Juan Alberto Cedillo
La tragedia sin esperanza que ha dejado la ácida violencia durante los dos sexenios pasados y en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador es la desaparición de más de 91,200 personas según datos del Registro Nacional de Desaparecidos, incluidas 22.397 niñas, adolescentes y mujeres.
Un triste saldo que se suma a más de 381 mil homicidios dolosos en el mismo período, provocados por una “guerra irregular” que se registra en la República Mexicana y que supera con creces las víctimas de guerras formales como la de Vietnam, en la cual el total de soldados estadounidenses muertos en una década, fue de alrededor de 250 mil.
Incluso, el número de personas desaparecidas en México rebasa al de dos guerras formales como lo fueron la de Bosnia-Herzegovina y la que encabezaron grupos guerrilleros en Guatemala, ambas con saldo de alrededor de 30 mil desaparecidos en cada nación. Esta crisis tiene como “telón de fondo” que por todos los rincones de la República existen “campos de exterminio” en los cuales grupos del crimen organizado, como los sádicos Zetas, desaparecieron a cientos de víctimas o miembros de grupos rivales.
Por mencionar algunos de los más grandes sitios por el número de víctimas que desaparecieron, se enlistan los siguientes. A esta lista habría que sumar los localizados en Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, entre otros.
- Terreno ubicado en el Ejido Gómez Farías, en la zona de la Biósfera El Cielo de Tamaulipas, donde los criminales confesaron que ahí asesinaron e incineraron al menos a 500 personas.
- Ejido Patrocinio de Torreón y cuatro campos más en la Laguna, en Coahuila y Durango.
- Narcofosas de San Fernando, Tamaulipas, donde se enterraron más de 300 cadáveres.
- Rancho Los Garza de Allende, Coahuila.
- Ejido la Bartolina de Matamoros, Tamaulipas.
- Rancho las Abejas de Nuevo León, donde incineraron al menos a 250 personas.
- Terreno de Nayarit en donde desaparecieron a las víctimas del Cartel H2 y las de Sinaloa.
- Terrenos de Colinas de Santa Fe, Veracruz, donde el Colectivo Solecito localizó decenas de cráneos.
Un remanente poco difundido tras 15 años de “guerra irregular” es el exilio forzado de comunidades enteras que abandonan sus tierras, sus viviendas, por los enfrentamientos y la violencia provocada por grupos rivales del crimen organizado. Uno de estos desplazamientos ocurrió en el año 2011 cuando el 70 por ciento de la población de Ciudad Mier, un pueblo mágico de Tamaulipas, tuvo que abandonar sus viviendas debido a la guerra que protagonizan en la Frontera Chica, el Cartel del Golfo y los Zetas. La población salió en masa para recorrer 20 kilómetros y refugiarse en albergues que se prepararon para ello en el vecino poblado de Miguel Alemán.
En Choix, Sinaloa, decenas de comunidades abandonaron sus poblados en la Sierra para refugiarse en ciudades como Los Mochis, para eludir la violencia y los enfrentamientos que continuamente ocurrían en la región.
En el tema del exilio forzoso, sobresalen ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, de la frontera con Tamaulipas, donde el 60 por ciento de los pequeños comercios tuvieron que cerrar debido a la violencia y las extorsiones del crimen organizado, según datos de la Cámara de Comercio. Cientos de empresarios de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León prefirieron sacar sus pequeños o medianos negocios de México y establecerse en ciudades de Texas. Como consecuencia, McAllen, Brownsville o Laredo tuvieron un “boom” en la compra de viviendas, terrenos o locales, que superó el 10 por ciento de crecimiento.
No obstante, la incertidumbre generada por los miles de personas desaparecidas es más agónica para las familias que saber que sus seres queridos fallecieron por la violencia. Tal y como lo dice la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada se considera un delito permanente o continuado, lo mismo que el dolor de quienes buscan y esperan el regreso de sus familiares o amistades. La desesperación empeora cuando las familias de las víctimas observan que las autoridades poco o nada hacen para localizar a sus familiares. Incluso, perciben con tristeza que siempre simulan acciones de búsqueda sólo para cumplir con un “protocolo” o incluso para que algún funcionario se tome la foto con esas familias, las cuales tampoco han recibido la solidaridad de la sociedad mexicana. Por el contrario, estas familias son criminalizadas debido a que las autoridades de manera permanente implican a sus parientes desaparecidos con los delincuentes, para quitarse un poco la responsabilidad sobre su localización.