El pasado 4 de agosto una joven de 17 años denunció ante el Ministerio Público que cuatro policías la violaron en una patrulla, sin embargo los presuntos culpables no están detenidos y siguen en función.
Los hechos sucedieron la madrugada del sábado 3 de agosto cuando regresaba a su casa en la colonia San Sebastián, de la alcaldía de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. La joven relató ante el Ministerio Público que cuando estaba a unas cuadras de su casa, una patrulla se le emparejó y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) la subieron a la fuerza a la patrulla, la sometieron y le quitaron la ropa. Luego cada uno de los agentes la violó.
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Tras las primeras investigaciones del caso, la PGJCDMX abrió una carpeta de investigación CI-FDS/FDS-4/UI-FDS-4-01/00487/08-2019. El 6 de agosto, la procuradora Ernestina Godoy Ramos informó que los cuatro agentes señalados como los presuntos violadores se mantienen bajo resguardo de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Jesús Orta, y especificó que no había imputación directa (es decir, que la víctima se presente a identificar a los probables responsables) por lo que podían quedar libres y ser reinstalados a sus funciones policíacas.
Seguramente si no hay una imputación directa y no tenemos la posibilidad de integrar la carpeta con lo que tenemos para poder hacer una imputación van a tener que regresar a su trabajo, no vamos a fabricar culpables, afirmó Godoy.
El 9 de agosto, Jesús Orta informó que los cuatro policías que fueron denunciados por violación regresaron a sus funciones, debido a que hasta el momento no había una orden de aprehensión en la Procuraduría de Justicia capitalina. "Hay que ser muy claros: no han sido requeridos por la Procuraduría y no obstante hay señalamientos, imputaciones que nosotros mismos estamos aportando todos los elementos para que la Procuraduría llegue a lo que tenga que llegar en su investigación, pero hoy no hay una imputación", señaló durante una conferencia de prensa.
Ese día, el secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que sin imputación los policías no podían ser suspendidos, pues se violarían sus derechos laborales.
“No se pueden violentar sus derechos laborales; insisto, nosotros estamos por castigar a todos los malos elementos y por aportar todas las pruebas necesarias en caso de que así haya sido, pero tenemos que ser respetuosos de lo que las instancias correspondientes determine”, dijo.
Sin embargo, el mismo 9 de agosto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que los policías no estaban en funciones debido a que se estaban investigando las denuncias en su contra. “No se reincorporan a sus funciones, se está haciendo toda la investigación. Siempre hemos dicho que en este como en todos los casos vamos a estar de lado de la justicia”, explicó la mandataria.
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El lunes 12 de agosto mientras mujeres se movilizaron con la consigna #NoMeCuidanMeViolan Jesus Orta aseguró que el MP llamó a 9 policías a declarar, pero que hasta el momento no existen imputados ni culpables.
Contradicción, delegar responsabilidades y dejar a cargo a la víctima
De acuerdo con las leyes mexicanas, si la víctima no reconoce a sus imputados, pese a que exista la posibilidad de otras pruebas, entonces esta violación quedaría impune.
De acuerdo con el abogado David Peña, defensor de los derechos humanos e integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, la identificación de los presuntos violadores es un elemento importante, pero no es el único, y buscar los otros elementos para la carga probatoria es responsabilidad del Ministerio Público.
Cuando se trata de delitos de naturaleza de realización oculta, el elemento fundamental es el testimonio de la víctima.
"Según la Corte Interamericana de Derecho, se tiene que partir de la creencia del testimonio y además, se tienen que buscar otros elementos para robustecer el testimonio de la víctima", explicó Peña en entrevista para Rompeviento TV.
Para el abogado defensor de derechos humanos, las autoridades están realizando la investigación al revés debido a que la identificación para una imputación directa es el último paso del proceso, no el primero. "Lo que están haciendo es al revés, imputarle la carga probatoria a la víctima".
Respecto al argumento de Jesús Orta sobre la violación a los derechos laborales de los presuntos culpables, David Peña aseguró que es falso debido a que los policías se rigen por el Consejo de Honor y Justicia, un régimen especial de acuerdo al artículo 21 constitucional. “Si no hay una identificación directa en lo penal, el área del Consejo de Honor y Justicia los tendría que haber cuando menos suspendido, debido a que tienen una investigación de naturaleza grave por el delito”, señaló.
Esto demuestra que el actuar de las propias autoridades que deberían brindar justicia viola el acceso a las debidas diligencias. Los hechos se agravan cuando desde las mismas instituciones se filtra información confidencial. En este caso se filtraron datos de la denunciante, pero nada se sabe de los presuntos policías violadores. El pasado 9 de agosto, el vocero de la PGJCDMX, Ulises Lara López, reconoció que desde esa dependencia se filtró la información de la joven de 17 años que denunció a los cuatro policías y que eso generó la pérdida de confianza de la víctima, misma que impidió que ella continuara con el proceso.
Este caso pone de manifiesto que el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia en México está plagado de obstáculos e irregularidades que suman a la impunidad que impera en el país.
