Michael W. Chamberlin
RompevientoTV, 19 de octubre de 2021
México ocupa el lugar 113 de 139 países en el Índice Global del Estado de Derecho, que mide cada año la organización World Justice Project. Decreció 2.9 % con respecto al reporte del 2020, como casi todos los países, dado el contexto de la pandemia, pero perdió también un lugar en la escala. A nivel latinoamericano y del Caribe, tiene el lugar 27 de 32, y en la escala de países de renta media, se encuentra en el lugar 37 de 40. Un panorama nada alentador.
El reporte presentado hace unos días conjunta la percepción de la población en general por medio de encuestas a más de 138,000 hogares y el conocimiento de 4,200 especialistas alrededor del mundo. Mide el Estado de Derecho a partir de ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento de las Normas, Justicia Civil, y Justicia Penal. Miremos detenidamente la medición para el caso mexicano, de la mejor calificación a la peor.
- Gobierno abierto. México ocupa el lugar 43 de 139, con 0.60 de calificación.
Este factor es en el que mejor se encuentra México. Se mide la apertura del gobierno definida por el grado en que comparte información, empodera a las personas con herramientas para hacer que el gobierno rinda cuentas, y fomenta la participación ciudadana en las deliberaciones de políticas públicas. Este factor mide si las leyes básicas y la información sobre derechos legales se publicitan y evalúa la calidad de la información publicada por el gobierno.
- Derechos Fundamentales. México ocupa el lugar 91 de 139, con 0.49 de calificación.
No es de extrañar una calificación media, ya que México ha suscrito casi todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y les ha dado rango constitucional. Este factor se centra en un grupo de derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y su garantía: el derecho a la no discriminación; el derecho a la vida y a la seguridad personal; el debido proceso y los derechos del acusado; libertad de opinión y expresión; derecho a la no interferencia arbitraria en la vida privada; derecho de asociación y de asamblea; y derechos laborales fundamentales.
- Límites al poder gubernamental. México ocupa el lugar 102 de 139, con 0.45 de calificación.
A partir de aquí comienzan los datos más preocupantes. Este factor mide el grado en que los gobernantes están sujetos a la ley. Comprende los medios constitucionales e institucionales, por los cuales los poderes del gobierno y sus funcionarios y agentes están limitados y rinden cuentas ante la ley. También incluye controles no gubernamentales sobre el poder del gobierno, como una prensa libre e independiente. Sin duda, los ataques que siguen sufriendo las y los periodistas son un elemento importante para no tener una mejor calificación.
- Cumplimiento de las normas. México tiene el lugar 105 de 139, con 0.44 de calificación.
Este factor y el anterior son una mancuerna: mientras el anterior mide la existencia de controles legales, este mide el grado en que las normas se implementan y se hacen cumplir de manera justa y efectiva. Las normas, tanto legales como administrativas, estructuran los comportamientos dentro y fuera del gobierno. La falta de cumplimiento de las normas tiene dos caras, tanto la que el Estado permite por medio de la corrupción y la impunidad, que veremos más abajo, como la falta de compromiso de la ciudadanía con el Estado de Derecho como marco que regula la convivencia democrática.
- Justicia penal. México ocupa el lugar 129 de 139, con 0.29 de calificación.
Evalúa el sistema de justicia penal de un país. Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del estado de derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y emprender acciones contra las personas por delitos contra la sociedad. Una evaluación de la aplicación de la justicia penal debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos la policía, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios de prisiones. La ineficacia e insuficiencia en el sistema de justicia en México quedan claras con las cifras de la impunidad y la cifra no registrada de delitos cometidos, ambos por arriba del 90 %, y por la falta de jueces para atender eficaz y expeditamente a las víctimas de delitos.
- Orden y seguridad. México tiene el lugar 130 de 139, con 0.53 de calificación.
Este factor mide qué tan bien una sociedad garantiza la seguridad de las personas y la propiedad. La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad del estado de derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición previa para la realización de los derechos y libertades que el estado de derecho busca promover. Más de 90 mil personas desaparecidas, cientos de miles de muertos, feminicidios, grupos armados ilegales controlando territorios, hablan de este lugar en la lista.
- Justicia civil. México ocupa el lugar 131 de 139, con 0.37 de calificación.
Se mide si la gente común puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil. Mide si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles, así como si están libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de los funcionarios públicos. Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras irrazonables y si las decisiones se ejecutan de manera efectiva. También mide la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de disputas. Que la capacidad de la sociedad para resolver controversias por la vía civil o por mecanismos alternativos de resolución de disputas, sea peor evaluada que la justicia penal, explica en buena medida por qué vivimos violencia de manera cotidiana en diferentes niveles.
- Ausencia de corrupción. México ocupa el lugar 135 de 139, con 0.26 de calificación.
Este factor mide la ausencia de corrupción en el gobierno. El factor considera tres formas de corrupción: sobornos, tráfico de influencias por intereses públicos o privados, y malversación de fondos públicos u otros recursos. Estas tres formas de corrupción se examinan con respecto a los funcionarios del gobierno en el poder ejecutivo, el judicial, las fuerzas armadas, la policía y el poder legislativo.
Este factor está estrechamente ligado a los anteriores, a la ineficacia de los sistemas de justicia y mecanismos de resolución de conflictos, a la falta de respeto por las normas, a la proliferación de grupos criminales, a la violencia cotidiana, a los límites del poder gubernamental, etc., pero cuidado: estos factores no sólo hablan mal del gobierno y de las instituciones, también hablan de las actitudes de la ciudadanía frente al estado de derecho. El reporte pone serios retos al Estado, que hay que atender, y nos refleja una sociedad rota que debe repararse. Quizá lo segundo antes que lo primero.
