Michael W. Chamberlin
RompevientoTV a 13 de julio de 2021
Existe mucha controversia y no menos confusión en torno a la consulta promovida por una iniciativa ciudadana y por el propio presidente López Obrador. Pese a ello, considero que debemos participar y votar masivamente por el “sí”.
La confusión no es menor. Empezando por el objeto de la consulta, no hay claridad si de ganar el “sí”, efectivamente se llevará a juicio a los expresidentes, y esto detona varias preguntas: ¿de qué se les acusaría y con qué elementos de prueba?, ¿no habría que investigarlos primero?, y ¿acaso se necesita una consulta ciudadana para que la Fiscalía haga su trabajo? Para muchos, una consulta de este tipo lo único que hace es ponerle más obstáculos a la justicia.
Lo primero es aclararnos qué se está consultando. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó la pregunta propuesta inicialmente por ambas iniciativas ya mencionadas. La pregunta inicial fue la siguiente:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante, y después de sus respectivas gestiones?”
Este texto claramente se enfocaba a investigar y en su caso sancionar a cualquiera de los cinco últimos expresidentes mexicanos. La pregunta modificada por la SCJN dice así:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Este nuevo texto tiene un enfoque y una intención distintos. Por un lado, pone una eventual responsabilidad en el ejecutivo para que “se lleven a cabo las acciones pertinentes”, y no en las instituciones de justicia; y en lugar de una investigación penal a cinco expresidentes, enmarca la consulta en “un proceso de esclarecimiento” histórico, de manera indeterminada a actores del pasado y sus decisiones políticas que pudieran constituir delitos o graves violaciones a derechos humanos de posibles víctimas. La SCJN está hablando de una Comisión de la Verdad y esta nueva redacción es más atractiva que la primera.
Justicia sin Verdad es revanchismo. La verdad precede a la justicia, particularmente cuando hablamos de grandes agravios a la población. Hoy existen procesos abiertos contra políticos de anteriores sexenios, tanto en México como en Estados Unidos, que sin embargo no han abonado al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad de los que han sido parte; se les acusa por corrupción o lavado de dinero pero no por las masacres o desapariciones masivas que han ocurrido en el país, aun cuando se les procesa por delincuencia organizada; no desenmascaran las redes de corrupción, ni los incentivos o huecos en la institucionalidad que las permitieron; de las pocas sentencias no se han derivado aprendizajes que permitan empujar garantías de no repetición.
¿A quién le sirve que Zedillo vaya a la cárcel si no se desenmascaran las decisiones que llevaron a los militares a atacar a la población civil de comunidades indígenas en Chiapas?; ¿qué ganan las víctimas de desaparición y sus familiares si a Calderón no se le vincula a las causas de la violencia exacerbada y sus detonadores?; ¿cómo entendemos lo que ocurre hoy en Reynosa, Aguililla y Pantelhó con las decisiones que en su momento tomaron Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto?
Las Comisiones de la Verdad tienen la primera misión de explicar de manera documentada y sencilla por qué ocurrieron esas graves violaciones a derechos humanos, y después dar elementos para procesar penalmente a los responsables.
Las Comisiones de la Verdad nos permiten crear las condiciones para que esas graves violaciones no vuelvan a suceder como preámbulo y condición para una reconciliación con las víctimas. Es en este sentido que llevar a cabo las acciones pertinentes para esclarecer las decisiones políticas del pasado que derivaron en un número indeterminado de víctimas, es más atractivo que sólo sancionar los delitos de cinco expresidentes.
Ahora bien, mientras que la procuración de justicia no es una decisión política que se pueda o deba consultar, sí lo es la decisión de abrir un proceso de esclarecimiento de la verdad de momentos o etapas particularmente agraviantes a la población, y de esas tenemos muchas, al menos desde los años 60. Desde allí, la participación en la consulta legitima esa voluntad de querer saber para reconciliar y generar condiciones para garantizar que no se repita.
No soy ajeno a los argumentos en contra de la consulta, incluyendo los que dicen que es una simulación o que el resultado no garantizará que en verdad se pongan en marcha “las acciones pertinentes” que mandata la pregunta de la SCJN. No obstante, sigo pensando que no podemos negarnos al derecho a decidir; que el “no” ya lo tenemos; que participar en la consulta nos ratifica en la apuesta por la verdad y la justicia; que será, en su momento, problema del ejecutivo cómo acatar esa decisión, y en todo caso para la ciudadanía una nueva etapa en la lucha. Sólo el olvido y la impunidad pueden estar en contra de la consulta.