Luz en la noche de las desapariciones
10 años del informe sobre México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU
Michael W. Chamberlin
Rompeviento TV, a 15 de marzo de 2022
En este mes celebramos con un foro convocado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, los once años de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (el Grupo de Trabajo) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y diez años de la presentación del informe de esa visita. Si bien la larga noche de las desapariciones no acaba, es necesario ver las luces de este largo caminar.
El Grupo de Trabajo llegó a México en marzo de 2011, en plena escalada de la violencia criminal iniciada en el norte del país y que comenzaba a incendiar otros territorios de la República -en el mismo mes y año que asesinaban en Morelos a Juan Francisco Sicilia-. Si bien el Grupo ha dado seguimiento a las víctimas de la contrainsurgencia de los años 60, 70 y 80 en México, pronto se dio cuenta de la grave situación de violencia y de desapariciones en el contexto de la guerra de Calderón iniciada en 2006 y solicitó ser invitado formalmente al país, pero no pudo imaginar lo que, a la larga, provocaría su visita.
Hasta su visita, los colectivos de familiares de víctimas de desaparición eran escasos. Existía una estigmatización casi absoluta de las víctimas, porque las autoridades, los medios de comunicación y la sociedad misma justificaban los crímenes diciendo: “en algo andarían”. El Grupo de trabajo hizo lo que pocos: escuchar a las víctimas que hasta entonces eran consideradas “daños colaterales” en enfrentamientos o ajustes de cuentas entre bandas rivales. Como detalla en su informe, el Grupo “recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”, poniendo luz a una problemática más compleja a la que aparentemente se mostraba y validando a las víctimas que pronto se condensaron en colectivos o en el naciente Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad convocado por Javier Sicilia.
El Grupo de Trabajo también constató que “en muchas ocasiones, los casos de desapariciones forzadas son eufemística y popularmente denominados ‘levantones’. El Grupo de Trabajo recibió múltiples testimonios de casos en que la privación ilegal o arbitraria de la libertad era clasificada bajo delitos distintos, tales como el secuestro o el abuso de autoridad, o las personas son simplemente consideradas ‘extraviadas’ o ‘perdidas’ (particularmente en grupos como mujeres, menores y migrantes) sin una adecuada investigación para descartar la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada.”
Tampoco había un cálculo del número de personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo en su informe final señala, no sin titubeos, que: “organizaciones civiles reportaron que —de acuerdo con sus estimaciones— más de 3.000 personas habrían sido desaparecidas en el país desde el 2006 (hasta marzo del 2011)”. La inquietud planteada por el Grupo por entender la dimensión del fenómeno llevó a que en diciembre de 2012, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, el Washington Post revelara la existencia de una lista de la Procuraduría General de la República con 27 mil nombres de personas desaparecidas en el sexenio de Felipe Calderón, y posteriormente a la creación de un registro nacional de personas extraviadas y desaparecidas.
Con la visita y el informe del Grupo de Trabajo se presentaba por primera vez un panorama de la crisis profunda de violaciones a derechos humanos que se vivía en ese momento, rompiendo con ello el mito de la violencia necesaria en la lucha contra las drogas, y desmontando los prejuicios para regresarle la voz a las víctimas, quienes muy pronto se volvieron protagonistas de la lucha. El informe posibilitó que las desapariciones fueran un tema de análisis y debate público en el marco de los derechos humanos y en 2013 se celebró en Saltillo, Coahuila, por primera vez, un Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas en México para discutir la implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Este foro fue la semilla de futuras políticas públicas, nuevas instituciones y reformas legales.
Los colectivos de víctimas se multiplicaron y las demandas de verdad, justicia y reparación junto con ellos. El Movimiento por la Paz fue un gran catalizador para la movilización que derivó en una ley de atención a víctimas, y el empuje de FUUNDEC en Coahuila para una ley contra la desaparición forzada como precedente de la Ley General en la materia, fue abriendo brecha para la creación de fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda y planes estatales de identificación forense. El proceso de organización de los colectivos de familiares de víctimas para exigir sus derechos y visibilizar el fenómeno de graves y generalizadas violaciones a derechos humanos en México, tuvo su culmen de movilización a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. En 2015 se abre un nuevo capítulo con el examen del Comité contra las Desapariciones Forzadas a México, de donde se derivó la Ley General de Desapariciones y las Comisiones de Búsqueda; una mayor cooperación internacional para fortalecer a las instituciones, organizaciones civiles y a los colectivos; y una nueva visita ahora del Comité a México en 2021, que dará a conocer su informe el 8 de abril próximo, en el que se esperan más luces que venzan la oscuridad.
Nadie canta victoria. Las desapariciones hoy suman casi un cuarto de millón de personas de las cuales alrededor de cien mil siguen sin ser localizadas. Cada día se suman 23 nuevos casos, la cifra sigue creciendo y las víctimas acumulándose. El Grupo de Trabajo “encontró patrones como la impunidad generalizada y la falta de la plena verdad y reparación para las víctimas”. Las cuestiones planteadas hace 10 años siguen fundamentalmente iguales.
A pesar de leyes, instituciones, políticas y disculpas públicas, los cuatro objetivos siguen siendo claros: detener ya las desapariciones, encontrar a los desaparecidos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. La larga noche de las desapariciones no ha terminado, pero, a diferencia de hace 10 años, hoy existe una sociedad nacional e internacional más consciente de la crisis humanitaria que vive México, periodistas y organizaciones civiles más comprometidos con la verdad, y sobre todo, un movimiento de víctimas que madura cada día en una nueva ciudadanía que, a la larga, será la garantía para la paz. Estas luces hoy son posibles por la intervención tenaz y oportuna del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria, con ello justifica con creces su existencia.
