Alejandro Mosqueda Guadarrama
Camarógrafo y documentalista
Facebook: Moga Aleko
¿Quién se quiere “portar bien”?
La Ciudad de México se venía considerando como un espacio “libre de acciones violentas”, al menos para la prensa, eso dicen algunos, o más bien decían. Y más allá de esta imagen-idea (“Ciudad Segura”), la situación de seguridad para los “no periodistas”, es decir para la ciudadanía en general, no es nada favorable y para las mujeres mucho menos. Esta ciudad y el Estado de México se disputan el primer lugar en robos a casas habitación, asaltos en la calle, secuestros, feminicidios y robo de autos. Sin embargo, esta situación puede minimizarse cuando las víctimas son ciudadanos que no son de la prensa, un activista o algún personaje de la farándula o de la política. Un alto porcentaje de mexicanos considera la cuestión de la seguridad como uno de los principales problemas del país, y en la Ciudad de México esta preocupación no es menor, más bien lo contrario.
El asunto de la seguridad es un tema que preocupa a Miguel Ángel Mancera, pero tan solo por sus aspiraciones políticas.
A la violencia producto de la delincuencia común, habría que agregar la acción deliberada, prepotente y violenta de la misma policía del DF en contra de ciudadanos “de a pie”… y a esto habría que sumarle la represión a activistas, a las manifestaciones que demandan respeto a los derechos humanos y que exigen justicia. La imagen de “Ciudad Segura” y “Gobierno democrático” se hace mera ilusión y propaganda, para continuar usurpando la voluntad popular en beneficio de un partido o de algún grupo de poder.
En el actual gobierno priista-perredista de Mancera-Peña sus policías han estado muy activos realizando acciones represivas, tanto en el DF, como en diferentes estados del país. Los hechos dejan clara la estrategia de golpear, intimidar y reprimir la protesta social como forma de gobernar, con el desgastado discurso de “mantener el orden y la paz social” para garantizar el Estado de Derecho.
Recordamos algunos hechos, producto de la acción de policías del DF o federales:
- 1 de diciembre del 2012, en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro, la policía reprime a manifestantes; Juan Francisco Kuykendall es herido y posteriormente muere. Ese día Peña Nieto toma posesión como Presidente de México; Marcelo Ebrard estaba dejando el gobierno capitalino y prácticamente con este acto Mancera se estrenaba al frente del Gobierno del DF. Fue el último operativo con un gobierno perredista de Manuel Mondragón y Kalb, que aún estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Horas después se integraba al gobierno priista de Peña Nieto en la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
- El desalojo del magisterio del Zócalo en septiembre de 2013.
- Represión coordinada entre las policías del gobierno del DF y el Federal contra manifestantes en una jornada a favor de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Se reportan 26 detenidos.
- Policías disparan en Ciudad Universitaria en noviembre de 2014, por una supuesta investigación por el “robo de un celular”. De esta acción resultó un joven herido de bala.
Hay una larga lista de detenciones contra activistas que demandan justicia o defienden sus derechos. Algunos nombres: José Manuel Mireles, Nestora Salgado, Arturo Cano, Gonzalo Molina, Juan Carlos Flores Solís, Mario González García, Adán y Paul Xicali, Pione y Albino Tlachi, Bryan Reyes, Jacqueline Santana, Fernando Bárcenas, Alejandro Jessy Montaño, Luis Sotelo, y Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio” y Cemeí Verdía Zepeda.
La violencia del Estado, de forma permanente y como acción estratégica, caracteriza a los Estados autoritarios. Se trata de anular cualquier posibilidad de disentir, denunciar injusticias o defender derechos. La violencia permanente con total impunidad y sin posibilidades de abrir procesos de investigación y justicia, va creando una sensación de impotencia y miedo, lo cual lleva al silencio, a la inmovilidad y a la apatía como forma de conseguir “seguridad y tranquilidad”. El “pórtense bien”, dicho por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a periodistas, es una amenaza que se disfrazó de consejo para evitarse problemas, ¿problemas con quién?
