Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV. 3 de agosto de 2021
A pesar de tener a toda la clase política en contra, la participación en la consulta fue un éxito. Con más de 6.6 millones de participantes y 97.7% a favor del “sí”, no podemos más que admirar y agradecer que en este país haya tantas personas a favor de mecanismos de verdad y justicia. ¿Qué sigue después de la consulta? Quisiera responder desde dos ángulos, sobre el ejercicio de las consultas en sí y sobre la búsqueda de mecanismos efectivos de verdad y justicia.
La participación de cada ciudadano y ciudadana en los asuntos públicos es un derecho humano y el fundamento de la democracia. El principio de un voto una persona tiene en su base el reconocimiento de la igualdad que toda persona tiene en dignidad y derechos. Sin embargo, en México, el derecho a decidir sobre los asuntos que nos afectan está secuestrado con el pretexto de una democracia representativa que en realidad es patrimonialista. En las elecciones somos tratados como clientes del voto para después ser despojados de nuestro derecho a decidir. Los partidos, transfigurados en representantes populares, se vuelven sobrehumanos para decidir los destinos y hablar en nombre de sus votantes, sin consulta y sin rendición de cuentas. Así, las elecciones son patrimonio de los partidos políticos, no de la ciudadanía.
Ya he hablado en esta misma columna de la importancia de ciudadanizar la política y generar controles a los partidos y a sus representantes en puestos de elección. Una de estas formas son las consultas. Que el ejercicio del domingo pasado haya sido el primero que se lleva a cabo de manera regulada en la historia del país, habla mucho de la baja calidad de nuestra democracia. Aun así, las reglas establecidas para realizar las Consultas Populares son tan difíciles de cumplir, que muestran el miedo que la clase política le tiene a la participación directa de las y los ciudadanos. Estamos todavía lejos de un estándar democrático de participación.
La consulta de este domingo estuvo mal diseñada y planeada. Pareció que fue la forma que tuvo el presidente López Obrador de deshacerse de un compromiso que había hecho como presidente electo del que no estaba convencido, más que un ejercicio pensado como el inicio de un proceso de justicia transicional, que él mira con tanto recelo. El debate polarizado que existe en torno al presidente arrolló la propuesta ciudadana que reunió los más de 2 millones de firmas necesarias para llevar a cabo una consulta y que tenía un sentido similar; la determinación de la SCJN de reunir las iniciativas en una nueva y confusa pregunta terminó de marginar el impulso ciudadano. Huérfana, al menos mediáticamente, la consulta fue vapuleada por la clase política y utilizada para atacarse entre sí, en detrimento del ejercicio mismo e independientemente del “sí” o del “no”. Sin duda, tenemos que mejorar el mecanismo, pero promover la no participación sólo beneficia a la política patrimonialista de siempre.
Incluso en Estados Unidos, país que tiene una democracia oligárquica, en cada elección se consultan, sin mayor presupuesto, al menos una decena de asuntos de los ámbitos federal, estatal y local (desde la desregulación de la marihuana hasta los concejales de las escuelas distritales), cuyos resultados son vinculantes independientemente del número de participantes, porque están cobijadas por las elecciones generales. Lo que sigue para México en materia de consultas populares es convertirlas en una práctica cotidiana, transparente y regulada en todos los niveles y ámbitos de gobierno, donde sólo los jueces puedan tener la última palabra cuando haya controversia. El camino es largo y el caminar torpe.
Ahora bien, con respecto a lo consultado, sin duda fue un éxito, quizá no para hacer vinculante la decisión mayoritaria, pero sí para ir creciendo un movimiento en favor de caminos de verdad y de justicia. Por confusa que fuera la pregunta, en ella había un sentido de no dejar en el olvido los agravios del pasado que de muchas formas siguen presentes.
El ejercicio tuvo la gracia de pasar de 2 millones de firmas a 6.5 millones de votos en favor de establecer algún mecanismo de justicia transicional, entre ellos, los de miles de víctimas de esas decisiones políticas del pasado y los de otros miles o millones más de víctimas potenciales, que saben que sólo revisando el pasado es que podemos asegurar el futuro. El número de votantes es equivalente o mayor a la población de muchos estados e incluso de países enteros. Sin duda, para el propósito de expresar la intención de impulsar acciones que busquen verdad y justicia, esta quedó manifiesta y augura un buen futuro.
¿Qué sigue? Sin duda el siguiente paso es convocarnos, abrir el debate, socializar y aprender de las mejores prácticas de justicia transicional en el mundo y darnos a la tarea de hacernos las preguntas correctas. ¿Qué mecanismo de justicia transicional necesita México para salir de la violencia actual y resarcir el daño a las víctimas, procurando la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición?, una Comisión de la Verdad o muchas; un Mecanismo contra la Impunidad; reformas estructurales a la procuración y administración de justicia; memoriales para las víctimas, procesos judiciales... ¿cuáles?, ¿cómo?, ¿con qué fuerza legal?, ¿con qué acompañamiento?, ¿qué casos?, ¿qué época?, ¿qué víctimas?, ¿qué perpetradores? Estoy seguro de que, al ir aclarando los enfoques, necesidades y anhelos de una manera generosa, organizada, participativa y democrática, iremos sumando más adeptos. No olvidemos que, para muchos, la consulta es un paso más en un largo camino recorrido; pero es claro que falta lo que falta. Comparto aquí un estudio que hizo el CIDE con la CNDH al respecto, uno más de Open Society Justice Initiative que recopila los modelos extraordinarios de justicia en el mundo para enfrentar graves crímenes, y la propuesta de Mecanismos de Verdad, Justicia y Reparación que varias organizaciones trabajamos y presentamos al gobierno de López Obrador en el 2018.
PD: Veo que el grupo impulsor de la iniciativa, que representan Omar García, Alina Duarte, Ariadna Bahena y Epigmenio Ibarra, está proponiendo conformar un capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto ya ocurrió, dicho Tribunal abrió en México un capítulo que sesionó entre 2011 y 2014 revisando diversos casos vinculados al libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos desde una perspectiva estructural. Es importante para este nuevo impulso revisar sus sentencias y quizá desde ahí comenzar el debate.
