Minería en la 4T: herencia de una política rapaz

Violeta R. Núñez Rodríguez[1]

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía[2], en México hay 24,072 títulos de concesiones mineras vigentes, que abarcan 16,871,325 hectáreas (168,713 km²). Esta extensión supera la superficie de al menos 157 naciones en el mundo, lo que muestra las grandes dimensiones de la expansión minera en nuestra nación, pese a que durante lo que va del sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador no se ha otorgado ninguna concesión nueva. No obstante, durante otros sexenios, esta superficie fue aun mayor, llegando a estar vigentes más de 30 millones de hectáreas en concesiones mineras (véase Gráfica 1). Sin embargo, la expansión de esta industria extractiva sigue siendo de grandes proporciones, pero hay que indicar que es la herencia de la intensa entrega de concesiones durante otros sexenios gubernamentales, principalmente el de Felipe Calderón, como se observa en el Mapa 1 (Téllez y Sánchez, 2015).

 

Gráfica 1

 

Mapa 1

 

La mayor parte de los más de 24 mil títulos de concesiones vigentes, se ubican en los estados de Sonora con 4,196; Durango, con 3,377; Chihuahua, con 3,135; y Zacatecas, con 2,255. Tan sólo en estas cuatro entidades federativas está el 54 % del total de las concesiones. Sin embargo, también sobresalen Coahuila, Jalisco y Sinaloa, con 1,883, 1,317 y 1,314 títulos de concesión, respectivamente. Cabe señalar que al final de la administración gubernamental anterior, el número de concesiones era de 25,221, por lo que un poco más de mil concesiones ya no aparecen como vigentes. No obstante, el número sigue siendo considerable.

 

En cuanto a la superficie concesionada, más de la mitad de esta, el 56 %, se concentra en sólo cinco entidades de la república mexicana: Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Jalisco (véase Gráfica 2).

 

Gráfica 2

 

Aunado a esto, es de destacar que estados como Colima, que apenas representan un poco más del 1 % de la superficie concesionada a nivel nacional, tienen más de una tercera parte de su territorio, el 34 %, concesionada (como lo vemos en la Gráfica 3); siguiéndole Zacatecas, con cerca del 20 % de la superficie estatal; Sonora y Jalisco, con 18 y 17 %, respectivamente. Es decir, hay entidades federativas que tienen una intensa expansión territorial concentrada en las concesiones mineras.

Grafica 3

 

Una parte importante de estas concesiones se conservan dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 1,862 concesiones mineras, que abarcan 1.5 millones de hectáreas, están sobre 68 de las 142 ANP (véase Mapa 2), que representan el 7.73 % del total de la superficie terrestre protegida (CONANP, 2019). Algunas de ellas, tienen una extensión considerable. Al respecto, indica la CONANP, “existen concesiones mineras en cerca del 90 % del territorio de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán” (CONANP, 2019). Aunado a esto, agrega la CONANP, hay 108 comunidades que están ubicadas en ANP con traslape con concesiones mineras. Algunas de éstas ya han sufrido afectaciones considerables, como es el caso de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en Chiapas, en los ejidos La Libertad (de donde se extrae titanio) y Nueva Francia (CONANP, 2019). Así, el tema de la actividad minera en las ANP es un asunto pendiente, que no sólo abarca determinaciones territoriales, sino sociales y ambientales.

 

Mapa 2

 

Frente a este escenario, existe otro que puede ser nombrado como el de los “latifundios mineros”. Si bien es cierto que la Constitución en su artículo 27, fracción XV, establece que “en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios”, las empresas mineras mantienen en su poder grandes extensiones territoriales, mediante las concesiones mineras, que, de acuerdo con la Ley Minera, pueden durar hasta 100 años. Al respecto, Fresnillo PLC, además de informar en el portal de la Bolsa Mexicana de Valores que es el mayor productor de plata a nivel mundial y el segundo mayor productor de oro, señala que “cuenta con concesiones mineras que abarcan 2.1 millones de hectáreas en México” (BMV, 2021). Sobre el poder y el derecho que adquieren estas empresas mineras, no olvidemos que el artículo 6 de la Ley Minera establece que “la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Aunado a esto, el artículo 15 estipula que “Las concesiones mineras conferirán derechos sobre todos los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la presente Ley”. Pero además, el artículo 19 indica que “las concesiones mineras confieren derecho a…”:

 

… III. Disponer de los terreros que se encuentren dentro de la superficie que amparen, a menos que provengan de otra concesión minera vigente;

1. Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros, al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a través de lotes mineros;
2. Aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas;
3. Obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente a los señalados en la fracción anterior, en los términos de la ley de la materia; …

(Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1992)

 

Así, la Ley Minera vigente otorga a las empresas el derecho casi absoluto sobre el territorio concesionado. Un problema adicional, es que las grandes empresas han ido constituyendo verdaderos latifundios mineros, a partir de la suma de la superficie de sus diferentes títulos de concesión. Al respecto, en el mapa de extensión territorial de los cinco principales grupos mineros (Téllez, 2021) se muestran las superficies en manos de estas empresas mineras. Ahí se constata que Altos Hornos de México tiene en concesión más de 3.6 millones de hectáreas; Industria Peñoles, 3.3 millones de hectáreas, superando por mucho el dato que reportan en la BMV; Minera Frisco, más de un millón de hectáreas; Grupo México, 692 mil hectáreas; y Aután, 19 mil hectáreas (véase Mapa 3).

