En el entendido de que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López evitó decenas, quizás centenares de muertes en Culiacán, en los hechos coloca al hijo del Chapo Guzmán por encima de la ley. “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, afirma constantemente el presidente Andrés Manuel López Obrador; bien, si se es consecuente con ese apotegma, deberíamos ver la detención de Ovidio Guzmán López en muy poco tiempo. Si la decisión de liberarlo fue correcta, habida cuenta del escenario de muerte que cientos de sicarios crearon en Culiacán, lo que debe seguir es su pronta recaptura, so pena de enviar un pésimo mensaje a todo el país e incluso al mundo entero: en México sí hay sujetos que están por encima de la ley: Ovidio Guzmán López, acusado de narcotráfico, es uno de ellos. Y si el hijo del líder de un cártel que supuestamente va en declive está por encima de la ley, ¿qué será de los jefes de cárteles más poderosos que el de Sinaloa? ¿Puede usted imaginarse, amable lectora, gentil lector, qué sucedería en el caso de la hipotética detención de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel más poderoso en el país? ¿Puede usted imaginar a cientos, a miles de sicarios en Guadalajara, Tepic, Manzanillo, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México, Veracruz y otras ciudades amenazando con ejecutar a miles de personas si no se libera al “Mencho”? Por cierto, se dice que en 2012 el “Mencho” fue capturado por la Marina, pero dejado en libertad pocas horas después por órdenes del entonces gobernador de Jalisco, el panista Emilio González Márquez.
Difícil encrucijada en la que se encuentra el gobierno federal: si no detiene -conforme a derecho- a Ovidio Guzmán López, en los hechos estaría permitiendo que un jefe del narco se coloque por encima de la ley, pero si lo recaptura, el riesgo de que el cártel de Sinaloa vuelva a poner en jaque a la población civil es muy alto, toda vez que la estrategia ya les funcionó una vez y podrían repetirla. Y aún peor: que el intento por detener al hijo del Chapo (o a cualquier otro capo, digamos al “Mayo” Zambada) fracase porque evidenciaría la incapacidad del Estado mexicano para colocar a todo mundo bajo la ley.
Es un hecho que detener a los jefes del narco no resuelve absolutamente nada porque los relevos se suceden rápidamente, sin alterar en lo más mínimo ni el trasiego de drogas, ni el lavado de dinero, ni las extorsiones, ni la violencia. Pero entonces, si la detención de los capos no es la mejor estrategia de combate a los cárteles, ¿por qué fueron por Ovidio Guzmán López? ¿Por qué hacer un operativo reconocido por el mismo secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, como “precipitado y sin planear”? (https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/10/19/precipitado-y-sin-planear-el-operativo-en-culiacan-sedena-253.html). Si la decisión de liberar a Ovidio Guzmán fue acertada, se debe reconocer que el operativo para su detención fue un error monumental. Y si no fue un error sino una celada, una trampa, mucho peor, porque sería evidencia del nivel de infiltración de la delincuencia en el gobierno municipal de Culiacán, en el estatal de Sinaloa y en el federal, tanto en el ejército como en la Guardia Nacional.
Insisto en el punto: está demostrado que detener a los jefes de los cárteles no desarticula a las organizaciones criminales, pero no hacerlo significa, en los hechos, que sí hay quien está por encima de la ley. Y si está por encima de la ley es porque tiene un poder militar, económico, político y simbólico que perfectamente puede rivalizar, al menos en ciertas regiones del país, con el poder del Estado. El estado de Sinaloa y su capital, Culiacán, es una región en la que desde hace decenas de años el poder del narco es inclusive más fuerte que las instituciones del Estado mexicano. Los acontecimientos del jueves 17 de octubre son la mejor evidencia de que al menos en Culiacán, el narco manda.
Los sucesos en Culiacán deben entenderse en un contexto más amplio, como bien han señalado numerosos analistas. En política no existen las casualidades, por lo que la asonada del cártel de Sinaloa en Culiacán debe entenderse como una ofensiva por parte de las fuerzas opositoras a la 4T y al gobierno de AMLO; evitar una matanza fue la mejor decisión, sin duda, pero el costo político no es menor: el gobierno federal se mostró débil y descoordinado, al menos eso se colige por el pésimo manejo mediático en las horas más críticas. Si se trató de una celada (como todo parece indicar), el gobierno federal la eludió muy bien al evitar el asesinato de decenas, quizás de cientos de personas, sin embargo, su virtual retirada no puede leerse como una victoria, por más que en las redes sociales miles de “amlovers” se empeñen en hacerlo ver como tal. Y si no fue una trampa, la cadena de errores en la toma de decisiones que desembocó en un operativo “precipitado y sin planear”, mucho menos puede considerarse como un éxito. En ambos escenarios, tanto si fue una celada como si fue una cadena de errores (o una combinación de ambos), debe haber consecuencias, de relieve, en el gobierno federal.
