Susan Sontag nos dice que la potencia de las imágenes radica en que éstas se constituyen como “realidades materiales por derecho propio”, realidades que «consumen » realidad, que no son más sombras de aquello que las proyecta y que denominamos como «lo real», son, por tanto, re-significaciones, datos informativos inmediatos.
Nuestra condición de espectadoras/es nos sume en un instante de inmovilidad contemplativa que nos desnuda frente a la fuerza de los retratos de hechos reales, sobre todo cuando los acontecimientos que encumbran el poder de la imagen narran tiempos de violencia, crueldad, horror, desaparición y muerte. Poder de la imagen que nos obliga a
re-pensar nuestros lugares comunes, estos sitios desde los que enunciamos y reflexionamos sobre el sentido que adquieren las imágenes de la violencia contemporánea desde las que se narra la compleja cotidianidad que vivimos, así como la forma espectacular, sensacionalista, consumista y hasta negacionista con que asumimos nuestras experiencias individuales y colectivas.
La violencia contemporánea en México ha establecido un “orden visual” desde el que se crean espacios de pretendida “visibilización” de un mundo que, sin embargo, constantemente se invisibiliza. Las imágenes parecen ser el signo de un tiempo contemporáneo en constante tensión; la reproducción masiva de las imágenes de la violencia satura un tanto nuestra capacidad de significarlas, de comprenderlas, incluso, en aquello que las imágenes no logran plasmar con claridad o evidencia. En los últimos días hemos sido sacudidas/os por una vorágine de acontecimientos –a escala regional y local- que nos demuestra la dificultad de asumir nuestra realidad sin sentir que es ésta misma la que nos aniquila. Quizás nos creíamos adormecidas/os pero los periódicos y medios noticiosos nos han hecho volver a preguntarnos si realmente somos capaces de no mirar y no nombrar lo que atestiguamos. “Pese a todo, imágenes-dice Didi Huberman- […] debemos contemplarlas, asumirlas, tratar de contarlas” .
En días recientes, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado la detención de la escalada de violencia en nuestro país, hemos sentido la necesidad de volver a plantear viejas interrogantes: ¿qué reconocemos como violencia?; ¿qué causas y efectos le atribuimos?; ¿qué respuestas, opciones o análisis tenemos para contener y resolver el problema? Con estas interrogantes, y otras más, contestamos las afirmaciones de un poder ejecutivo que, a la luz de lo visible, parece autocomplaciente. La percepción de la violencia desde el poder del Estado no es necesariamente la experiencia de la violencia que las poblaciones que sufren de un modo u otro. No pretendemos precipitarnos en nuestros juicios, al contrario, creemos que es tiempo de abrir espacios de conversación que nos permitan dilucidar los tiempos tan complejos que vivimos; pero reconocemos que nos resulta complicado sujetarnos a tal afirmación, los acontecimientos recientes nos dicen que los niveles de violencia no sólo permanecen, probablemente también se encuentran en ascenso. Ante la probable desestimación de las opiniones contrarias, consideramos importante pensar que frente a la responsabilidad institucional hay una responsabilidad social que, si bien no puede deslindarse por completo de las posiciones ideológicas, tiene que resonar de manera crítica ante el desvelamiento de los hechos.
Estamos conscientes de que la violencia no ha proliferado de manera instantánea, que es parte de un largo proceso de precarización y cosificación de la vida, proceso que, en los últimos 12 0 13 años, ha llegado a límites que trastocan todos nuestros sentidos. También comprendemos que tal precarización y cosificación, característica de la organización socioeconómica capitalista, se ha puesto en marcha como elemento instrumental que condiciona la red de relaciones sociales subsumiendo la capacidad política de los estados y de las sociedades desde hace ya muchos años.
Sin embargo, nos parece problemático que la respuesta a un fenómeno de violencia extendido en tiempo y espacio se pretenda responder aludiendo solamente a “las calamidades de 36 años atrás”, como lo ha dicho Andrés Manuel. A muchas personas nos resulta difícil no ver un continuum, en muchos aspectos, de aquel modelo neoliberal que se presume ha terminado, no se lea esto como una oposición ciega. En este sentido, y sin que neguemos la corresponsabilidad de determinados actores del pasado –y no tan pasado-, es urgente el reconocimiento de la crisis humanitaria que enfrenta nuestro país por causa de la violencia que es cada vez más extrema, al mismo tiempo que evitamos reducir la cuestión como si ésta se tratase de un tema exclusivo de seguridad. Desde nuestra opinión, la violencia en sus distintas manifestaciones y magnitudes es una problemática social que requiere respuestas ampliadas. El proyecto de seguridad de un país como éste tiene que mostrar comprensión de y coherencia con las causas sociales, económicas y culturales que han hecho posibles los horrores que atestiguamos y sufrimos. La violencia no tiene que ver sólo con malas elecciones individuales o crisis de valores; la violencia es algo mucho más complejo que casi siempre está relacionado con prácticas de control -legales o no, legítimas o no-.
Sí: la justicia mexicana no debe soltar el pasado sobre el que tiene que rendir cuentas, pero ha de hacerlo respondiendo con las emergencias de un presente turbulento que no puede negarse. La llamada “pacificación” evocada una y otra vez por el gobierno actual no llegará por decreto; es muy pronto afirmar una transformación cuando la violencia sigue siendo estructural y sistemática; es prematuro y arriesgado creer que hemos exorcizado ya el espíritu neoliberal de nuestra época; es, además ingenuo pensar que la desestabilización que el neoliberalismo está enfrentando en países como Chile y Ecuador tuvo uno de sus principales impulsos en México con la llegada de López Obrador.
Los tiempos aún no son mejores y, ahora que las imágenes de la violencia cotidiana parecen nuevamente sacarnos un poco de nuestra somnolencia, es necesario demandar la creación e implementación de políticas de seguridad con capacidad de articularse, por un lado, con el tema de justicia social, y por el otro, con la intención real de descolocar económica y socialmente las estructuras de los poderes que generan, propagan y/o permiten el desarrollo de la violencia tal como
hoy la vivimos.
