Presentan indígenas amparo contra permiso para instalar aerogeneradores en Oaxaca

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Presentan indígenas amparo contra empresa eólica en Oaxaca

Ana Flores

Habitantes de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, interpusieron un amparo contra el permiso otorgado por el gobierno federal para la instalación de aerogeneradores, por parte de la empresa Eólica de Oaxaca, filial a la transnacional francesa EDF Energies Nouvelle.

El permiso se tramitó, sin previa consulta indígena, bajo la resolución RES/1219/20172 el 27 de abril del presente año por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano descentralizado de la Secretaría de Energía. En tanto que su autorización se concretó el pasado 29 de junio.

Dicha concesión estipula que las instalaciones “Central Eólica Gunna Sicarú” contarán con 96 aerogeneradores, cada uno con una capacidad de dos mil 625 megawatts, que producirán 825.7 gigawatts por hora durante un periodo de 30 años.

Asimismo, se menciona que el periodo de obras para instalar los aerogeneradores iniciará el próximo 1 de diciembre y finalizará el 31 de mayo de 2019. De esta manera, las labores de producción de energía eólica iniciarán el 1 de junio del mismo año.

La comunidad considera que dichas actividades afectan la propiedad y posesión de sus tierras, dado que se firmaron contratos con supuestos propietarios para que la empresa ingrese al territorio, lo que violenta el reconocimiento legal del Registro Agrario Nacional.

Además, se violan sus derechos a la libre determinación, la consulta indígena y al consentimiento libre, previo e informado, de acuerdo a sus garantías estipuladas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El amparo interpuesto por los integrantes de la comunidad se realizó en los juzgados de distrito en Salina Cruz, Oaxaca, en el que se solicitó la revocación de dicho permiso, protección a la comunidad indígena por parte de autoridades federales y la realización de una consulta indígena sobre el proyecto, así lo informó Juan Antonio López, abogado y coordinador del Área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Prodesc). 

Ante este hecho, los habitantes de la comunidad reportarán lo ocurrido a Victoria Tauli, relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a que el gobierno mexicano debe garantizar sus derechos humanos, así como su certeza jurídica.

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