El ejercicio del poder pasa, inevitablemente, por los símbolos y la comunicación política. Dejar pasar los acontecimientos de Culiacán como un evento más, muy desafortunado si acaso, pero sin consecuencias para los responsables de la cadena de mando que condujo a un operativo “precipitado y sin planear”, enviaría un pésimo mensaje al país: los errores, o aun peor, las deslealtades, no tienen consecuencia alguna. Es imprescindible que haya un replanteamiento de la estrategia para hacer frente a la delincuencia organizada, y como parte de la reorientación de la estrategia, el presidente López Obrador debería ponderar la pertinencia de dejar en el cargo a Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su pésima actuación en los eventos del jueves 17 de octubre, en mi opinión, es suficiente para exigir su renuncia. No por la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, sino por el fallido operativo para detener al hijo del Chapo Guzmán. Ese sería un mensaje muy claro hacia todo el país.
Asimismo, es necesario que, a la brevedad, en las próximas dos o tres semanas cuando mucho, el gobierno mexicano recapture a Guzmán López para los efectos legales procedentes. De no hacerlo, el gobierno federal estaría aceptando que, por vía de la violencia, hay quien sí puede estar por encima de la ley. Sobre este punto reitero que no se trata de mi opinión, de mi punto de vista. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha insistido, una y otra vez, en que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. De igual forma, el gobierno del estado de Sinaloa y el gobierno federal deben darse a la tarea de detener y encarcelar a los más de cincuenta reos fugados del penal de Aguaruto durante el despliegue del cártel de Sinaloa en Culiacán. Varios de esos presos son considerados de alta peligrosidad y algunos cumplían condena por delitos del orden federal.
A la luz (o las sombras) de los acontecimientos en Culiacán, es necesario, es imprescindible, replantear la estrategia de seguridad, específicamente para hacer frente a los cárteles de la droga. Los “abrazos, no balazos” que proclama el presidente no parecen estar dando resultados; esto no significa volver a la estrategia militarista que tantos muertos ha dejado y que tampoco dio resultados, pero de que se necesita un replanteamiento, no hay duda. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no dejan lugar a dudas: tan solo en homicidios dolosos, en los 10 meses de gobierno de AMLO han ocurrido 22 mil 126 homicidios, lo que significa que, de mantenerse la tendencia, el año 2019 será más violento que los años anteriores (aquí puede usted consultar la información en detalle: https://drive.google.com/file/d/1Qw9M_RXdVSK4BHd8n6ixaybxiPntwu9y/view).
Quizás un punto de partida para replantear la estrategia de seguridad sea no frivolizar el complejo fenómeno del narco apelando a que los integrantes de los cárteles no hagan “sufrir a sus mamacitas”, que se “porten bien”, o con expresiones francamente infantiles como “al carajo la delincuencia, fuchi, guácala” (https://www.milenio.com/politica/fuchi-la-delincuencia-al-carajo-con-ella-dice-amlo). Sí, de acuerdo, se trata de coloquialismos, pero viniendo del presidente de la República son también, ineludiblemente, símbolos de la forma de hacer frente a este complejo problema. Se trata, luego entonces, del lenguaje simbólico que evidencia el concepto, o la noción, que tiene el presidente del fenómeno del narco. Asociar al narco con la pobreza y la corrupción no sólo significa reducir un problema multidimensional a dos o tres variables, sino concebirlo, en esencia, de manera equivocada. Sin duda, la pobreza facilita la expansión del narco al dotar a los cárteles de miles de niños y jóvenes, de niñas y señoritas, pero suponer que con becas para los jóvenes se irá diluyendo el fenómeno es una hipótesis que, a la luz de los resultados, no está funcionando, al menos en el corto plazo. De la misma manera, apelar a la “conciencia” y al “amor” maternal de los sicarios, no parece ser la mejor iniciativa.
Transformar las condiciones estructurales que han facilitado el surgimiento y la expansión de los cárteles del narco es una estrategia de muy largo plazo (20-30 años quizás); desmantelar las redes de lavado de dinero en los circuitos financieros nacionales e internacionales es una estrategia encomiable que seguramente dará resultados en el mediano plazo, pero en lo inmediato se requieren acciones que yo, francamente, no alcanzo a ver, ¿usted sí?
La terrible experiencia que padecieron las y los sinaloenses, quienes vieron amenazadas sus vidas, debería ser el punto de inflexión para cambiar una estrategia que, a la luz de los hechos, no ha dado resultados. Miles de personas, insertas en la delincuencia organizada, viven por encima de la ley. ¿O usted qué piensa? ¿Vamos bien?