Muchas de las voces disidentes, las denuncias de corrupción o violación de derechos humanos que dejan al descubierto a funcionarios y políticos, encuentran una –fundamental- caja de resonancia en el trabajo de mujeres y hombres que desde su labor periodística actúan al margen de las mafias políticas y las directrices “editoriales” de los grandes medios de comunicación. El ejercicio de la libertad de información se convierte en un elemento para desarrollar acciones de vigilancia y, en su caso, acciones que pueden llevar a desenmascarar no solo la corrupción sino los nexos que hay entre políticos, empresarios y narcotraficantes. Una parte del trabajo periodístico cobra enorme importancia para construir un país democrático y para evidenciar y abrir procesos que -probablemente- culminen con el castigo de los ilícitos que se cometen desde el poder. Por eso mismo, esta labor, de una u otra forma, se ve obstaculizada al extremo del asesinato.
La grave situación de México (se habla ya de una crisis humanitaria por el grado de violencia, represión, detención y tortura de activistas y asesinatos de periodistas), hace pensar que no es una situación casual, sino algo maquinado desde el poder o desde alguna parte de éste. Parece ser que no se trata nada más de “administrar políticamente los conflictos”, sino también de “administrar políticamente la muerte”. La planeación y organización de la muerte, la capacidad de decidir quién y cuándo muere, me lleva a repensar en variantes de eso que llaman “Necropolítica”. Al menos en una estrategia política de conmoción-miedo.
El “pacto de impunidad” entre los principales actores políticos se ve alimentado y maquillado por la simulación, los procesos electorales y las supuestas “disputas partidistas”. ¿Es posible que por una foto, o por su intolerancia, algún gobernador actúe como un homicida? ¿Es posible que la lentitud, la opacidad y complicidad de las autoridades encargadas de la impartición de justicia sean solo por ineficacia o torpeza? Don Dinero sigue determinando qué y cómo se dan las cosas en nuestro país.
A diferencia de la prensa o los medios de comunicación no alineados, los medios de comunicación y los periodistas al servicio de los intereses del grupo en el poder mantienen un trabajo permanente de “lavado de cara” del sistema y sus personajes, para presentar a México como un país democrático, “moderno” y con paz social. Para esta prensa, en México no pasa nada grave. No fue casual la portada del Times (febrero de 2014) colocando a Peña como el “salvador” de México.
Junto al miedo, la indignación, la rabia, la impotencia, sigue flotando la pregunta: ¿Qué hacer?
Hace 21 años, agosto de 1994, municipio de Guadalupe Tepeyac en la Selva Lacandona, en Chiapas, se realizó la Convención Nacional Democrática, convocada por el EZLN en su Segunda Declaración de la Selva Lacandona, a la cual asistieron aproximadamente 6,000 convencionistas de todos los estados del país, de organizaciones indígenas, obreras, campesinas, sindicales y estudiantiles, además de intelectuales, 700 periodistas de 21 países y 200 visitantes y observadores. Uno de los principales objetivos fue definir acuerdos para impulsar el cambio democrático en México. A grandes líneas, se define como camino para el establecimiento de vías que faciliten un tránsito a la democracia, la instauración de un gobierno de transición, un Congreso Constituyente que promulgue una nueva Carta Magna. A últimas fechas, han surgido algunas propuestas para hacer frente a la actual situación, algunas coinciden con lo planteado hace 21 años, sin embargo, sigue estando atomizado el movimiento social.
Dicen que violencia genera violencia. Y dicen que no hay que caer en las provocaciones para no ser reprimidos. ¿Qué hacer ante la represión constante y homicida de un Estado autoritario? ¿Qué hacer ante la omisión, opacidad, complicidad, corrupción e ineficiencia de las instituciones encargadas de la impartición de justicia? ¿A quién pedir, exigir justicia? ¿Qué hacer para detener esta situación en México? Y la ciudadanía sigue sin tener un instrumento/institución con reconocimiento legal, que le permita investigar en forma autónoma de las instancias oficiales.
Mientras tanto, ¿quién se quiere “portar bien”?