Luces por la resistencia: alternativas a la reforma eléctrica desde los pueblos

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Michael W. Chamberlin

Rompeviento TV a 7 de diciembre de 2021

 

El debate sobre la reforma energética pareciera una discusión de gigantes en la que, por un lado, están las grandes empresas y voces del gobierno norteamericano, que defienden la participación privada en la producción de energía, y por el otro, el presidente López Obrador y sus partidarios, dentro y fuera del Congreso. Pero una serie de organizaciones, colectivas y cooperativas, muchas de ellas indígenas con más de quince años en la defensa popular de la energía eléctrica, señalan que hay una tercera vía, más crítica y respetuosa de las necesidades de los pueblos.

En noviembre pasado, a propósito de la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica presentada el 30 de septiembre por la presidencia de la República, diversas organizaciones y comunidades indígenas de Oaxaca, Puebla, Veracruz, la Huasteca Potosina, Baja California y Yucatán se reunieron en el Istmo de Tehuantepec para discutir una propuesta de modificaciones a la iniciativa presidencial. Como resultado del encuentro, las y los participantes provenientes de territorios indígenas concluyeron que una reforma energética debe contemplar:

  • La protección y respeto de los derechos territoriales y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, y de núcleos agrarios (ejidos y bienes comunales), para evitar que continúe el despojo por parte de empresas privadas de energía y de CFE. Derechos reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT.
  • El derecho a la generación de energía renovable por los pueblos y comunidades, núcleos agrarios y comunidades urbanas marginadas que así lo decidan. Demandamos un marco legal que respalde y fomente los proyectos de estos sectores que tengan fines sociales, de dos tipos: autoabasto de electricidad, y venta de energía a la red pública para dar sustento a planes de vida colectivos.
  • La inclusión explícita del derecho humano a la energía eléctrica de manera suficiente, aceptable, asequible y de calidad para uso doméstico. Esta es una demanda histórica de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas y otros procesos organizativos.
  • La prohibición del fracking (tecnologías para extraer petróleo y gas inyectando al subsuelo químicos tóxicos disueltos en agua para fracturar la tierra). El discurso oficial es que ya está prohibido, pero sigue habiendo fracking en México. Esta demanda proviene de comunidades y organizaciones en regiones afectadas o amenazadas por esta práctica.

Posteriormente, a principios de diciembre, un grupo mayor de comunidades y organizaciones integrantes de la Campaña Luces de las Resistencias presentaron en conferencia de prensa, una serie de argumentos o “luces” urgentes para abordar en el debate sobre el sentido de la transición energética desde el campo popular, poniendo en común alternativas energéticas sostenibles, justas y solidarias.

La campaña declara: “Frente a las amenazas constantes a los territorios con proyectos energéticos y extractivos, frente al cambio climático que ya muestra sus primeras consecuencias en nuestros países, frente a la neoliberalización de la economía mundial, que busca privatizar los bienes naturales, producir y consumir más y más energía, para beneficiar a unos pocos; consideramos vital y urgente sacar la discusión alrededor de la energía de los círculos de expertos técnicos y las altas esferas políticas, y debatir colectivamente sobre las siguientes preguntas: ¿Energía, para qué? ¿Energía, para quién? y ¿Energía, cómo?”, y propone siete luces sobre el debate energético:

Las mal llamadas energías limpias: la participación en la generación eléctrica de las grandes empresas privadas, cuya mayor motivación en participar en este mercado es la acumulación, antes que la de satisfacer las necesidades de los pueblos, comunidades y el país en general y por ello hay que limitarlas.

La CFE y los derechos de los pueblos: Nos preocupa la incertidumbre jurídica que diversos pueblos y comunidades tendrán ante megaproyectos energéticos y si se profundizará el despojo, la represión y persecución contra quienes decidan defender sus tierras y aguas comunes. La CFE, también ha violado derechos humanos como lo hacen las empresas privadas como la imposición de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, el tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y la hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos.

Los actuales megaproyectos como asunto estratégico de Estado: Vemos que el despojo se hace más evidente a través del acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de noviembre, mediante el cual el Estado considera de interés público y seguridad nacional la construcción de proyectos energéticos y obras de infraestructura, sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército, a costa del despojo, la destrucción del medio ambiente e incluso con hostigamiento, persecución y amenazas a la vida de quienes defendemos nuestros territorios.

La extracción del litio: La industria minera del litio, o cualquier otro mineral, implica una fuerte carga de devastación ambiental y consumo de agua para su extracción. No se debe priorizar el fomento del modelo extractivo minero para solucionar un problema ambiental global por medio de una transición energética que pase por encima de los derechos de las comunidades a un ambiente sano y al agua potable, y que al final exacerba el problema que pretende solucionar. Mientras esté en manos de intereses económicos corporativos y no para el bien común, sólo hablaremos de falsas soluciones tecnológicas y no de transición democrática y justa.

La prohibición del fracking: En un contexto de acciones urgentes para atender los compromisos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento del planeta en 1.5°C, es necesario prohibir prácticas que contribuyen ampliamente con el aumento de temperaturas, como el fracking, el cual persiste en México a pesar de que el gobierno se comprometió a erradicarlo. Por el contrario, el presupuesto asignado para el fracking ha ido creciendo. Para el 2022, se asignó 15 mil millones de pesos, lo cual significa un aumento de 219% respecto a 2021.

El derecho a la energía eléctrica y la tarifa social justa: Si bien es urgente la condonación de deudas de miles de personas a las que se les hacen cobros exorbitantes, consideramos esencial hacer explícito en la nueva reforma el derecho humano a la energía eléctrica y a una tarifa social justa que plantee el acceso a este bien común como un tema de derechos humanos, y no de mercado y precios.

La soberanía tecnológica: Proponemos procurar el uso de tecnologías locales propias y no depender ni de políticas ni de la tecnología del norte global, que sólo existe gracias al saqueo y apropiación de los bienes de los pueblos del sur.

Otras formas sociales, comunitarias y populares de generación y gestión de la energía: Desde la campaña Luces de las Resistencias queremos una transición sostenible, democrática, descentralizada y justa. Mantenemos la preocupación de que se desdeñen otras formas sociales, comunitarias y populares de la gestión de la energía.

Nos parece fundamental que la propuesta de reforma contemple con claridad las formas en las que las comunidades y la ciudadanía puedan participar activamente del debate energético, sin reducirlo a un debate sobre la electricidad, en atención al derecho humano a la energía y de formas más justas y democráticas de su gestión, como es la generación distribuida. Como ejemplo de esto, la Campaña nos comparte el documental La Energía de los Pueblos, para mirar formas comunitarias de producción autónoma de energía para el bien común.

Estas luces son una propuesta de debate público gestada durante una amplia discusión de diversas organizaciones del México de abajo. En ellas están algunas de las rutas de pensamiento para una transición socioambiental popular, la autonomía energética y el pleno cumplimiento de los derechos que garanticen la reproducción de la vida.

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