En una democracia no puede haber intocables, de allí que la convocatoria a la marcha del 13 de noviembre, bajo la etiqueta #ElINENoSeToca, haya sido un contrasentido de quienes se ufanan de sus amplias convicciones democráticas. El el INE, o cualquiera otra institución, no pueden ser intocables puesto que eso sería otorgarles un halo mágico del que evidentemente carecen, amén de anular por oscuros principios toda posibilidad de corrección de yerros, de superación de obstáculos, de mejora en sus funciones y estructuras. ¿Por qué no se podrían, y se deberían, tocar los ingentes salarios y prestaciones de los consejeros y la plana mayor del INE? ¿Por qué dar por hecho que no puede haber un mejor procedimiento para la integración del Consejo General del INE que el que actualmente está en vigor? ¿Cómo justificar los 500 diputados y los 128 senadores que componen hoy en día las respectivas cámaras? ¿Por qué no avanzar hacia el voto electrónico que disminuiría el costo electoral? Corregir lo oneroso del INE, transformar el proceso de conformación de su Consejo General en función de cuotas partidistas, aminorar la obesidad legislativa y establecer el voto electrónico son medidas que difícilmente pueden concebirse como atentatorias a la democracia.
Por otra parte, dar por sentado que a la iniciativa de transformación del INE no se le va a modificar ni una coma es incurrir en el mismo esquema maniqueo de los opositores a la reforma. De entrada, parece plausible la disminución de 11 a 7 el número de consejeros generales, no así que deban nombrarse a partir de votaciones puesto que ese mecanismo tampoco garantiza imparcialidad y aún más, entraña el riesgo de que la decisión de la mayoría lleve al Consejo General a personas populares, quizás, pero no necesariamente a las más calificadas ni las más equitativas y, por otra parte, ese mecanismo favorecía cargadas mayoritarias en detrimento de la representación de las minorías; de la misma manera, la supuesta eliminación de las diputaciones plurinominales al hacerlas todas bajo un esquema plurinominal, es decir, un modelo en el que los legisladores se eligen a partir de las listas elaboradas por los partidos políticos, tampoco significa ampliar los márgenes de la representación popular, más aún cuando no hay espacio alguno para las candidaturas ciudadanas ajenas a los partidos políticos.
La propuesta redactada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, ambos políticos con amplia experiencia legislativa ahora en posiciones lejos de las cámaras, es perfectible, sin duda, sujeta a negociación y, sería lo ideal, debería ser parte de una reforma política de mayor calado que tocara no solo al INE y a la conformación del poder legislativo, también al ejecutivo, al poder judicial y a las fiscalías, instancias en donde anclan muchos de los intocables que favorecen, a su vez, que intocables que operan al margen de la ley lo hagan con total impunidad. El sistema electoral que hemos construido con muchas dificultades ha sido insuficiente para evitar que en la democracia mexicana los intocables prosperen y se expandan, gozando de la impunidad que les cobija.
En una democracia, así sea una con enormes asimetrías, vicios, disfuncionalidades e inconsistencias normativas, no puede haber intocables. Y, sin embargo, los hay y muchos. En eso deberían estar centradas las críticas, los análisis y las propuestas tanto de la oposición como del oficialismo, en cómo evitar que haya tantos intocables que tanto daño hacen al país, sin embargo, las diatribas de unos y los panegíricos de otros apuntan a procedimientos y mecanismos que en esencia dejan incólumes a los intocables de siempre. En estas circunstancias, que prospere la reforma electoral presidencial, que se rechace de tajo, o bien y creo que es lo más probable, que se le hagan ciertas modificaciones previa negociación de las dirigencias partidistas, en poco, sino es que en nada, va a afectar los intereses de los intocables de toda la vida. Y mientras los intocables permanezcan como tales la nuestra será una democracia de y para las élites.
La siguiente relación de intocables no pretende ser exhaustiva, simplemente es ilustrativa de las fuerzas e intereses que a lo largo de muchas décadas han visto pasar reformas electorales, transformaciones institucionales, cambios de siglas partidistas en los gobiernos, modernizaciones de todo tipo y, pese a esas transformaciones, o más bien, gracias a ellas, permanecen florecientes, diversificados e impunes.
- Los grandes capitales y sus empresas extractivistas de minerales, de agua, de madera, de playas, de territorios enteros que han propiciado la expulsión de cientos de miles de personas, pueblos originarios y campesinos en su mayoría. Esas empresas, como Grupo México, son responsables de los mayores desastres ambientales en el país que han afectado a los ecosistemas y a la salud de millones de personas. Esos grandes capitales controlan a la Comisión Nacional del Agua, con la venia del presidente López Obrador, y han impedido la promulgación de la Ley Nacional de Aguas en la que se establece el derecho humano al agua. Pese a las evidencias en su contra y a las promesas de “corregir” sus catástrofes y sus abusos, esas poderosas empresas continúan operando, muchas veces en los bordes o al margen de la ley, intocables.
- Las viejas estructuras sindicales, remozadas con nuevas dirigencias, pero con las mismas prácticas corporativas, corruptas y funcionales a los gobiernos en turno. Los avances democráticos en el terreno electoral poco, o nada, han incidido en los sindicatos y las organizaciones populares (ambulantes, por ejemplo) en los que las plazas y los espacios se siguen vendiendo, la extracción de recursos vía “cuotas” sindicales es moneda de uso corriente y el machismo, la homofobia y otras formas de exclusión son cotidianos. Las fuerzas políticas que se benefician de tales oprobios son funcionales al sistema electoral, por lo que durante décadas han permanecido, y lo siguen haciendo, intocables.
- Las mafias que operan la economía criminal en sus muchas expresiones: tráfico de drogas, tráfico de precursores químicos, de armas, de personas (en particular de niñas y mujeres), de huachicol, de agua inclusive. Esa economía criminal no podría prosperar sin la activa participación de funcionarios de todos los ámbitos y de todos los poderes: presidentes municipales, síndicos, diputados, jueces, ministerios públicos, gobernadores, policías, senadores, militares (mandos y tropa), entre muchos otros. Los vasos comunicantes entre la economía criminal, los grandes capitales y el poder político siguen perfectamente aceitados, eficientes, y ni la conformación del actual INE o su posible transformación en el INEC, con los cambios normativos consecuentes, les afecta en lo más mínimo. Los lazos entre las mafias, el capital y la clase política permanecen intocables.
Basten los anteriores ejemplos para ilustrar que las reformas que México necesita no están, al menos hasta ahora, en el orden del día de las prioridades ni del gobierno, ni de la oposición. El viejo régimen autoritario que tantos intocables produjo no se ha modificado en lo sustancial, en esta tesitura, la 4T ha quedado a deber, y mucho.
Corresponde a los pueblos originarios, a las colectivas feministas, a los trabajadores y las trabajadoras democráticos, al periodismo independiente, a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, a los grupos ambientalistas, a los jóvenes que resisten en los barrios de todas las ciudades, a las muchas personas que nos oponemos a la militarización en marcha, en fin, corresponde al México de abajo y a la izquierda recuperar la lucha democrática para sacar al país de la evidente crisis política en la que se encuentra. Una crisis que se expresa, entre otras formas, en los pequeños, que no falsos, dilemas de la reforma electoral. Basta de intocables.