Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 1 de junio de 2022
El próximo domingo 5 de junio se renovarán seis gubernaturas (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas). Los procesos electorales centrados en la ciudadanía deben garantizar ser libres, pacíficos y transparentes. ¿Existen condiciones de libertad para llevar a cabo elecciones en México? Parece que a los partidos les es indiferente, porque consideran las elecciones como su prerrogativa antes que un derecho de la ciudadanía. Esa, justamente, es la diferencia entre la democracia y la partidocracia.
La manera en que se organizan los procesos electorales en México nos habla de un sistema de coto exclusivo de los partidos: ellos definen las reglas, postulan a los candidatos, establecen sus alianzas, se reparten recursos y en caso de controversias, tienen su propio tribunal. Este control poliárquico (es decir, el poder en unos cuantos) difícilmente se rompe por la voluntad popular; más bien lo legitima por la vía de sus resultados, sin importar mucho los medios que se hayan usado para obtenerlo. Por ello resulta tan atractivo para el crimen organizado, que se ha vuelto un actor político detrás de escenas.
Como hemos ya comentado, el 30 % de la población en México vive en municipios en los que funcionarios y candidatos han sido víctimas de ataques criminales letales, particularmente en estados donde hay una amenaza a los llamados “regímenes subnacionales de gobernanza criminal” establecidos, como son los cárteles, y normalmente es acrecentada por la alternancia. En cada periodo de gobierno, mientras se ajustan los términos de la relación del crimen con el nuevo gobernante o partido en turno, las condiciones de violencia e inseguridad se agravan. ¿Para quién gobiernan esos nuevos gobiernos?
En el caso de Tamaulipas, todos los candidatos punteros actualmente en campaña han sido acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada. Al candidato de la coalición Va por Tamaulipas (PAN, PRI, PRD), César Verástegui (Truko), se le ha revivido un audio en el que habla con el operador financiero del exlíder de Los Zetas en el estado, Francisco Carreón Olvera; Américo Villareal, aspirante de Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas (Morena, PVEM y PT), ha sido señalado por el PAN de pactar con grupos de la delincuencia organizada y acusan a uno de sus hijos de tener ligas con bandas de huachicoleros.
No olvidemos que estamos hablando de un estado en el que el gobernador saliente ha sido acusado en varias ocasiones de haber recibido dinero del narcotráfico y le espera una orden de aprehensión por defraudación fiscal, y donde los anteriores cuatro gobernadores, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba, Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú han sido acusados de encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.
Uno podría sentarse a ver las contiendas electorales como si fueran competencias deportivas, sin mayor pena que las pasiones desbordadas, si no fuera por las consecuencias directas para la calidad de vida de los gobernados.
Entre marzo y mayo de 2022 Artículo 19 documentó una serie de amenazas, comunicaciones intimidatorias y bloqueos informativos en contra de periodistas que cubren el proceso electoral en el estado. De acuerdo con esta investigación, las agresiones están directamente vinculadas a Américo Villarreal Anaya, candidato a la gubernatura por el partido Morena, así como a Arturo Díez Gutiérrez, candidato del partido Movimiento Ciudadano.
Hay mucha expectación en cómo transcurrirá la jornada electoral en este estado donde hay más de seis grupos criminales disputándose el territorio para el control de las aduanas terrestres y marinas, y el tráfico de fentanilo y metanfetaminas, además de migrantes. Miremos el contexto: en los primeros tres meses del año han habido en Tamaulipas 128 asesinatos, y de enero a mayo 65 desapariciones (32 localizadas), de un total histórico de 12,127, ocupando el tercer lugar en el país en desaparición forzada. ¿En qué condiciones irán los tamaulipecos a votar? Mientras tanto, se reportan agresiones por parte de las fuerzas armadas. Por un lado, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informa que ha recibido siete quejas de abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos, tan sólo en lo que va del año, incluyendo lesiones por arma de fuego, extorsión y detenciones arbitrarias cometidas por la Guardia Nacional y el 16 Regimiento de Caballería del Ejército mexicano. Por otro lado, recibí en estos días denuncias de testigos que han visto que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración están entregando al crimen organizado a migrantes en sus propias instalaciones, bajo la mirada cómplice de las fuerzas armadas: “se puede ver entrar y salir las camionetas de los delincuentes con los migrantes de las oficinas de inmigración y el colmo un destacamento de la marina en el mismo edificio” (sic) señala el anónimo.
Tamaulipas nos da un ejemplo de la podredumbre del sistema electoral. Es la centralidad de los partidos (y no de la ciudadanía), lo que permite que haya menos democracia y más control del poder político en unas cuantas manos, que hoy la delincuencia condiciona o arrebata. Esto, y la conveniente impunidad, es lo que explica y permite los asesinatos de políticos en 2018 y 2021 que ha sistematizado en sus Informes de Violencia Política la organización de investigación Etellekt. La falta de libertad, de paz y de transparencia conseguirá que al final de la jornada no sabremos por quién habremos votado.
