Michael W. Chamberlin
Rompeviento 09/02/2021
En la semana ha causado una gran indignación la precandidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. En los siguientes días, si no es que horas, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido MORENA decidirá si ratifica la decisión tomada por la mayoría de los encuestados en aquel estado y por el propio presidente del partido, Mario Delgado. Marco algunas reflexiones a propósito del caso, que sin duda cuestionan la calidad de la democracia en la que vivimos: ¿quién decide a quién gobierna y para qué?
A estas alturas no parece fácil, aunque no es imposible, evitar la candidatura de Salgado Macedonio. Los lineamientos “3 de 3 contra la violencia de género” aprobados por el INE y todos los partidos, señalan que los institutos políticos no deben postular a candidatos o candidatas que, bajo juramento de decir verdad, no sean 1) personas deudoras de pensión alimenticia, 2) personas acosadoras o agresoras sexuales, o 3) personas agresoras o violadoras de mujeres en el ámbito privado, sin embargo, es necesaria una sentencia o una sanción. Si bien la iniciativa original presentada al INE por “Las Constituyentes CDMX” señalaba para los tres supuestos “No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante Resolución firme…”, el caso es que el pleno del INE sólo admitió los dos supuestos de sentencia o sanción, luego de una disertación de cómo no se afectaba la presunción de inocencia, lo que da a entender que consideraron que los otros supuestos sí la afectaban.
Defender la presunción de inocencia de un posible acosador sexual, como lo hizo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resulta cruel y más aún un argumento cómplice, en un país con un índice de impunidad mayor al 90%, donde una tercera parte de las mujeres del país han sufrido violencia y se registran 10 feminicidios diarios. El derecho a la presunción de inocencia se vuelve odioso en una sociedad sin justicia.
En el caso de Félix Macedonio no existe sentencia o sanción. Hay denuncias abiertas y una, al menos, prescribió. Existe una gran deuda de los órganos de justicia hacia las mujeres que han denunciado ser víctimas de este precandidato, y ahora una deuda que cobra réditos a todas y todos los guerrerenses que viven con el riesgo de tener como gobernador a un agresor de mujeres, que con mayor impunidad podría seguir haciéndolo. ¿Qué derecho es más importante, el de un individuo a acceder a un puesto público o el de las personas bajo su poder a no correr el riesgo de ser agredidas por él? Para estos dilemas sirve la acción afirmativa o el principio precautorio a favor de las personas vulnerables, en este caso de las mujeres, sin menoscabo de la presunción de inocencia.
Algunos juristas han señalado que el INE puede hacer una acción afirmativa ante una denuncia promovida por alguna mujer o mujeres guerrerenses, es decir, que le solicite al INE la no aprobación de la candidatura por un principio precautorio que evite un posible riesgo. Si no lo hiciera el INE, debería poder hacerlo un tribunal. El principio precautorio no atenta contra la presunción de inocencia, protege a quienes podrían ser vulneradas de un riesgo hasta que se sabe falso, esto es, se extingue con una sentencia o con una sanción. Este principio se aplica de manera regular en casos donde se alega violencia entre cónyuges, por ejemplo, para evitar que sea demasiado tarde para la víctima, cuando haya sanción. Este principio precautorio debería aplicarse siempre que un funcionario o quien quiera serlo, sea señalado de cometer un delito, porque es más valioso el derecho de los ciudadanos a un servicio público probo, que el derecho de cualquier individuo a ser representante popular o funcionario.
El INE debería agregar a la resolución sobre los lineamientos contra la violencia de género un principio precautorio a manera de acción afirmativa y obligar a los partidos a tenerlo a su vez, de manera explícita.
El caso de Félix Salgado Macedonio, sin embargo, señala un problema de fondo: ¿quién elige a los candidatos y para qué intereses? Recordemos los reportajes de Miroslava Breach, en el contexto de su asesinato, que denunciaban las narco-candidaturas en Chihuahua, o los 16 gobernadores señalados por corrupción en el sexenio más corrupto (o el más cínico, no lo sé), o la reciente captura del “gober precioso”, ligado a la tortura de Lydia Cacho y a redes de pederastia. ¿cómo llega esta gente a los puestos públicos más altos?, ¿no deberíamos tener mejores filtros para nuestros gobernantes?
Más aún, ¿cómo garantizar que las contiendas electorales tengan en el centro el interés ciudadano y no cualquier otro? Hay quien señala que la manera de depurar a los candidatos es en la elección misma, que sean los electores quienes decidan con su voto al que sea mejor, y si ¿ninguno lo es? Pensemos tras los 101 políticos y candidatos asesinados en el contexto electoral de 2018, si un actor ilegal determinó las candidaturas, ¿quiénes fueron electos?, ¿debe ser prerrogativa de los partidos decidir quién contiende y quién no?, ¿podría haber un ejercicio más deliberativo o al menos un derecho de veto ciudadano previo en nombrar a sus candidatos?
En nuestra débil democracia son los partidos los que se encuentran en el centro, la ciudadanía sólo somos elementos accesorios. Cuando los partidos tienen el monopolio para definir los poderes públicos, se vuelven carnada o cómplices de intereses de unos pocos. Más allá de promesas y juramentos de moralidad y honestidad, se deben crear garantías en forma de leyes y políticas públicas, para que el aparato político electoral y de toma de decisiones se corra y ponga en el centro a la ciudadanía.
Morena recurrió (involuntariamente por no tener un padrón de afiliados) a la encuesta universal abierta para elegir candidatos. Es una vía que, sin embargo, no ha sido suficiente. Ya vimos en el caso de Chihuahua que las encuestas las define el presidente del partido, y en Guerrero estamos viendo el resultado. Las consultas pueden ser engañosas si no cumplen (como hemos aprendido de la experiencia indígena, de otros criterios 3 de 3: previa, informada y de buena fe. Si la consulta de Morena para definir candidata o candidato en Guerrero hubiera sido informada, ¿se tendrían los mismos resultados?, Si la candidatura de Morena en Chihuahua hubiera sido de buena fe, ¿quién sería el candidato? Si las autoridades electorales y Morena hubieran aplicado la acción positiva de manera previa, ¿quién habría estado en la boleta de encuesta para la candidatura y quién no?
La democracia tiene que ver con la distribución del poder, mientras que los partidos tengan más poder que la ciudadanía, estaremos a merced de gobiernos que lucran con el poder público. Abramos el debate.