y financiado por la señora María Alicia López Montero, te quisiste pasar de verga y mírate, de esta no vas a salir”, asegura la madre de Issaú.
Dulce María relata que, sin algún sustento, a su hijo se le trata de imputar otra nacionalidad, vincularlo con la Unión Tepito, con la posesión de un laboratorio químico y con el tráfico de armas y drogas. Acusa como autoridades responsables a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, por los posibles actos de corrupción en la realización de cateo e investigación por parte del Ministerio Público correspondiente; así como a los agentes Cristopher Alberto Palacios Gálvez y Vicente Abraham Basilio Matamoros, responsables de los cateos y detención de los supuestos implicados en ambas carpetas de investigación, en las que hicieron declaraciones exactamente iguales.
La corrupción, el común denominador
“Desgraciadamente yo he estado aquí en la Fiscalía prácticamente día y noche y no es el único caso, tan es así que a las personas que utilizan para supuestamente sembrar drogas e iniciar estas carpetas de investigación les llaman ‘tornillos’. Durante estos dos meses he sabido de alrededor de 20 casos iguales”, afirma un miembro de Abogados UNAM, quien lamenta que sea la corrupción el común denominador de la impartición de justicia en México.
La defensa de la familia Cerrillo López asegura que la privación de la libertad de Issaú y los dos empleados se hizo de manera injustificada a través del montaje de supuestos cateos y la siembra de pruebas inexistentes. Y a pesar de que Dulce María López Montero demostró su calidad de poseedora de los inmuebles, la Procuraduría hizo caso omiso y la Agencia 50 del ministerio público justificó la entrega de los predios a María Alicia López Montero argumentando que ellos tenían la orden directa de entregar el inmueble. “No hay un equilibrio procesal, la justicia ha sido pronta y expedita para el tercero, mientras que no se ha permitido el acceso a la carpeta de investigación a Dulce María”, sostiene el abogado.
Impunidad capitalina
De acuerdo con una nota del periódico Excelsior (https://bit.ly/3nupasQ), en el transcurso del año 2021, el Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) aumentó su participación en operativos policiacos y batió su récord de cateos desde su creación, realizando 62 intervenciones durante el mes de abril. Siendo el narcomenudeo y la recuperación de inmuebles las que representan gran mayoría de las acciones policiacas de este grupo.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) registró 7.334 expedientes de queja en su Informe Anual 2020 (https://bit.ly/3C6Rp5e). Del total, sólo 42 pasaron a la etapa de investigación tras ser calificados como presuntas violaciones a derechos humanos imputadas a autoridades de la Ciudad de México. Las autoridades más señaladas en los expedientes de queja son la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Al 31 de diciembre de 2020 se encontraban en seguimiento 975 procedimientos de investigación a personas servidoras públicas. Los delitos más recurrentes por los que se iniciaron los procedimientos de naturaleza penal fueron la tortura y el abuso de autoridad. La Comisión analizó que del 18 % de los casos en que se determinó una sanción, ninguna estuvo equilibrada con la gravedad de las faltas administrativas cometidas o derivadas de una abuso de autoridad, negación del servicio público o uso indebido de la fuerza. Asimismo, en ninguno de los procedimientos iniciados en la vía penal se vinculó a proceso a las personas servidoras públicas involucradas.
Fotografías: Daniel Betanzos y desconocido | Edición: Kely Muñiz
Revisión: Luz León y Adziri Ramos
