Michael W. Chamberlin
Rompeviento.TV 7 de junio de 2021
Durante las campañas se estuvo insistiendo por parte de diversos actores en que las elecciones ponían en juego dos visiones o proyectos de nación. En realidad, las elecciones son sólo un ejercicio de ratificación o sanción a los partidos gobernantes. Incluso en las elecciones del año 2000, el voto masivamente mayoritario estuvo dirigido a romper la hegemonía del partido de Estado, detentado por el PRI por más de 70 años, antes que apoyar la campaña del PAN representado por Vicente Fox. A la alternancia le llegó la decepción y revirtió el voto en dos sexenios. Este ciclo se repite y seguirá repitiéndose. Pongo unos ejemplos de esta elección:
Si uno mira los resultados preliminares en Tamaulipas, llama la atención que de 22 diputaciones locales Morena haya ganado 16, contra sólo 6 para el PAN. Tal parece que la reticencia del Congreso para desaforar al gobernador del PAN, Cabeza de Vaca, no fue del agrado de las y los votantes. Con este resultado lo más seguro es que ahora será desaforado y podrá ser procesado penalmente.
En el caso de Chiapas, el Congreso será casi absolutamente para la oposición, con 22 de las 24 diputaciones para el gobierno encabezado por Morena. Me aventuro a pensar que no le ayudaron al partido del gobernador los actos represivos y abusivos en contra de los estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá, entre otras cosas.
En Michoacán, si bien se votó mayoritariamente por el candidato de Morena para la gubernatura, las y los votantes prefirieron un Congreso opositor, con 15 de los 24 asientos en la Cámara de Diputados local, sólo 9 para el partido nuevo en el gobierno.
Podemos poner otros ejemplos, pero en realidad las y los mexicanos no tenemos inclinaciones por un proyecto de nación postulado por ningún partido, de otro modo no se entendería que quienes votan por la izquierda luego voten por la derecha y viceversa. La gran mayoría votamos como reacción al desempeño del partido gobernante que durará uno o dos turnos.
Los partidos saben que las y los votantes tenemos ese “voto de castigo” y por eso exacerban los ataques a los opositores como estrategia de campaña, subrayan los defectos del otro para desmarcarse de ellos y presentarse como la alternativa, y saben, además, cómo nos apasionamos cuando se trata de defender nuestras preferencias partidarias, sin demora nos subimos al ring.
Podemos decir que el mayor avance democrático (y el último) en la historia moderna de México ha sido la alternancia en el poder que comenzó en el ámbito federal y que ya sucede en casi todos los estados. El modelo de democracia de partidos se basa en esta alternancia que es un modo de “control negativo” del poder, es decir, la participación efectiva de las y los ciudadanos en la toma de decisiones se limita al descarte de los representantes, pues no tenemos forma de incidir en las decisiones ya como gobierno.
Este modelo tiene límites claros. Por un lado, los partidos se vuelven mercadólogos para acaparar el voto a partir de las expectativas del votante individual. Saben, por ejemplo, cuántos votos captarán si las plataformas prometen despensas, empleos, castigo a los corruptos o implantes de senos, etc., pero no hay compromisos para problemas más complejos como acabar con la impunidad, ampliar los espacios de participación ciudadana o generar condiciones para abatir la desigualdad y garantizar el acceso a derechos. Un primer límite entonces es la baja calidad de las propuestas basadas en deseos individuales de corto plazo, lo que dure el gobierno, y no en diagnósticos compartidos y objetivos de largo plazo; no es de extrañar que, siendo expertos en mercadotecnia, haya partidos que no tengan posición, que la pierdan en el camino o que cambien de propuestas de acuerdo con la coyuntura.
Un segundo límite es cuando no existen diferencias fundamentales entre las propuestas de los partidos, como sucede en sistemas altamente concentrados, o que los partidos sean competencias ficticias de poderes mayores. En Estados Unidos, por ejemplo, donde el financiamiento privado a los partidos y sus campañas es legal, las empresas “donan” recursos a los dos partidos mayoritarios para garantizar que sus intereses siempre estén representados, no importa quién gane. En México, donde el financiamiento privado está prohibido y la rendición de cuentas de los partidos es casi nula (por decisión de los propios partidos representados en el Congreso), las empresas criminales tienen el mismo esquema que en Estados Unidos, ya sea por donación, asociación o coacción por amenaza o asesinatos a los candidatos o sus partidarios. Obviamente los partidos responderán a los intereses de sus “donantes” antes que a los de la ciudadanía que les vota. Este segundo límite hace que el voto ciudadano sea secundario, una formalidad y un ritual para seguir creyendo que vivimos en democracia, cuando la carrera electoral ya viene arreglada.
Un tercer límite es la colaboración de los partidos en la solución de problemas, particularmente en los congresos, porque el modelo de descarte se basa en la competencia y no en la colaboración. La base del diálogo, entonces, privilegia la retórica y no la evidencia o la racionalidad para justificar la toma de decisiones. Existe mucha frustración cuando desde la sociedad civil se busca incidir en propuestas que atajan problemas sentidos, que no son escuchadas pese a la obviedad, desde un punto de vista racional y del bien común: desde la violencia y las graves violaciones a derechos humanos, hasta la impunidad o la ineficacia de las fuerzas de seguridad pública, la regulación de la droga o el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, entre muchos otros temas.
Sin duda, nuestra democracia es limitada, algunos le llaman de “baja intensidad”, y apenas pasa los mínimos niveles de rendición de cuentas y representatividad formal. No escapa a nadie el contexto de polarización y confrontación que vivimos por las opciones políticas, pero a muy pocos les es tan claro, como a las comunidades indígenas, las menos representadas, cómo este sistema de partidos hace daño a la comunidad, por lo que está optando por nombrar a sus propias autoridades de manera directa (hay ejemplos relevantes en Michoacán y en Guerrero). Este ejercicio exige a cambio una ciudadanía de alta intensidad involucrada en los asuntos públicos.
No pretendo que el modelo indígena aplique para todos los casos, aquel es el modelo indígena y tendrá que fortalecerse para los pueblos indígenas. Lo que creo es que habrá cambios sustantivos en México si nos involucramos como sociedad civil en objetivos comunes que mejoren la calidad de nuestra endeble democracia; para ello debemos primero, sin partidos políticos ni otros intereses que no sean ciudadanos, organizarnos y comprometernos en hacer un diagnóstico y deliberar en los cambios que tenemos que empujar ante la clase política.
Todo cambio democrático surgió de la sociedad civil, y México no es la excepción. Los principales cambios políticos e institucionales de los últimos 30 años han sido resultado de la participación y las movilizaciones sociales, y son cambios que debemos defender y profundizar. Si en algo quizá podemos coincidir las personas de buena voluntad, es en la importancia de dar una vuelta de tuerca a nuestra democracia para que garantice reducir las brechas de la violencia, la impunidad y la desigualdad; una democracia de rendición de cuentas, enfocada hacia el bien común. Ya es hora.
