Prevalecen condiciones de contaminación en pozos de Sonora por derrame de Grupo México

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Prevalecen condiciones de contaminación en pozos de Sonora por derrame de Grupo México

Gerardo Campos

Los Comités de la Cuenca del Río Sonora (CCRS), que agrupan a los pobladores de las comunidades afectadas por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, que hace tres años afectó el río Bacanuchi, en Sonora, denunciaron que aún existen pozos con niveles de contaminación por arsénico y manganeso superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El derrame de 40 mil metros cúbicos de residuos peligrosos sobre el río Bacanuchi y Sonora fue responsabilidad de Grupo México, por lo que los trabajos de limpieza debían ser asumidos por el mismo grupo empresarial. Sin embargo, de acuerdo con los representantes de los CCRS, Mario Alberto Salado y Ramón Miranda, las obras de reparación del daño fueron mal hechas pues sólo se realizaron en 30 kilómetros del total de la longitud de la zona afectada, además de que los contaminantes se dejaron en la ribera de los ríos.

En conferencia de prensa, los representantes de los CCRS dieron a conocer que el Juzgado Primero de Distrito de Sonora, Antonio Mora Diez, otorgó un amparo a los pobladores en el que se reconoce que el pozo La Labor cuenta con altos niveles de manganeso y el pozo Sinoquipe de arsénico, lo que hecha abajo el discurso oficial del gobierno y Grupo México sobre la inexistencia de la contaminación en el río Sonora.

Al respecto, el juez Mora explicó que para determinar los niveles de contaminación fue necesario usar como referencia la Guía para la calidad de agua potable de la OMS y no la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994 debido a que los estándares nacionales son más bajos que los del organismo internacional.

Por su parte, el abogado de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Luis Miguel Cano, indicó que interpondrán una demanda contra el instituto de Seguridad y Sociales de los trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no brindar atención a las solicitudes medicadas de la población afectada.

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