Condena ONU uso de tortura como método de investigación criminal en México
Luz León
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) rechazó la utilización de la tortura como método de investigación criminal y condenó su aceptación como medio para obtener confesiones de presuntos delincuentes.
“Que a causa de la tortura una persona confiese haber cometido un delito no significa haber probado su culpabilidad, significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor”, aseguró Jan Jarab, representante de la ONU-DH.
A través de un comunicado, la ONU-DH indicó que según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad de 2016, del Instituto Nacional de Estadística, al menos el "46 % del total de personas que declararon ante el Ministerio Público tras su detención dijeron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos".
El año pasado, en México se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante, misma que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró 'insuficiente'. En este sentido, Jarab enfatizó: "Las autoridades deben excluir todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Son pruebas inválidas. La tortura no hace a una persona culpable o inocente de un delito, la hace víctima de un delito".
Cuando una persona diga que su confesión fue obtenida mediante tortura, el Estado deberá demostrar que el testimonio fue realizado de forma voluntaria, sino la prueba deberá eliminarse, aseveró la ONU-DH.
Asimismo, el día de hoy el Secretario General de la ONU, António Guterres, señaló que el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura tiene el objetivo de recordar la prohibición de la tortura por las convenciones internacionales.
Uno de los casos más alarmantes y recientes respecto a la tortura en México es el informe de la ONU-DH sobre el caso Ayotzinapa. En el documento “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, publicado el pasado 15 de marzo, el organismo detalló que al menos 34 personas procesadas por el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Guerrero fueron torturadas por personal de la SEIDO, de la Policía Federal y de la SEMAR.