 

Mapa 3

 

Aunada a la expansión minera y la concentración territorial, y por supuesto su ubicación sobre las ANP, la extracción de algunos minerales se ha mantenido o ha seguido creciendo. Esto ha posibilitado que México siga siendo un país con gran importancia minera a nivel mundial (véase Cuadro 1). Por ejemplo, en 2019 de México se extrajo el 23 % de toda la plata del mundo; el 17% de toda la flourita; y el 18 % de la celestita (US, Geological Survey, 2020). Pero su importancia, también radica en otros 19 minerales (véase Cuadro 1). Así, esto muestra la intensa extracción que se sigue llevando a cabo en nuestra nación.

 

 

Este escenario, vivido antes de la pandemia, se modificó (aunque no para todas las empresas, como lo veremos) durante el año 2020 por la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. No obstante, se irá retomando conforme el mundo se vaya abriendo a partir de la generalización de la vacuna. Pero no está demás decir que, pese a que la producción minera disminuyó en general, la variación anual de la producción minerometalúrgica durante enero-noviembre de 2020, con respecto al mismo lapso del año anterior, en el caso de la plata es del 3.8 %; del plomo, de 7.3 %; y del zinc, de 8.7 % (INEGI, 2021), minerales en los que la nación ocupa el primero, quinto y sexto lugar a nivel mundial, respectivamente. Esto significa que aun con la pandemia, la extracción siguió. Esto muestra que además de los “latifundios mineros”, que prevalecen producto de la herencia de los gobiernos anteriores, la extracción no sólo no cesa, sino que en algunos casos se intensifica. Es decir, el extractivismo, además de prevalecer, aumenta. Ejemplo de ello es lo que indica Grupo México, uno de los principales grupos mineros de este país, que en su último informe, de enero de 2021, indica que el “2020 fue un año récord en producción de cobre, molibdeno y plata. Debido al estricto protocolo que hemos implementado en salud y seguridad ante la pandemia por COVID-19 y a pesar del entorno tan complicado, logramos alcanzar un nuevo récord de producción de cobre, totalizando 1,128,927 toneladas ” (Grupo México, 2021).

 

Junto a esto, las enormes ganancias de algunos de estos grupos, también crecen. Al respecto, Grupo México (GM) señala que “las ventas acumuladas durante el 2020 alcanzaron US$10,909 millones, cifra récord en toda la historia de Grupo México, 2.1 % mayores al 2019” (GM, 2021). De manera específica, expresa GM, “La División Minera obtuvo ventas por US$8,566 millones en 2020, 7.5 % mayores al 2019”. Por su parte, indica este consorcio, que “La utilidad neta consolidada del 2020 fue de US$2,107 millones, mostrando un incremento de 19.3 % comparado con el año anterior”. Pero este escenario seguirá replicándose, debido a que se proyecta que para el próximo año se duplique la inversión de capital (véase Cuadro 2).  Es decir, el extractivismo, con sus implicaciones sociales y ambientales, seguirá.

 

Uno de los grandes problemas de la situación descrita, es que estas empresas no socializan sus ganancias, pese a que, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, los minerales son de la nación. Aunado a esto, varios de los principales consorcios mineros han evadido pagar impuestos durante años. Un ejemplo de esto es la reciente demanda por el adeudo de impuestos que el Sistema de Administración Tributaria realiza en contra de la empresa First Majestic Silver Corp, “por mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década”. Al respecto, “según el análisis del gobierno… Firt Majestic… fijó los precios de la plata por debajo del valor de mercado en un sistema similar a los precios de transferencia utilizados por las multinacionales para trasladar las ganancias a paraísos fiscales” (Reuters, 2021).

 

En este contexto, pese a que es plausible no entregar nuevas concesiones (lo que a muchos mineros no les preocupa porque con la minería y las minas con inteligencia artificial la extracción puede ser mayor), dejar de nombrar a la actividad minera como actividad estratégica y prioritaria; haber cancelado la Concesión de Los Cardones en Baja California Sur; plantearse rescatar los cuerpos de los 63 mineros que quedaron sepultados por la explosión de la mina Pasta de Conchos; no eliminar los diferentes derechos (general, especial y extraordinario) que tienen que cubrir los titulares de las concesiones, pese a la presión empresarial, entre otras acciones, quedan muchos pendientes por resolver, derivados de una política rapaz cuya fuerte presencia se siente a lo largo de todo el territorio nacional.

 

[1] Profesora-Investigadora del Departamento de Producción Económica, UAM-X.

[2] Información obtenida mediante solicitud en la Plataforma Nacional de Transparencia, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.