Signos ominosos: ni verdad, ni justicia

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El acto de instalación de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990 no augura nada bueno, ni para la verdad ni para la justicia. Un evento de enorme trascendencia histórica que desmereció por la errada decisión de colocar a las víctimas de la guerra sucia en el mismo plano que sus victimarios, en particular, el ejército mexicano, culpable de asesinar, secuestrar, desaparecer, violar y torturar a centenares, quizás miles, de personas. La apertura de cárceles y archivos militares, exigida por las víctimas, se advierte más un acto simbólico y acaso parcial y vigilado, que una genuina intención de hacer justicia a través del único recurso que lo puede permitir: la verdad. Sin verdad no puede haber justicia, y sin justicia, la paz no tiene cabida.

El acto del 22 de junio, llevado a cabo en el principal centro de detención, tortura y asesinato del ejército mexicano, el Campo Militar Número 1, no augura nada bueno ni para la justicia ni para la verdad, por al menos tres razones:

  1. En primer lugar, por la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR), institución que debería haber estado en primer plano a fin de establecer con toda claridad la hoja de ruta de las investigaciones de la llamada guerra sucia. La ausencia de la FGR es elocuente y si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su intervención que “es un órgano autónomo, respetuosamente le vamos a pedir que participe, que trabaje en este grupo, en este equipo”, el hecho es que el mensaje enviado con su ausencia es contundente e indudable: no hay interés por judicializar los resultados de las indagatorias de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos entre 1965-1990. Si a este dato añadimos que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ha demostrado que usa a la institución para investigar y litigar asuntos personales antes que para inquirir y perseguir a delincuentes, entonces es muy claro que las acciones de la Comisión para la Verdad y Justicia apuntan a tener algún impacto mediático, pero nulos resultados judiciales. Sin la actuación eficiente, oportuna y diligente de la FGR, no puede haber ni verdad, ni justicia.
  2. En segundo lugar, por la intervención del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, quien hizo un panegírico del ejército, sin reconocer cabalmente las violaciones al marco jurídico y a los derechos humanos cometidos por los militares entre 1965 y 1990. Es decir, el general titular del ramo no reconoció abiertamente que el ejército violó sistemáticamente la Constitución, lo más que dijo fue que “determinadas acciones implicaron lamentablemente que un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional del país”. No se trató de “determinadas acciones”, ni de “sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad” sino de una práctica sistemática de violación a los derechos humanos, de asesinatos masivos, de desaparición de pueblos enteros en la sierra de Guerrero, de torturas como métodos de “interrogatorio”, de cientos de personas vivas arrojadas al mar desde aviones y helicópteros, de violaciones tumultuarias a niñas, mujeres y ancianas, en pocas palabras: de la represión más vil y abyecta de la que se tenga memoria en México. Porque, además, la actuación sistemática del ejército no fue contra “un sector de la sociedad”, sino contra el país entero. ¡Muy lamentable la intervención del general Sandoval González!
  3. En tercer lugar, porque en voz del propio general Luis Crescencio Sandoval González, el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó “inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida”. Es indignante que el presidente coloque en el mismo plano a víctimas y victimarios, a las personas asesinadas y a sus asesinos, a los pueblos vulnerados y a sus vulneradores, a las mujeres violadas y a sus violadores. No son lo mismo. No lo son por el simple hecho de que el ejército actuó con el respaldo del Estado mexicano, así incluso justifican sus delitos: “cumplíamos órdenes”. No lo son por la disparidad de fuerzas: campesinos pobres o estudiantes mal armados, por un lado, y por el otro, un ejército profesional con todos los recursos políticos, legales, logísticos, mediáticos y militares, a su disposición. Concebir que se trató de “enfrentamientos” entre fuerzas militares equivalentes es no solamente un absurdo, sino el mejor camino para eludir la verdad y con ello, la justicia.

 

Para los familiares de las víctimas y para las víctimas mismas, es una burla que se pongan en el mismo plano los miles de personas asesinadas, torturadas y desaparecidas y los soldados “caídos”. De nada sirve que el presidente AMLO afirme, como lo ha hecho desde hace muchos años, que el ejército es “pueblo uniformado”, y que obedece a órdenes del comandante supremo, el presidente, es decir, un civil. De nada sirve porque ese “pueblo uniformado” torturó, asesinó, desapareció y agredió de mil y una formas al pueblo no uniformado. Ese “pueblo uniformado”, cumpliendo órdenes militares, civiles y actuando por cuenta propia, fue un sistemático violador de los derechos humanos… y lo sigue siendo.

Al menos por las tres razones expuestas anteriormente, parece poco probable que la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990 tenga éxito en su cometido. Si de origen hay una conceptualización en la que víctimas y victimarios son lo mismo, si se escabulle la responsabilidad institucional del ejército bajo el ardid de que fueron “determinadas acciones” y si la posible intervención de la fiscalía queda a criterio de su nefasto titular actual, no encuentro ningún argumento que me lleve a pensar que la apertura de archivos y bases militares será totalmente transparente y con ánimo de llegar a la verdad. Ninguno. Si usted alberga alguna esperanza, sería bueno que la compartiera, quizás estoy en un error.

Recupero las palabras de Alicia de los Ríos Merino, cuya madre fue detenida el 5 de enero de 1978 por la Brigada Blanca y entregada a los militares en el Campo Militar Número 1:

“La historia rebelde fue ocultada por presidentes y autoridades del pasado que diseñaron planes contrainsurgentes. Esas historias subterráneas son desconocidas por generaciones enteras actuales, civiles y militares. Nosotros las conocemos por la transmisión de las y los sobrevivientes aquí presentes, quienes nos confiaron fragmentos de la verdad; sus testimonios son indiscutibles, pero venimos por los que nos faltan. Y por ello, reiteramos que es medular que ustedes también hablen. Con el debido respeto, General Sandoval González, le solicitamos convoque a los elementos retirados a colaborar en este proceso. Construyan, con la colaboración de la Comisión de la Verdad y el Apoyo a la Justicia, espacios y condiciones necesarias para que el personal castrense rinda su testimonio. No iniciarán de cero. Ya en el año 2002, la Justicia Militar registró múltiples testimonios en los que basó la consignación de dos de sus integrantes por ser perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Esas huellas se encuentran en sus propios archivos, en los silencios de soldados retirados que hoy tienen la oportunidad y el deber de hablar”.

¿Hablarán los militares? Sinceramente y debido a la coraza institucional que se ha construido en torno suyo, lo dudo mucho.

Hay un cuarto argumento que permite sospechar que la intención de la Comisión para la Verdad y Justicia es más propagandística que efectiva: la fáctica militarización del país a través de la presencia del ejército en actividades que van desde la construcción de obras de infraestructura, hasta el patrullaje de ciudades y la distribución de libros y medicinas, entre muchas otras. Poco a poco y sin mucha alharaca, la 4T ha transferido al ejército una enorme cantidad de actividades, de tal suerte que no es exagerado afirmar que se ha creado un vínculo de dependencia hacia los militares.

En estas circunstancias, no parece factible que la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990 tenga el suficiente margen de acción para colocar a los militares en donde deben estar: en la mira de la justicia.

 

* Las citas textuales de este texto fueron tomadas de la siguiente liga: https://www.animalpolitico.com/2022/06/discursos-familias-desaparecidos-funcionarios-comision-verdad/

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