Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV a 11 de enero de 2022
Pocos son los países que avalan la toma de posesión de Daniel Ortega por cuarta ocasión a la presidencia de Nicaragua. En medio de serias acusaciones de fraude, tortura y detenciones arbitrarias a sus principales opositores políticos, y con un abstencionismo del 85 %, Ortega denuncia la injerencia indebida en la soberanía del país, y López Obrador también. Pero, ¿son los derechos humanos menos importantes que la soberanía de los Estados?, o ¿dónde y en qué reside la soberanía de los Estados?
Uno de los principales lemas del fraude de 2006 que paralizó la avenida Reforma en la Ciudad de México por el movimiento encabezado por el ahora presidente, fue “Voto por voto, casilla por casilla”. Resalto el “voto por voto” por su calado filosófico en las democracias y con un mayor énfasis a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (que tiene en su doctrina los dictados constitucionalistas de los siglos XVIII y XIX). Un voto una persona, no es más que el reconocimiento político de la dignidad de cada una y de cada uno que forman parte de esa comunidad política. Defender el voto en 2006 (o en cualquier elección), no es defender el proyecto político de nadie sino la voluntad del pueblo, donde reside la soberanía.
Es por eso que decepciona (una vez más) que el presidente López Obrador no pueda ver en Nicaragua esa misma voluntad rota de ese pueblo lo que reclamaba en 2006 y 2012 en México. La soberanía radica en el pueblo y no en sus gobernantes, quienes apenas lo representan, estos están ahí para ninguna otra cosa que hacer valer los derechos de los ciudadanos. El movimiento constitucionalista del siglo XVIII coincidía en esto:
Emmanuel Sieyes señalaba que “(e)l estado social (…) protege la libertad. Defiende y garantiza la igualdad de derechos"; Locke decía que: “El Estado tiene como misión principal proteger (los) derechos naturales (…) mediante un consenso recogido por escrito o constitución”, de allí que la Asamblea Nacional Constituyente de Francia de 1789 declarara que “una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución." De este modo, el soberano es el pueblo constituido para la protección y garantía de sus derechos y libertades.
En su Contrato Social, Rousseau decía que “la nueva política (a diferencia de la monarquía) está basada en la voluntad general, y en el pueblo como depositario de la soberanía”; por su lado, Jefferson en Estados Unidos solemnemente escribía: “Sostenemos que estas verdades son sagradas e innegables, que todos los hombres son creados iguales e independientes, que a partir de su creación en igualdad se les han conferido derechos inherentes e inalienables (…); que para garantizar estos extremos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”. Estas palabras quedaron plasmadas en la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo el derecho a la rebelión: “que siempre que cualquier forma de gobierno pasa a ser destructiva de estos fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla…”.
México y casi toda América Latina se inscribieron en este pensamiento constitucionalista, estableciendo las garantías individuales (hoy derechos humanos) y estableciendo que “(l)a soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” (Art 39 de la Constitución vigente desde el siglo XIX).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordando su informe “Nicaragua: Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho”, expresó “La CIDH observa con preocupación que el acto de posesión del Ejecutivo, por cuarto mandato consecutivo, ocurre en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral, impunidad estructural y más de 160 personas opositoras que permanecen detenidas arbitrariamente.” La traición a los derechos políticos de la ciudadanía por parte de Daniel Ortega, en este caso el respeto a la voluntad general expresada en el voto y el derecho a elegir libremente, es una traición a la soberanía del pueblo de Nicaragua que los Estados que se precian de democráticos no pueden avalar.
López Obrador señaló que mandaría un representante a la toma de posesión de Ortega porque “tiene buenas relaciones con todos”, serán todos aquellos que no sean el pueblo nicaragüense, porque en palabras de Desmond Tutu: “si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor”. Flaco favor a nuestra propia soberanía.
Hemos dado por hecho el Estado de derecho, por eso vivimos una crisis inacabable de violencia, impunidad y corrupción. Si seguimos dando por hecho la democracia, nos quedaremos sin división de poderes y contrapesos, con más poderes fácticos y mayor militarismo, y, como en Nicaragua, con un gobierno tiránico y un pueblo amenazado en su constitución.
