Los claroscuros de la consulta popular

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Con los números preliminares del conteo rápido de la consulta popular del 1º de agosto, seguramente habrá muchas personas que consideren negativos los saldos arrojados, habida cuenta del número de participantes, mientras que, con esas mismas cifras, habrá muchas otras que hagan una lectura en positivo del ejercicio democrático. Como lo expresé en una anterior colaboración en Rompeviento TV, tal vez lo más justo esté a medio camino entre el derrotismo sin cortapisa y el optimismo a rajatabla: una lectura que reconozca que ni todo fueron sombras, ni tampoco todo fueron luces, sino un ejercicio que dio como resultado diversas tonalidades de grises en un abanico de claroscuros que será necesario analizar con tiento y mesura.

Considerar que la consulta popular fracasó por no haber obtenido el 40 % del padrón electoral (unos 37.5 millones de votos) como cuota mínima de participación para que los resultados fuesen vinculantes, es un sinsentido. De antemano se sabía que alcanzar esa cifra era una tarea prácticamente imposible, más aún si consideramos que el Instituto Nacional Electoral dispuso un número reducido de mesas receptoras en comparación con la elección del 6 de junio. En apenas 57 mil mesas era poco menos que imposible colectar 37.5 millones de opiniones; por si no fuera suficiente, muchas de esas mesas fueron instaladas en lugares alejados y de difícil acceso, sobre todo en domingo, día en el que el transporte público es más escaso. Por otra parte, la pandemia de COVID-19 fue otro factor disuasivo para que la participación fuera más concurrida: entre el temor a un contagio y el traslado a una casilla lejana donde habría aglomeraciones, quizás muchas personas optaron por quedarse en casa. Y no se les puede objetar su decisión. De igual forma, la campaña en contra de la participación en la consulta muy probablemente inhibió la participación de muchas personas.

Sin embargo, pese a los inconvenientes señalados, la relativamente menguada participación en la consulta popular obedeció fundamentalmente tanto a la misma pregunta planteada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como al proceso político que desembocó en el galimatías plasmado en la boleta. Para decirlo rápidamente: la pregunta reformulada por la SCJN es la condensación de un proceso de discusión política sucedido antes de la consulta y, a la luz de los resultados preliminares en cuanto al número de participantes se refiere, se trató de un debate esencialmente cupular, distante de las organizaciones populares y de la población en general y, sobre todo, un proceso subordinado a las elecciones del 6 de junio.

Tal vez el mayor desacierto de la consulta popular fue vincularla -e inclusive subordinarla- a las elecciones del 6 de junio, porque si bien se trata de procesos democráticos estrechamente vinculados, al mismo tiempo responden a lógicas diferentes, a marcos jurídicos no necesariamente coincidentes, incluso a actores distintos. Por un lado, las elecciones son parte sustancial del ejercicio democrático representativo (con todos los bemoles que conocemos), mientras que la consulta popular responde a una lógica de democracia participativa, de democracia directa. Ambas expresiones, la representativa y la participativa, por supuesto que pueden converger en procesos y potenciar sus alcances, pero sin que una se subordine a la otra, sin que una se conciba como vehículo (o peor, como moneda de cambio) de la otra. Y, desde mi punto de vista, algo de esto ocurrió.

De acuerdo con las circunstancias que rodearon a la jornada del 6 de junio y a la del 1 de agosto, es posible conjeturar que la consulta popular trató de vincularse con las elecciones con la intención de fortalecer a las candidaturas identificadas con la 4T y el obradorismo, si bien la consulta y las elecciones no podían realizarse el mismo día debido a que la Ley Federal de Consulta Popular dispone que este ejercicio se debe realizar el primer domingo de agosto (artículo 8). Con todo, y si hacemos memoria, la reflexión, los análisis, el debate previo -y posterior- a la jornada del 6 de junio ocupó prácticamente todos los medios y las redes, quedando la consulta popular subordinada a un segundo plano. Previo a la jornada electoral del 6 de junio se habló poco, y se analizó menos, los términos y los alcances de la consulta: la discusión estuvo centrada en las elecciones, sus resultados, sus “mensajes”, la distribución de curules, las alianzas, los partidos y colaciones triunfantes y los derrotados, etc.

No es sino hasta fechas muy recientes, dos o tres semanas acaso, que la discusión sobre la consulta popular trascendió más allá de las cúpulas y los actores políticos digamos profesionales, hacia organizaciones y personas que calibraron la importancia de la participación desde su condición de afectados directos por muchas de las decisiones asumidas por anteriores administraciones federales. Así, se convirtieron en convocantes de la consulta el EZLN, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, colectivos de familiares de personas desaparecidas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Congreso Nacional Indígena, entre otras organizaciones. En otros términos, conforme se acercó el 1 de agosto, la consulta fue poco a poco siendo asumida como suya por diversos grupos y organizaciones sociales, se fue haciendo realmente popular. Quizás si esa apropiación hubiera sucedido unos meses antes, la participación en la consulta hubiese sido más nutrida.

