¿Por qué el gobierno de Jaime Bonilla en BC podría atentar contra la democracia?

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El candidato de Morena, Jaime Bonilla Valdez, tomó posesión como gobernador de Baja California el pasado 31 de octubre, pese a que aún permanece en la incertidumbre de si su mandato durará 2 o 5 años.

Sin importar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no resuelve los recursos contra la denominada "Ley Bonilla", el nuevo gobernador rindió protesta ante el Congreso local por un periodo de cinco años y señaló que gobernará “mirando en todo por el bien de nuestro estado y la prosperidad de la unión y del estado”.

Bonilla Valdez terminó con más de tres décadas de gobierno del PAN en esa entidad de la mano de un partido que se dice de izquierda, pero su candidatura ha estado marcada por la polémica y las críticas. Su decisión de ampliar de dos a cinco años su permanencia en el cargo llegó a una reforma legislativa, aprobada por el congreso de Baja California de manera urgente y un mes después de haber ganado las elecciones: la Ley Bonilla.

Esto sin tomar en cuenta que los ciudadanos votaron bajo la convicción de que su periodo sería solo de dos años y empatar los calendarios de comicios en el país. Además, la elección se dio en un contexto donde la participación electoral fue de poco más de 50.000 personas en un estado con 3 millones de habitantes. Así, el cambio en el congreso local pasó por encima de la decisión ciudadana y un número reducido de legisladores impuso un gobierno de cinco años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa las cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por el resto de partidos, otros candidatos y el Instituto Nacional Electoral. A través de un comunicado, el INE informó "que argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California”.

La secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, estuvo presente en la toma de posesión de Bonilla en representación de Andrés Manuel López Obrador, en donde señaló: "hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo y estuvo facultado el Congreso local para emitir la norma”. No obstante, meses antes de estas declaraciones Cordero había considerado inconstitucional la medida.

Al día de hoy, Jaime Bonilla lleva cuatro días como gobernador. La primera decisión que tomó fue nombrar como Fiscal General del Estado a su amigo y abogado personal Guillermo “Titi” Ruiz, quien también fue abogado del empresario y exalcalde de Tijuana Jorge Hank, acusado de corrupción y asesinato. Además, tuvo que cancelar su primer evento público como mandatario debido a la manifestación de damnificados de la colonia Lomas del Rubí, a quienes las autoridades prometieron reubicarlos tras el derrumbe del año pasado.

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