Que estas organizaciones, y otras más, hayan hecho suya la convocatoria a la consulta popular no es un dato menor puesto que colocaron en el centro de la atención no el abstracto “juicio contra los expresidentes”, sino el muy específico reclamo de justicia de los miles de víctimas de desaparición forzada, asesinato, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento, encarcelamientos y tantos otros agravios cometidos en los últimos 30 o 40 años en contra de millones de personas. Al centrar la atención en las víctimas y no en los “expresidentes”, o en “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, la consulta adquiere otro significado puesto que de un ejercicio que pudiera entenderse con tintes de venganza y/o con rasgos de cierta oquedad en materia de justicia (tal y como quedó redactada la pregunta final, a eso mueve), se podría haber transitado con mayor claridad -y hasta con tersura- hacia estructuras de justicia transicional imprescindibles para garantizar la no repetición de los delitos cometidos. Insisto en el punto: desplazar el objetivo de la consulta hacia la justicia para las víctimas es mucho más que un cambio de matiz: significa transformar el sentido mismo de la consulta popular.

Por esta vía, la de colocar a las víctimas en el centro de la consulta, recientemente (en el último mes, más o menos) se empezó a hablar con mayor profusión de constituir comisiones de la verdad a efecto de investigar los posibles delitos y agresiones cometidos contra sectores sociales específicos, como pueblos originarios, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y del territorio, periodistas, entre otros. Se puede alegar, con toda razón, que a toro pasado es sencillo cuestionar la pregunta plasmada en la boleta de la consulta, por supuesto, pero no hay otro camino más que el de la crítica y la reflexión para mejorar la calidad de nuestra democracia y, por supuesto, para que posteriores consultas se realicen con más éxito. En este sentido, es pertinente cuestionarnos por qué no se incluyó, explícitamente, la pregunta que interroga sobre la creación de comisiones de la verdad avocadas a investigar los crímenes cometidos contra miles de personas en nuestro país. ¿No hubiera sido más claro y contundente preguntar directamente sobre si se está o no de acuerdo en la creación de comisiones de la verdad? Dejo mi inquietud en el aire, usted tiene la mejor respuesta.

Queda pendiente el análisis de los números finales arrojados por la consulta. No es un dato irrelevante, así se haya quedado muy lejos del 40 % del padrón electoral. En una entrega anterior sugería yo un criterio -arbitrario, pero no carente de sentido- para evaluar el resultado de la consulta, bajo el argumento de que, si en la consulta se trató de demostrar músculo político, entonces el tamaño de la musculatura no es irrelevante. Si el objetivo nunca fue someter a consulta la justicia (se dijo hasta el hartazgo que ese no era el punto), sino empujarla hacia adelante, entonces el tamaño del empuje, la fuerza del envión, sí es un dato altamente significativo. Ahora bien, si tomamos como referencia las elecciones federales del 6 de junio y los 21 millones de votos obtenidos por MORENA y sus aliados, y toda vez que estas fuerzas políticas fueron algunas de las principales impulsoras de la consulta popular, cuanto más alejada fuera la cifra de participantes en la consulta (en el entendido de que la inmensa mayoría votarían por el sí), mayor sería la sensación de fracaso, o al menos de un éxito, digamos, menor. No se trata de comparar los resultados de las elecciones con los de la consulta, sino de estimar la fuerza política de quienes impulsaron la jornada del 1 de agosto.

Al momento de redactar este texto estaban disponibles los resultados del conteo rápido del INE: entre 6.6 y 7.2 millones de personas participaron, mayoritariamente opinando a favor del sí. Son muchas personas, sí, desde luego, pero al mismo tiempo es una cifra muy corta para los fines de la consulta. Ni éxito contundente, ni derrota consumada. Y aunque el INE en parte es responsable de la baja participación, me parece necesario, urgente incluso, que se haga un serio y profundo proceso de introspección política a efecto de identificar yerros, omisiones e inconsistencias que influyeron en la relativamente escasa participación popular.

Desde una perspectiva simbólica, la consulta ha sido exitosa, sin duda. Sin embargo, es necesario que los triunfos simbólicos se acompañen de la suficiente eficacia política como para que criminales del pasado, del presente y los que vendrán, sean llevados a juicio y castigados conforme a derecho. Sin justicia efectiva y transicional, los importantes pero efímeros triunfos simbólicos pueden convertirse en un peligroso bumerang. Y no olvidemos que la revocación de mandato está a la vuelta de la esquina: el próximo mes de marzo.

Si leemos la cifra preliminar a la luz de las adversidades, es un número de peso, pero si la lectura la hacemos tanto en función del porcentaje necesario para que la consulta tuviera un carácter vinculante, como del músculo político de los principales impulsores de la consulta (MORENA, la 4T y el obradorismo), me parece que la cifra deja un regusto más bien a fracaso.

Por supuesto, la opinión de alrededor de 7 millones de personas es más que suficiente para instaurar las comisiones de la verdad necesarias para que a los miles de víctimas se les abra una ventana de esperanza de acceso a la justicia. ¿Se necesitaba una consulta popular para crear las comisiones de la verdad? Creo que no, pero el mandato está muy claro: 7 millones de personas así lo exigen.

Una última reflexión: después de la consulta popular, ¿se ha logrado acotar a la impunidad? ¿Está más cerca la justicia? ¿Qué piensa usted?

Balance del resultado de la Consulta Popular / La sucesión en la Comisión de DH en el EdoMéx
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